Detienen a defensor p´urhépecha de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán

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Red TDT

Alarmante nuevo proceso de criminalización contra defensores p´urhépecha de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán

Ciudad de México, 28 de julio de 2022

Acción urgente 005

ANTECEDENTES 

El 23 de octubre de 2019, José Antonio Arreola Jiménez, José Gerardo Talavera y José Luis Jiménez Meza, defensores p’urhépecha de la comunidad de Nahuatzen, fueron declarados culpables del delito de “sabotaje”, en el mismo proceso habían sido acusados de robo calificado grave y robo de vehículo de motor terrestre pero estos dos últimos cargos fueron desestimados. 

Luego de que se reclamara este proceso penal y después de 3 años de que los defensores José Antonio Arreola Jiménez, José Gerardo Talavera y José Luis Jiménez Meza, estuvieran privados de su libertad de forma ilegal, en febrero de 2022 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se transgredió el debido proceso y el derecho humano de acceso a la justicia; ante lo cual, concedió un amparo liso y llano y ordenó la liberación inmediata de las personas defensoras.

HECHOS 

El 27 de julio de 2022, la Red Solidaria de DH tuvo conocimiento de la detención del defensor p´urhépecha José Luis Jiménez Álvarez de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán;  hasta el momento tenemos información que apunta a un acto de criminalización (y la repetición de un acto que ya fue declarado inconstitucional) por parte de la fiscalía del estado de Michoacán por hechos falsamente atribuidos al Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, autoridad tradicional de la comunidad en la causa penal 391/2018.

Es indispensable señalar que, los delitos que se imputan a José Luis Jiménez Álvarez,  (robo calificado grave, robo de vehículo de motor terrestre y sabotaje) son acusaciones formuladas en un proceso penal declarado inconstitucional por determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Una de las violaciones a los derechos humanos de las personas sometidas ilegalmente a proceso penal que señaló la Suprema Corte, fue la falta de enfoque intercultural al momento de ser enjuiciados, violación que está siendo cometida nuevamente en la detención ilegal de José Luis Jiménez Álvarez.

EXIGENCIAS 

Al Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla: 

Que en el marco de sus facultades garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de  José Luis Jiménez Álvarez, así como que realice las gestiones necesarias para evitar que continúen las acciones de criminalización en contra de los defensores comunitarios de Nahuatzen. 

A Adrian López Solis, titular de la Fiscalía del Estado de Michoacán: 

Para que garantice el debido proceso así como una investigación pronta y diligente,  respetando en todo momento los derechos humanos del defensor p´urhépecha de la comunidad de Nahuatzen José Luis Jiménez Álvarez, garantizando el debido enfoque intercultural que se debe anteponer en dicho procedimiento, así como respetar el derecho humano a una debida y oportuna defensa.

A David Ochoa Baldovinos, director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán:

Para que garantice que el defensor de oficio asignado al caso, se encargue de velar por los intereses de José Luis Jiménez Álvarez.

Al ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez:

Para que verifique de manera inmediata el estado de José Luis Jiménez Álvarez y evite se repitan actos de criminalización contra defensores comunitarios.  

A los organismos nacionales e internacionales:

Para que se mantengan atentos y se pronuncien en contra de este nuevo proceso de criminalización en contra de quienes defienden la autonomía y libre determinación en la comunidad de Nahuatzen.

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“Hay una lucecita de esperanza”: revisará SCJN caso de presos políticos de Nahuatzen, comunidad que ejerce su autonomía

Erika Lozano/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán, celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer el recurso de reclamación en favor de los presos políticos José Luis Jiménez y José Antonio Arreola.

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte decidió revisar las violaciones a derechos humanos cometidas durante el proceso penal. Desde noviembre del 2018 ambos se encuentran en prisión, criminalizados por formar parte del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, gobierno autónomo de su comunidad, explican las organizaciones sociales Serapaz y la Red Solidaria, quienes acompañan el caso. “Es un primer paso para su libertad”, consideran.

“Estábamos preparados para lo más duro, para lo negativo, pero gracias a dios salieron las cosas positivas”, celebra Roberto Arreola, hermano de José Antonio e integrante del Concejo Ciudadano Indígena de Gobierno de la comunidad. Explica que están contentos, pues en “este país lleno de corrupción hay una lucecita de esperanza”.

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Nota de prensa: El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen se encuentra en la CDMX exigiendo justicia y libertad

Ciudad de México, 24 de octubre de 2019

Foto: Serapaz

El día de hoy integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) y miembros de la comunidad, clausuraron simbólicamente la representación del Estado de Michoacán en la Ciudad de México, después que el día de ayer se dió el fallo  donde se declara culpables del delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Dicho fallo es injusto ya que no se probaron los hechos y los testimonios no fueron contundentes, por lo que es una represalia y forma de intimidación por la defensa de la autonomía de la comunidad indígena de Nahuatzen.

Las exigencias del CCIN son:

  1. Se libere a los presos políticos que están injustamente encarcelados por defender el territorio y autonomía
  2. Que se respete la Autonomía de Nahuatzen, gobierno comunitario y el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, quienes fueron reconocidos como autoridad indígena por el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal en el año 2017 bajo el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017.
  3. Que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reciba al CCIN y se abra una mesa de diálogo.

El CCIN ha sido blanco de agresiones, criminalización, amenazas y hostigamiento por defender su autodeterminación, se pide se garantice la protección de todas y todos. Se pide que durante la acción en la Representación de Michoacán en la Ciudad de México, se respeten a las compañeras y compañeros de Nahuatzen y se garantice que no existan agresiones para ellas y sus familias, respetando su derecho a la libertad de expresión y protesta social.
 


Información adicional:

  • El CCIN  y habitantes de la comunidad de Nahuatzen estarán en la Representación del Estado de Michoacán (Kansas 48, colonia Nápoles, CDMX) hasta el día de mañana 25 de octubre. 
  • El día de mañana, 25 de octubre, el abogado de los compañeros estará en la Ciudad de México y podrá dar entrevistas a medios de comunicación, en caso de querer agendar una, comunícate o escribe al contacto de abajo.

Descarga las fotos aquí: https://bit.ly/2pP5m7Q

Ve la rueda de prensa aquí: https://bit.ly/2JkrdLv

Defensores de la autonomía de Nahuatzen, sentenciados por un delito que no cometieron

Serapaz

Hoy por la mañana el juez del Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán dictó sentencia por el delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. La sentencia es injusta ya que durante el juicio no se probó dicho delito por lo que los compañeros son víctimas de criminalización por la defensa de su Autonomía y territorio.

Para la defensa legal está claro que emitieron la sentencia con pruebas inconsistentes: “es claro y notorio que los hechos se contradicen en las declaraciones de los testigos, quedó muy claro que declararon con falsedad y de manera contradictoria”, dice Alejandro Chávez Rojas, abogado defensor.

La defensa apelará la sentencia una vez que el juez la dicte y se las envíe por escrito, lo cual tiene que ocurrir en los siguientes 5 días. “Apelaremos para los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada por los magistrados”, dice Jesús Casares Ramírez, abogado defensor.

Según el Código Penal del estado de Michoacán, el delito de sabotaje es cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público. El  abogado Jesús Casares explica que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenían y los siguen teniendo el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por lo tanto, al tener los bienes, en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad. Al contrario, el Ayuntamiento de Nahuatzen interfiere en las funciones del Consejo Indígena por el retiro arbitrario de los recursos económicos como meterse de manera arbitraria en las instalaciones.  Está claro que las instalaciones del DIF son parte del patrimonio de la cabecera municipal, que son administradas por el gobierno autónomo de Nahuatzen. La sentencia no se apegó a derecho y haremos valer los recursos que dictan la ley para el resultado sea favorable una vez  que otras autoridades de superior jerárquico revisen las pruebas”.

El delito de sabotaje es el más común usado por los Estados para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) estas sentencia es una amenaza a su Autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.

El CCIN está realizando movilizaciones para exigir la liberación de José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Mañana realizará un acto para medios de comunicación a las 10 am en la Representación del estado de Michoacán en la CDMX, ubicado en Calle Kansas 48, Colonia Nápoles.

 

Ve aquí la entrevista a los abogados defensores ? 

Juez decide este martes si quedan libres defensores de Nahuatzen encarcelados hace casi un año

Alberto Pradilla/Animal Político

Vecinos de los activistas y organizaciones como Serapaz México exigen que los defensores del municipio declarado autónomo sean liberados. Aseguran que fueron encarcelados sin pruebas.

Imagen: Serapaz

Hoy será una jornada clave para José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, dos miembros del consejo indígena y un activista de Nahuatzen, en Michoacán, que permanecen encarcelados desde noviembre de 2018. En el Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, tendrá lugar su audiencia de clausura. En ella, se expondrán los alegatos y el juez podría determinar si los libera o los mantiene en prisión.

Los dos primeros forman parte del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, mientras que José Gerardo Talavera apoyaba a la organización rentando la vivienda en la que mantenían sus reuniones.
La Fiscalía General del Estado (FGE) pide para ellos una pena de 3 años y 8 meses de cárcel.

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#NahuatzenLibre: En defensa de la autonomía y por la libertad de los presos políticos

23 de septiembre, 2019

En el año 2015, en un clima de violencia y ante la presumible complicidad del gobierno municipal con los grupos del crimen organizado, la comunidad de Nahuatzen decidió desconocer a los partidos políticos y por medio de asamblea conformó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), con el objetivo de buscar condiciones de vida dignas en la comunidad. El CCIN fue reconocido legalmente como autoridad indígena por el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal en el año 2017 bajo el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017.

El CCIN es un gobierno comunitario que desde su formación defiende los derechos e intereses de la comunidad y de los pueblos indígenas, encargándose de la promoción de los derechos humanos, sociales, económicos culturales y ambientales.

Producto de esta actividad de defensa, las personas del CCIN en su totalidad han sufrido una serie de agresiones, tales como difamación, hostigamiento, agresiones físicas y hasta criminalización.[1] En noviembre de 2018 el gobierno de Michoacán encarceló a los concejales, José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y a un simpatizante del movimiento comunitario, José Gerardo Talavera por su ejercicio de defensa de su derecho a la Autonomía como pueblo indígena.

Estás acciones llevadas a cabo por el gobierno de Michoacán evidencian un uso indebido del sistema de justicia penal, cuyo objetivo es desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.[2]  Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “(se) entiende que la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante el uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa, así impidiendo el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos. Además (…) La CIDH también ha observado que hay ciertos grupos de defensores y defensoras que se han visto sujetos con mayor frecuencia a este tipo de obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones, como ocurre en los contextos de defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente”[3]

El proceso judicial ha estado plagado de irregularidades, los indígenas presos han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos, incluyendo a los hijos pequeños de Antonio. Desde que fueron encarcelados se han pospuesto varias audiencias, y no han logrado determinar la inocencia o culpabilidad de los compañeros, pues los testimonios de los testigos no son congruentes y se contradicen. Los hechos de los que se les acusan nunca existieron; por lo tanto no se puede probar que José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera cometieran algún delito.

El día martes 24 de septiembre de 2019 se realizará otra audiencia en el CERESO de Uruapán, Michoacán. De respetarse la ley, y los derechos humanos de los inculpados, la consecuencia lógica sería que sean liberados ante la falta de pruebas.

#NahuatzenLibre

[1] Comuneros de Nahuatzen se enfrentan con palos y piedras tras asesinato del alcalde, 23 de abril de 2019, Revista Proceso. https://www.proceso.com.mx/580884/comuneros-de-nahuatzen-se-enfrentan-con-palos-y-piedras-tras-asesinato-del-alcalde

[2] El pasado 17 de junio nos desplazamos al penal para entrevistar a las 3 personas privadas de la libertad, así como sus familias y demás integrantes del consejo.

[3] Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 31 diciembre 2015. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf