Mujeres seri quieren una universidad, no más megaproyectos, narcos, ni marinos en sus tierras

Por Redacción/Animal Político

Acosados por megaproyectos que pretenden instalarse en su territorio, el pueblo seri ha extendido su lucha para atender el reclamo de las mujeres que exigen retomar su cultura de respeto entre ambos sexos y tener acceso a la educación.

Primero tuvieron que organizarse para expulsar de su territorio a una empresa minera instalada sin el permiso de la comunidad ni los requisitos legales necesarios. Ahora deben enfrentarse a lo que consideran una invasión de la Marina Armada de México y a la intención de empresarios nacionales y extranjeros de instalar plantas desaladoras y de energía maremotriz, mientras también luchan por mantener a raya a dos enemigos, hijos de los tiempos que corren: el crimen organizado y el machismo.

La figura más visible de este movimiento seri de resistencia es Gabriela Molina Moreno. Ella dejó su casa en Desemboque, junto a la costa central de Sonora, en el municipio de Pitiquito, para poder estudiar la universidad. Los gobiernos estatales y federales se han preocupado por darle entrada a los mega proyectos (como este y este) pero no se han ocupado de acercar una institución universitaria a los seri. Gaby, como le dicen, tuvo que mudarse a Ciudad de México para estudiar Ciencia Política en la UNAM.

Cuando volvió a su comunidad se encontró con que los jóvenes estaban empezando a organizarse ante la llegada de un proyecto minero a sus tierras. La activista de inmediato se volvió parte fundamental del grupo Defensores del Territorio Comca’ac, formado por cinco hombres y 12 mujeres. Hoy su historia es una de las diez que conforman el multimedia Flores en el desierto, de Gloria Muñoz Ramírez, sobre las mujeres del Concejo Indígena.

Presentado por la fundación alemana Rosa Luxemburg Stiffung y Desinformémonos como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, Flores en el desierto cuenta la historia de 10 mujeres Comca’ac, yoreme, coca, binnizá, nahua, tsotsil, mazahua, maya y kumiai, que luchan junto a sus comunidades para defender sus territorios y recursos naturales.

Gaby explica en Flores en el desierto cómo los pueblos yaquis, makurawe, raramuri e incluso los de más al sur, en Morelos y Estado de México, empezaron a organizarse en su lucha contra las minas. Los jóvenes hablaron con el comisariado ejidal para pedirle que convocara a una reunión con todos los ejidatarios y exigir información a la empresa, porque la gente no entendía qué hacían en sus tierras.

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#SentenciaRacista: Caso Tlanixco

Por Redacción/Centro de Derechos humanos Zeferino Ladrillero

¿SABÍAS QUE…?

Seis indígenas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco llevan en prisión de 12 hasta 15 años, inculpados  injustamente por el asesinato de un empresario extranjero el cual nunca cometieron. Debido a que hemos documentado numerosas inconsistencias, carencia de credibilidad e imparcialidad de los denunciantes, así como señalamientos contradictorios, decidimos emprender una campaña denominada #SentenciaRacista.

Un ejemplo de ello es que, según lo que indican las declaraciones que rindieron los denunciantes durante los primeros cuatro años de investigación, se ubica a “una señora morena y chaparrita” como una de las personas responsables de la muerte del empresario antes mencionado. Es de este modo que se acusa penalmente a Dominga González Martínez. Estos tres calificativos, por generales, ambiguos y simples que parezcan, fueron suficientes para inculpar de un delito grave a una mujer adulta mayor que participaba activamente con su comunidad en la defensa de su derecho al uso del agua de un río que nace en Tlanixco.  En esta acusación, participó la Secretaría de Gobernación del Estado de México proporcionando los datos personales de Dominga González Martínez a los denunciantes, información obtenida de las minutas generadas de una mesa de diálogo que tuvieron tiempo atrás dicha instancia y un grupo de representantes comunitarios indígenas de dicho lugar. Con base a estas evidencias y muchas otras que se describirán más adelante, consideramos que su encarcelamiento es una grave violación a sus derechos humanos y una forma imperdonable de discriminación contra un grupo social vulnerable, como lo son los indígenas que defienden su territorio.

HISTORIA DE SAN PEDRO TLANIXCO

De acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en la entidad se reconoce la existencia de los siguientes pueblos indígenas: Mazahua, Otomí, Nahua, Matlatzinca y Tlahuica [1]. Así como también en el año 2015 el Consejo Estatal Para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas  del Estado de México (CEDIPIEM), reconoció a San Pedro Tlanixco como pueblo indígena [2].

El pueblo indígena de San Pedro Tlanixco se ubica en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Es una Comunidad indígena nahua, regida por usos y costumbres. El significado del nombre del municipio deriva de la palabra náhuatl Teotenango, que significa “En la muralla donde están los dioses”. Dicha comunidad lucha por su derecho humano al agua para su uso personal y doméstico, ante la avaricia de empresas privadas y del Estado mexicano, que han emprendido una desigual disputa por el vital líquido.

Hoy día, hay seis personas sentenciadas por el delito de homicidio calificado y privación de la libertad, siendo sentenciados en primer lugar: Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, el día 13 de junio del año 2006, a cincuenta años de prisión. Y en segundo momento fueron sentenciados: Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, a cincuenta años de prisión, el 27 de noviembre del 2017.

Recalcamos que en ambos momentos al dictar sentencia fueron impuestas penas máximas a pesar de que de la propia acusación es imposible determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados, pero se trata de dar un castigo ejemplar para intimidar al pueblo indígena.  Además, durante todo el proceso, no se respetaron sus derechos tomando en cuenta su calidad como personas indígenas, por lo cual no fueron juzgados en función de su contexto local social en donde los usos y costumbres son de gran importancia.

Al no existir evidencia que permita determinar el grado de participación de la y los hoy sentenciados, es imposible crear un nexo causal que relacione su conducta con el resultado material.

¿QUIÉNES SON LA Y LOS  SENTENCIADOS?

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Comunidades nahua y téenek ganan amparo contra gasoducto en la huasteca potosina

Por Redacción/Desinformémonos

Huasteca potosina I Desinformémonos I Comunidades indígenas de los pueblos nahua y téenek de la Huasteca potosina obtuvieron un amparo de la justicia federal que suspende definitivamente las obras de un gasoducto que atraviesa sus territorios mientras existe el juicio. El gasoducto está a cargo de la empresa Enercitro, respaldada por la trasnacional española Iberdrola reporta la revista Proceso.

El juez quinto de Distrito concedió la suspensión provisional el 6 de junio y finalmente la suspensión definitiva de las obras el 20 de julio, mientras se atiende el fondo del amparo.

Las comunidades de Chalchitépetl, en el municipio de Matlapa, y Chimalaco, en Axtla de Terrazas, pidieron apoyo a la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP) y al Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, para exigir el cese de las operaciones del proyecto, que data de 2013. En abril del 2014, a través de la Junta Estatal de Caminos, a Enercitro le fueron otorgados seis permisos para la utilización condicionada del derecho de vía, para cruzar la tubería de gas natural por debajo de carreteras estatales.

La gente en las comunidades nada sabe sobre el tubo que atraviesa también por sus patios, si correrán peligro de explosiones o de contaminación en los mantos. Algunas observaciones de los habitantes aseguran que han escuchado el ruido intenso de un motor funcionando en algún punto, acaso bajo tierra. “¿Es eso fracking? La gente se pregunta” comentó a Grieta, Francisco Peña de Paz, antropólogo del Colegio de San Luis e integrante del Programa Agua y Sociedad.

Las afectaciones denunciadas por los líderes de la comunidad y que fundamentaron la petición legal de amparo fueron la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada como lo manda la ley, las afectaciones al medio ambiente y las irregularidades administrativas en el otorgamiento de permisos y licencias señalaron los abogados de la Clínica de Litigio Estratégico en DH de la UASLP.

Iberdrola, el gigante energético español, en su momento, respondió a la demanda de amparo 164/2017 promovida por los habitantes de la comunidad de Chalchitépetl y Chimalaco, acompañados por la Clínica de Litigio Estratégico, que demandaron entre otras omisiones, la no aplicación de la Ley de Consulta Indígena del estado; al no haber sido tomados en cuenta sino por medio de la coacción y los acuerdos privados, para la instalación y el funcionamiento de un gasoducto subterráneo.

Entre las laderas de la Huasteca potosina, la empresa Enercitro implicada en las obras, desmontó y abrió desde meses atrás, senderos de más de dos metros de ancho. Los demandantes presumen que el gasoducto ya atraviesa terrenos privados, comunales y ejidales, de uso agrícola y doméstica, ríos y arroyos, en una extensión de aproximadamente 20 kilómetros entre los municipios de Tamazunchale y Huehuetlán, para abastecer de gas de uso industrial a la planta de Citrofuit en Huichihuayán.

El 12 de mayo se interpusieron dos amparos, uno por cada comunidad, en contra de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, y los ayuntamientos de Matlapa y Axtla de Terrazas, en su calidad de autoridades responsables de otorgar autorizaciones y permisos.

En febrero de 2017 la alcaldía de Axtla otorgó la autorización para el paso del gasoducto, que se ha instalado desde el estado de Hidalgo, en el territorio de la comunidad indígena de Chimalaco sin que esta lo haya autorizado, situación que fue reconocida por el mismo presidente municipal al precisar que el paso del gasoducto fue “aprobado” por habitantes de otras zonas del municipio, excepto por Chimalaco, cuyos pobladores argumentaron el desconocimiento total del tema.

Cuando los habitantes de las comunidades vieron la maquinaria en la zona, la autoridad les dijo que “no afectaría sus tierras porque el paso del gasoducto era subterráneo”. Fue entonces que acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico y al Colegio de San Luis a solicitar el apoyo.

Una de las funcionarias involucradas en las autorizaciones es Margarita Viñas, extitular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, quien fue una de las personas que fungió como intermediaria para convencer a los pobladores de aceptar el paso del gasoducto construido por la empresa Enercitro que forma parte de la española Iberdrola.
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