La crisis forense se centra en entidades como Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, según un informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Seis de cada diez cuerpos sin identificar en México se encuentran enterrados en una fosa común. En total, 31 mil 488 de los 52 mil 004 cuerpos que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos tiene identificado que se guardan en diversas instituciones del país.
Un informe sobre la crisis forense que sufre el país fue elaborado por esta plataforma, que engloba a 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas, y revela cómo el incremento de cuerpos en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) no vino acompañado de una toma de conciencias por parte de las autoridades, lo que llevó a un deficiente resguardo de las personas fallecidas que dificulta su identificación.
Según cifras oficiales, los últimos 12 años han dejado en México 38 mil desapariciones forzadas, 26 mil cadáveres sin identificar que se amontonan en las morgues y más de dos mil fosas clandestinas. Familiares de las víctimas se han organizado en colectivos de búsqueda e identificación y éstos se agruparon en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, el mismo que le exige al nuevo gobierno incluir en su agenda esta crisis humanitaria y ofrecer soluciones; algo que no ha ocurrido.
Foto: Cencos
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La “guerra contra las drogas”, que desde 2006 llenó de violencia al país, ha dejado entre sus saldos la desaparición de casi 38 mil personas que podrían estar atrapadas en redes de trata, haber sido forzadas a trabajar para el crimen organizado o ser alguno de los miles de cadáveres que se amontonan en anfiteatros o yacen en fosas comunes o clandestinas.
La baja cantidad de personas identificadas entre el enorme número de cadáveres acumulados en los servicios médicos forenses –al menos 26 mil cuerpos, según cifras oficiales– y los restos exhumados en las más de dos mil fosas clandestinas localizadas en el país, son un tema que unificó a colectivos de familias de desaparecidos que hicieron un llamado urgente a Andrés Manuel López Obrador para que declare una “emergencia nacional” por esta crisis humanitaria.
También pidieron que, como parte de esa declaratoria, tome medidas extraordinarias, como pedir ayuda internacional a fin de ordenar, analizar e identificar los cuerpos y restos no identificados; y que cree mecanismos de búsqueda de personas y de impartición de justicia.
Aunque desde finales de septiembre Alejandro Encinas, el ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, instaló mesas de trabajo para tratar el problema de las víctimas de la violencia –en las que participan integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que abarca a 50 colectivos de familias buscadoras y 35 organizaciones de derechos humanos–, el presidente ha guardado silencio en torno a los más de 37 mil desaparecidos.
Los expertos señalaron que tienen reportes sobre casos en México donde las investigaciones por desapariciones no inician de inmediato, o que se limitan a ser un trámite burocrático, sin que haya búsquedas efectivas en el terreno.
Imagen tomada de @FloresLiera
Especialistas que integran el Comité de la ONU especializado en casos de Desaparición Forzada exhibieron este viernes en Ginebra, Suiza, fallas y contradicciones del gobierno y el Estado Mexicano en la tarea de buscar, por lo menos, a 37 mil personas no localizadas o desaparecidas.
Uno a uno, en el Palacio Wilson en Ginebra, Suiza, como parte de una reunión de seguimiento, ya que México ratificó la Convención Internacional para la protección de personas contra las desapariciones forzadas, los expertos plantearon interrogantes a la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas.
Entre otros puntos, preguntaron a México por qué si sus funcionarios dicen que están abiertos al escrutinio internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha aceptado la entrada del Comité al país y su competencia para conocer en forma individual casos de desaparición forzada, que no hayan encontrado justicia con las autoridades nacionales.
Ruiz Cabañas, en ese sentido, insistió en que antes de aceptar la competencia del Comité, el Estado mexicano optó por darle “prioridad” al sistema jurídico institucional, con la entrada en vigor este año, en enero, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En ese sentido Grace Fernández, del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos, dijo en entrevista que es “frustrante” que la delegación de funcionarios mexicanos haya usado ese argumento, porque en realidad México no ha fortalecido sus instituciones para atender este mal, al menos no lo suficiente dada la dimensión del problema de violencia y desapariciones.
“¿Dónde está el fortalecimiento?”, criticó Fernández en una pausa del diálogo entre expertos de la ONU y la delegación mexicana.
“No venimos aquí a negar las dimensiones del fenómeno, ni el dolor que le causa a las víctimas”, expresó en un momento el embajador Ruiz Cabañas, aunque también destacó como avance la promulgación de la Ley General, y sus repercusiones.
“Si bien es muy pronto para hacer un balance definitivo, contamos ya con las herramientas que ahora deben ser adecuadamente implementadas”, dijo Cabañas.
El grupo de expertos del Comité de la ONU estuvo presidido por la experta Suela Janina, de Albania.
Otro de los puntos que cuestionaron los expertos es cuándo tendrá México en cada uno de sus estados una comisión local de búsqueda de desaparecidos, y fiscalías especializadas en todas la entidades, como lo marca la Ley General, si tiene plazos para lograrlo.
“La militarización del país significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza”, consideraron los familiares de las personas desaparecidas.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Los familiares de personas desaparecidas manifestaron este día que la Ley de Seguridad Interior sólo traerá más violencia a las calles de México.
En un comunicado, señalaron que esta ley, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, facilitará la violación de los derechos humanos de la población, debido a su opacidad.
Para los familiares de los desaparecidos, añade el comunicado, la Ley de Seguridad Interior es un grave retroceso en materia de derechos humanos porque desatará la “violencia en el país, así como graves violaciones a los derechos humanos como; tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de la población civil”.
La militarización de México “significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza.”
Recordaron que pasado 16 de noviembre el Ejecutivo se firmó la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, lo que fue para ellos “un gran avance luego de dos años de impulso y negociación”, porque en ella “las familias [expresaron sus] exigencias para que se implemente correcta y eficazmente”.
Sin embargo, “a diferencia de la Ley de Desaparición, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada de manera rápida y expedita, con presupuesto necesario y suficiente, en donde el Ejecutivo y el Legislativo únicamente asignaron el 10 por ciento del presupuesto que se requería para operar y donde fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional la cantidad de 81 mil millones de pesos.”
Finalmente, hicieron un llamado a los senadores para que no aprueben la ley: “es contraria a las recomendaciones de la ONU y CIDH de retirar a las Fuerzas armadas en tareas de seguridad”, consideraron. Ver nota completa
