Pobladores de Amatán exigen desarticular a grupos paramilitares y que la FGR atraiga el caso

Proceso / Cencos

 

 

Aproximadamente dos mil personas participaron este viernes en una marcha-peregrinación en Amatán, para exigir el desmantelamiento del grupo civil armado que opera en ese municipio.

Además, demandaron justicia por la muerte de Carlos Guerrero Mayorga, Noé Jiménez Pablo y Jorge Santiago Álvarez, quienes encabezaron manifestaciones contra el cacicazgo político de los hermanos Carpio Mayorga. El primero fue ejecutado el 23 de noviembre de 2018 y los últimos dos el pasado 18 de enero.

oé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

Noé Jiménez era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mientras que Guerrero Mayorga y Santiago Álvarez formaban parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

Ver nota completa

Comunicado: Insiten por justicia en Amatán, Chiapas

Ciudad de México a 29 de enero de 2019

A la opinión pública
A los medios de comunicación
A las organizaciones y personalidades progresistas de México
A los organismos defensores de Derechos Humanos
A los pueblos del mundo que luchan por su libertad

El Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA), Chiapas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) señalan que el ataque policiaco – paramilitar perpetrado contra sus integrantes el 17 de enero del presente año es un desafío directo al ciudadano presidente de la república, Lic. Andrés Manuel López Obrador por parte de los autores materiales e intelectuales de dicha agresión y por lo tanto de la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo (integrante de la coordinación estatal de MOCRI – CNPA MN y de la Comisión Política Nacional de CNPA MN) y de José Santiago Gómez Álvarez (integrante del MPJBCA).

Es lamentable y condenable que a 12 días del ataque policiaco – paramilitar, el gobierno federal aún no intervenga de manera resuelta para resolver de fondo el conflicto social existente, a pesar de los llamados de diversos organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales que lo han conminado a hacerlo y a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y llevar a los culpables materiales e intelectuales ante la justicia.

¿No tienen la más mínima sensibilidad social ni voluntad política para resolverlo o qué intereses protegen? Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de MORENA aceptó públicamente (en la entrevista con Carmen Aristegui el 21 de enero del presente) que platicó con el senador Eduardo Ramírez Aguilar (actualmente senador) este tema y fue quién se negó a que se formara un Consejo Ciudadano en Amatán ¿Es decir, el grupo caciquil del cual forma parte Eduardo Ramírez Aguilar sigue tomando decisiones en lugar del gobernador de Chiapas y del gobierno federal en los temas de conflictividad social, como este, en Chiapas?

¿Va a ejercer su autoridad moral y presidencial el ciudadano presidente López Obrador escuchando el llamado del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA) o pondrá por encima de éste llamado y de los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos su turbia alianza con los caciques de Chiapas representados por Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar?

El gobierno federal con su continua omisión sigue encubriendo de esa manera a los Carpio Mayorga y su grupo paramilitar, así como a los posibles autores intelectuales de la agresión armada, que son Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar.

El gobierno federal será responsable de cualquier agresión física o psicológica contra miembros del (MPJBCA), puesto que los paramilitares siguen con su hostigamiento y amenazas de muerte; el 26 y 27 de este mes Félix Juárez Pérez ha disparado con arma larga hacia la oficina de MOCRI – CNPA MN ubicada en la comunidad de Cerro Blanco donde tiene un espacio el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE), laborando ahí algunos de sus integrantes. El 27 del presente el padre José Domínguez Domínguez recibió amenazas de muerte vía redes sociales.

El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante los hechos, debe darle una salida pacífica al problema, debe resarcir los daños causados y contribuir a reestablecer el tejido social de las comunidades y colonias del municipio de Amatán, Chiapas.

Por lo anterior, EXIGIMOS una vez más:

1. Diálogo con el c. Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, presidente de la república y gobernador de Chiapas, respectivamente.
2. Desmantelamiento de los grupos paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos, Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar.
3. Destitución inmediata de Manuel de Jesús Carpio como presidente municipal de Amatán, Chiapas.
4. Declaración de desaparición de poderes en Amatán por parte del congreso local. y dar reconocimiento al Consejo de Gobierno Indígena y Popular de Amatán, Chiapas.
5. Castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.

Atentamente

Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común (MPJBC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN)

¡Zapata vive, la lucha sigue!
¡Noe y José viven, la lucha sigue!
¡Desarticulación de grupos paramilitares en Amatán, Chiapas!

Madre de familia inicia lucha legal para que la ONU pueda investigar desapariciones en México

Redacción/Animal Político

María Herrera Magdaleno, madre de tres jóvenes desaparecidos, busca derribar una barrera para que las víctimas mexicanas puedan acceder a un mecanismo internacional que les ayude en sus casos.

Foto: Cuartoscuro

México suscribió en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (de la ONU), sin embargo, las autoridades nacionales se han negado desde entonces a aceptar que el Comité que vigila la aplicación de este ordenamiento pueda analizar casos concretos de desaparición ocurridos en el país.

Se trata, pues, de una barrera que impide a las víctimas mexicanas acceder al marco internacional de protección, barrera que una mujer de 68 años, madre de tres jóvenes desaparecidos, se propone derribar. Su nombre es María Herrera Magdaleno, fundadora del Movimiento por la Paz, de la Red de Enlaces Nacionales, y del Colectivo Familiares en Búsqueda.

Tal como establece el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de expertos encargado de velar por su aplicación tiene entre sus facultades la de examinar “de manera urgente” aquellas denuncias de desaparición que les hagan llegar familiares o personas con legítimo interés, con el objetivo de que este órgano internacional emita “recomendaciones al Estado Parte”, así como “medidas cautelares para localizar y proteger” a la víctima.

Además, una vez que el Comité tome cartas en el asunto, la Convención ordena que “proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte, mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido localizada”.

Sin embargo, en México esto no ocurre debido a que, para que el Comité de expertos de la ONU intervenga en casos concretos, antes cada país debe expresamente aceptar la competencia de dicho comité, algo que el gobierno mexicano se ha negado a realizar, aún cuando la ONU así se lo ha pedido.

En contra de esta omisión de las autoridades mexicanas (que se ha prolongado por más de 10 años), el pasado 3 de marzo de 2018, la señora María Herrera –originaria de Michoacán y mamá de tres jóvenes desaparecidos–, decidió emprender una batalla legal para obligar al Estado mexicano a admitir la intervención del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en casos específicos.

Ver nota completa

La Gavia, posible clave del caso Ayotzinapa

Foto: La Jornada/Sergio Ocampo

Por Redacción/La Jornada

San Miguel Totolapan, Gro.En La Gavia, un pueblo que durante nueve años fue presuntamente el centro de operaciones de Los Tequileros, podría despejarse la incógnita del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.

Integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan afirman haber detenido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 a varios integrantes de la banda de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero; entre ellos había un pequeño grupo de pistoleros a los que apodan Los Matanormalistas.

Los informantes aseguran que Raybel Jacobo y el resto de su banda no han sido detenidos por las fuerzas policíacas, porque se descubriría el destino de los normalistas.

Aseguran que en los interrogatorios los tequileros contaron cómo llevaron por brechas, desde el municipio de Cocula, colindante con el de Iguala, entre varios poblados hasta llegar a La Gavia, a unos 20 jóvenes presumiblemente normalistas, entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014.

De 500 habitantes –de los cuales sólo quedan dos, pues todos huyeron por la violencia que ejercen Los Tequileros–, La Gavia es una de las 115 comunidades del municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente, que colinda al norte con Arcelia, al sur con Atoyac, al oriente con Heliodoro Castillo y Apaxtla (con proximidad a Cocula) y al oeste con Ajuchitlán del Progreso, que se caracterizan por la siembra de goma de opio y por cuyas veredas circulan los grupos delincuenciales que se dedican al trasiego de los cultivos ilícitos.

Ver nota completa