Alberto Pradilla/Animal Político
Los desplazados dicen que no dejarán el plantón que tienen en Palacio Nacional hasta que el gobierno de López Obrador atienda sus demandas.
Han pasado tres años desde que la vida le cambió por completo a Aracely Cruz López, de 26 años, originaria del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Aquel día, hombres armados asesinaron a su padre, Guadalupe Cruz Hernández, de 58 años.
La víctima recibió tres balazos en el costado, en su propia casa, durante una incursión de lo que su hija califica como “grupos paramilitares”. También resultaron heridos su esposa y otro de sus hijos. El crimen continúa impune. Desde hace tres años, Aracely no ha pisado su comunidad.
“Somos desplazados. Nos desplazaron por cuestiones de partidos políticos, por no haber votado por el Partido Verde Ecologista, por no haber votado por la presidenta Rosa Pérez Pérez”, afirma.
Aracely Cruz forma parte de un grupo de 238 vecinos del ejido que abandonaron sus posesiones tras el ataque. En total, son 53 familias, con 123 niños y niñas que actualmente se encuentran refugiados en un campamento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
“Queremos justicia, que los responsables vayan a la cárcel y poder regresar de forma segura a nuestra comunidad”, dice la joven.
Desde hace una semana, junto a otros compañeros, se ha sumado al plantón que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN) – movimiento creado hace 28 años – mantiene en Palacio Nacional, sede de las oficinas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
