Erika Lozano/Desinformémonos
Ciudad de México | Desinformémonos. La crisis de derechos humanos y en particular la violencia de género, se profundizó con la emergencia sanitaria por Covid-19 en el estado de Guerrero. Los ayuntamientos cerraron sus puertas, los Ministerios Públicos también, y nadie atendió a las víctimas, denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La violencia se incrementó y las mujeres no tenían con quién acudir a pedir auxilio. La pandemia provocó el confinamiento de las instituciones y dejó que los grupos criminales actuaran de manera impune, “fue un escenario adverso para las víctimas y una señal de mayor impunidad para los perpetradores”, explicó Barrera en entrevista telefónica con Desinformémonos, y añadió que la violencia no sólo se vivió al interior de los hogares, pues los grupos delincuenciales entraron en mayor disputa de los territorios y de rutas.
Algunas comunidades se defendieron ante la violencia, como el caso de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, donde hace algunas semanas diversos medios de comunicación publicaron imágenes de niños armados. Barrera señaló que esto se da en respuesta a la ausencia de las instituciones y la presencia del crimen organizado en contubernio con cuerpos de seguridad, además de la inacción de la Guardia Nacional (GN).
