Ciudad Juárez, Chih. Un activista mormón, defensor del medio ambiente y miembro de la organización El Barzón, fue levantado ayer en el municipio de Cuauhtémoc.
La Consejera Jurídica del poder judicial del estado, Lucha Castro, denunció en sus redes sociales anoche que “hoy fue privado de su libertad mi amigo Juan Knelssen”.
“Él es un menonita del campo 106 del municipio de Cuauhtémoc y es un barzonista que en la década de los 90’s fue el primer preso en Chihuahua por defender su patrimonio en contra del despojo de los bancos”.
Defendió el derecho al medio ambiente y, agrega, “que recuerdo cuando nos acompañó junto con la organización ambientalista Greenpeace a denunciar la siembra ilegal de maíz transgénico”.
De 1988 a 2017, la siembra y distribución de productos transgénicos en México ha ido en aumento, refieren datos del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM). Entre 2005 y 2017, sólo cuatro entidades federativas [Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco] no tuvieron permiso para cultivar estos productos –ni siquiera como parte de una prueba experimental o piloto–.
El problema de los transgénicos radica en que no se sabe con certidumbre las consecuencias que acarrean en términos de salud y ambientales, sino que también ponen en riesgo algunas de las materias primas autóctonas de México. Según el CECCAM, la mayor parte de las empresas que promueven este creciente negocio son extranjeras, sobre todo Bayer y Monsanto, esta última señalada de ser la principal beneficiaria a partir del sexenio del panista Vicente Fox.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- En los últimos 30 años, México pasó de la prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe Treinta años de transgénicos en México,realizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
La expansión del cultivo de transgénicos ha sido tan evidente que, entre 2005 y 2017, sólo la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco permanecieron como territorios “libres” del cultivo experimental y comercial de este tipo de productos. Sin embargo, existen casos documentados del uso ilegal de transgénicos en estos lugares y en toda la República mexicana.
A finales del año pasado, por ejemplo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) reveló que a pesar de que en México está prohibida la siembra y distribución de maíz transgénico, el 91.3 por ciento de los productos industriales de maíz contienen algún producto genéticamente modificado –inclusive en aquellos etiquetados como “artesanales” o “libres de transgénicos”–.
El uso de organismos genéticamente modificados (OGM’s) o transgénicos, en México y el mundo, se presenta en la actualidad como “una alternativa para enfrentar la crisis climática” que afecta las cosechas y la producción de alimentos, refiere el documento del CECCAM.
Los cultivos transgénicos “son organismos creados en el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias, plantas o animales a cultivos como el maíz y la soya”, refiere Greenpeace en su Guía roja y verde de alimentos transgénicos.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno mexicano viola los derechos humanos de las comunidades indígenas, mientras protege los intereses económicos de empresas trasnacionales como Monsanto, acusó Leydi Pech, integrante del Colectivo Apícola Chenero.
La acusación de la lider indígena tiene origen en la decisión de Adrián Novelo Pérez, Juez Segundo de Distrito de Campeche, de emitir un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta ciudadana sobre la siembra de soya transgénica se lleve a cabo únicamente en seis comunidades y no en las 34 del municipio de Hopelchén, como se acordó previamente.
Los daños que la siembra de soya transgénica dejan a su paso son a nivel medio ambiente y salud. La contaminación del agua por glifosato es una realidad en la península, al igual que la deforestación y la muerte masiva de abejas provocada por la fumigación con plaguicidas altamente tóxicos.
La situación ha provocado afectaciones en la producción de miel mexicana, pues más del 40 por ciento del dulce fluido sale de Campeche. Recientemente algunos habitantes de ese estado sembraron semilla de calabaza y la mayoría perdió sus cultivos a consecuencia de dichas fumigaciones que sorprenden a la población día y noche desde avionetas.
Pech lamentó que el Juez haya dado la razón a Monsanto, empresa que presentó un escrito en el que argumentó pérdidas económicas. No obstante, la lideresa maya aseguró que la empresa trasnacional ha vendido sus semillas sin restricción y actualmente se cosecha el doble de soya transgénica que el año pasado alcanzó las 40 mil hectáreas sólo en Campeche.
“Este año se sembró soya y yo puedo asegurar que se duplicó la cantidad de hectáreas que en este momento se están cosechando y se están comercializando en una total impunidad, violando nuestros derechos”, señaló la mujer que encabeza a opositores a la semilla de la empresa de biotecnología.
Nayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de las comunidades en resistencia, lamentó que “[las autoridades] van a beneficiar a Monsanto y a unos cuantos, cuando las comunidades están compuestas por miles de personas”.
Ambas señalan que -de acuerdo con el mapa de Global Forest Watch- Hopelchén en es el más deforestado a nivel nacional, hecho que fue motivado por el impulso al uso de semilla que ha arrasado con grandes extensiones de áreas verdes.
Tanto la abogada como la líder indígena comunicaron que, las comunidades, al percatarse de la siembra ilegal, realizaron denuncias para informar a las autoridades sobre los predios donde se llevaba a cabo, sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encargado del monitoreo y la verificación, no hizo nada al respecto.
Por Redacción/Aristegui Noticias
Presentan ante CNDH evidencia de la estrategia de división y hostigamiento. Consideran que se intenta proteger los intereses de empresas como Monsanto.
Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche, acusaron un “clima de hostigamiento” y “estrategia de división” en el proceso de consulta sobre la siembra de soya transgénica.
El martes acudieron a la CNDH a denunciarlo y señalaron directamente a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), quienes tienen el “fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso”, el cual fue ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz, en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Y se retiraron al grito de “No nos callarán”.
Los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.
“Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto”, apuntaron los representantes en un comunicado.
Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que “las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta”.
“Se ha desatado una escalada de violencia y hostigamiento contra las comunidades indígenas” tras la consulta popular sobre el cultivo de soya transgénica en los municipios de Holpechén y Tenabo, en Campeche, denunciaron los apicultores mayas de la entidad, quienes acusaron a “grupos patrocinados por Monsanto” de llevar a cabo las agresiones.
Representantes de las 34 comunidades afectadas que se oponen a la siembra de soya genéticamente modificada aseguraron que las amenazas y el hostigamiento incrementaron desde que se presentó el informe final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 8 de junio.
“Las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, las amenazas y la falta de libertad, seguridad y buena fe, así como por los intentos de grupos bien identificados de dividir a las comunidades a causa de la consulta que ordenó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, expresaron.
De acuerdo con los representantes, Monsanto no respeta las recomendaciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos. “No nos escuchan. Hemos intentado dialogar, pero las autoridades involucradas nunca han volteado a vernos como debe ser. ¿Por qué nos ignoran? Porque somos indígenas. Nos sentimos muy orgullosos de lo que representa cada una de las comunidades”, agregaron.
Recordaron que sin apicultura, no habrá bosques, y que sin ellos no habrá oxígeno. Por ello, enfatizaron que la consulta se refiere al permiso de liberación al medio ambiente de soya transgénica creada por Monsanto en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
“No estamos manipulados por nadie ni somos un grupito, como se quiere hacer creer. Somos gente originaria que está preocupada por las actividades que están siendo afectadas por el uso de productos transgénicos”, reafirmaron los representantes.
