Proyectos mineros en el país crecieron 77%. La sobrexplotación implicó graves problemas sociales y ambientales, señala estudio realizado por Fundar.
Imagen: Fundar/ Twitter
Emir Olivares Alonso/ La Jornada
Entre 2000 y 2018, las empresas mineras extrajeron cinco veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los tres siglos de la Colonia, etapa considerada históricamente como sinónimo de saqueo.
En lo que va de este siglo, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, la actividad extractiva se fortaleció, trayendo consigo graves problemas sociales, económicos y ambientales.
Así lo señala el Anuario 2018, Actividades extractivas en México. Retos para la Cuarta Transformación, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que se presentó ayer en Casa Lamm. El documento asienta que de 2013 a 2018 los proyectos mineros en México aumentaron 77 por ciento.
Indica que mientras en 2010 había 667 proyectos mineros en el país, para 2018 sumaban mil 531. De ese total, mil 113 estaban dedicados a la exploración y 68 por ciento estaban destinados a buscar minerales preciosos, en particular oro.
Ciudad de México | Desinformémonos. Ejidatarios, colectivos e integrantes de la comunidad wixárika en el Altiplano Wirikuta, en San Luis Potosí, denunciaron que fueron excluidos de una asamblea convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, en la que junto con funcionarios del gobierno estatal y municipal se discutirían las amenazas al territorio y a la población de la región como la explotación indiscriminada de peyote, la pobreza y la falta de agua.
«De manera ventajosa y agresiva se atreven a cerrarnos las puertas de inmuebles públicos, excluyéndonos de la toma de decisiones sobre las actividades productivas y megaproyectos que ellos pretenden legitimar como la minería, la agricultura industrial y la construcción de la represa La Maroma», acusaron los wixárikas, quienes agregaron que en la asamblea únicamente participó «una delegación de huicholes pertenecientes sólo a la comunidad de San Andrés Cohamiata del norte de Jalisco, la que tampoco representaba a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales».
«Vemos con preocupación e interés al mismo tiempo que un reducido grupo de personas tome decisiones de manera cerrada y bajo un hermetismo tal que expresa la violencia y el desagravio tanto de los servidores públicos de las dependencias gubernamentales como de quienes se autodenominan representantes del pueblo cuando tampoco todos ellos son ejidatarios», agregaron.
OAXACA, Oax. (apro).– La comunidad zapoteca del municipio de San Francisco Ixhuatán, en Oaxaca, se declaró “territorio libre de la minería”, pues consideran que esas empresas sólo atentan contra la vida, rompen el tejido comunitario y saquean con la complicidad de las autoridades gubernamentales.
En sesión pública, el cabildo encabezado por el presidente municipal, Florencio de la Cruz Valdivieso, se pronunció en contra de cualquier empresa que quiera asentarse y realizar exploraciones para la minería, porque atentan contra la vida y el territorio comunitario.
Ante campesinos, pescadores, productores de mango y defensores de la tierra y el territorio, se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán como “territorio libre de la minería”.
Según datos obtenidos en el portal de la Secretaria de Economía, el 19 de diciembre de 2017, se otorgó la concesión para exploración minera a Recuperadora AG, SA de CV, con el título: 246002, Nombre del lote: Ampliación Cerro Grande II F1, con una vigencia de 50 años.
Esa empresa se asentaría en una superficie de 29.5431 hectáreas, superficie que abarca desde la zona poniente del municipio de Chahuites, otra parte de la localidad de Tapanatepec, casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de Pineda, parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de San Francisco Ixhuatán.
Con 2 mil 296 títulos de concesiones mineras, en el territorio de Zacatecas hay 206 proyectos de exploración, de los cuales 145 son de capital mexicano (34 de Peñoles, 12 de Frisco y 11 de Grupo México), 42 son de empresas canadienses (8 de Pan American Silver, 4 de Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp, 2 de Goldcorp y 2 de First Majestic), 10 estadounidenses (todas de la Golden Minerals Company) y 6 británicas (2 de Río Tinto y 2 de Arian Silver Corporation), denunciaron el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Resaltaron que, gracias a la presencia de empresas mineras, la entidad tiene los primeros lugares en la cantidad de sustancias químicas, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, que son utilizados durante los procesos de extracción de metales, en los cuales también se hace uso de grandes cantidades de disolventes, gasolina y diésel, “y ni qué decir de la inmensa cantidad de agua que las empresas utilizan en varios de sus procesos de extracción”.
Las organizaciones agregaron que, en las zonas circundantes donde se desarrollan los proyectos mineros, las comunidades viven en la pobreza, como Mazapil, la cual “aproximadamente 900,000 mil onzas anuales de oro” y es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema (12.9 por ciento), con 63 por ciento de su población en condiciones mínimas de bienestar.
A continuación el comunicado completo:
Es conocido que el estado de Zacatecas es de suma importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, convirtiéndose en el segundo estado con mayor aporte (SE, 2016). No es casualidad entonces que, igual de impactante resulten los datos más recientes sobre la situación del territorio zacatecano con relación a la minería.
En síntesis nos indican que una cuarta parte del territorio zacatecano (equivalente a 1,803,200 Ha.), ha sido entregado a través de 2,296 títulos de concesiones mineras (GEOCOMUNES, 2018). Hablamos de 206 proyectos de exploración de los cuales, 145 son de capital mexicano (34 de Peñoles, 12 de Frisco y 11 de Grupo México), 42 son de empresas canadienses (8 de Pan American Silver, 4 de Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp, 2 de Goldcorp y 2 de First Majestic), 10 estadounidenses (todas de la Golden Minerals Company) y, 6 británicas (2 de Río Tinto y 2 de Arian Silver Corporation), (GEOCOMUNES, 2018).
“En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país”.
Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.
Jalisco es el estado con mayor injerencia de la industria minera en regiones boscosas (41 concesiones), seguido de Chihuahua (53), Durango (32), Sonora (56) y Sinaloa (78). En conjunto dichos estados ceden 8.4 millones de hectáreas de su territorio para empresas mineras tanto nacionales como trasnacionales.
Debido a su crecimiento exponencial, la industria minera en México genera conflictos socioambientales que van desde la contaminación de aguas y devastación de los territorios, hasta asesinatos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.
No obstante los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, los derechos de las comunidades son violentadas y se les niega el derecho a su libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten la legitimación y desarrollo de los proyectos mineros. Desde el año 2000 existe registro del crecimiento exponencial en el número de concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano quien además aprobó la Ley Minera que enfatiza el carácter preferente de la actividad minera por sobre otros usos de los bienes naturales.
Hay alrededor de 120 conflictos ambientales vigentes vinculados con la minería en el país debido a los costos sociales y ecológicos que esta explotación ocasiona. El Estado prácticamente ha renunciado a la regulación, así como a la protección del ambiente y de las comunidades indígenas y rurales en las zonas donde se realiza la actividad extractiva. Sin dejar desarrollo local, por cada mil pesos obtenidos por las corporaciones mineras, las localidades afectadas recibieron sólo 15 centavos por conducto de gobiernos estatales y municipales.
Datos hasta 2014 refieren que se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros, prorrogables por medio siglo, con capital extranjero y operados por 268 empresas de distintos países, pero sobre todo de Canadá, refiere el apartado Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional, coordinado por Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.
Esos proyectos están previstos en 112.82 millones de hectáreas, que equivalen a 57.4 por ciento del territorio nacional. Agrega que en 2014 la Secretaría de Economía informó que había 3 mil 832 empresas trasnacionales dedicadas a esta actividad, pero la minería no aporta nada al desarrollo local y de acuerdo con datos de Fundar, en 76 por ciento de los municipios con producción de oro y en 87 por ciento de aquellos en los que hay producción de plata el nivel de pobreza de la población es mayor al promedio nacional.
Ciudad de México | Desinformémonos. Más de 60 comunidades indígenas de Oaxaca rechazaron la imposición de cualquier proyecto minero en sus territorios por ser una amenaza a la naturaleza y su forma de vida, además de que ofrecen “pocos empleos” que cuentan con “pésimas condiciones laborales” y provocan el despojo y la destrucción de los bienes comunales, durante el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, organizado en Magdalena Teitipac, Oaxaca.
Explicaron que la imposición de proyectos extractivos trae como consecuencia “el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales”.
Recordaron que quienes se oponen a las empresas y proyectos gubernamentales son víctimas de hostigamiento, persecución e incluso asesinato, así como de “estrategias de violencia que las empresas y el gobierno –que- han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades”, así como para controlar los yacimientos mineros “a través del crimen organizado”.
Un análisis de Impacto en Derechos Humanos reveló que la minera canadiense Almaden Minerals pone en riesgo al medio ambiente y los derechos de más de 4 mil pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, mientras las autoridades mexicanas favorecen el interés económico.
De acuerdo con Diana Pérez, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en la actualidad los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud no están garantizados en la zona y la minería a cielo abierto, prevé, causaría daños irreversibles y dispararía la competencia por el agua y la tierra.
Patricia Legarreta del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), informó que la empresa se encuentra en etapa de exploración en un terreno de aproximadamente 13 mil hectáreas, prioritarias para la conservación y donde en algunas se llevaban a cabo actividades de agricultura.
