Mapa de proyectos mineros en Oaxaca | Imagen: tomada de La Jornada
Juchitán, Oax. Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.
En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.
“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.
Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.
Ciudad de México. Pobladores de la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, se manifestaron esta mañana frente a las puertas de Palacio Nacional para exigir la cancelación de las concesiones otorgadas de manera ilegal a las empresas minera Gorrión y minera Gavilán, filiales de la trasnacional canadiense Almaden Minerals.
Además, denunciaron el apoyo que el recién subsecretario de minería, Luis Francisco Quiroga, ha dado a las empresas mineras, soslayando que existe un juicio de amparo interpuesto por la comunidad nahua de Tecoltemi, en contra de dichas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.
Durante la manifestación varios pobladores expresaron que las concesiones se dieron sin la previa consulta a las comunidades originarias y violando derechos de los pueblos indígenas y de ejidos del municipio, además de que no cuentan con las licencias necesarias para pasar a la fase de explotación.
También se informó que en víspera se entregó una carta a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, en el que manifestaron su rechazo y condena a la presencia y declaraciones del subsecretario en un evento de la empresa, en donde incluso el subsecretario Quiroga llamó despectivamente “voces disidentes” a la población mayoritaria que se opone a la explotación minera de cielo abierto.
Aspecto de la zona de la sierra nororiental de Puebla que defensores lograron proteger de mineras. Foto: Especial
Ciudad de México, 1 de octubre (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.
Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: “Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia” del municipio de Escuintla, Chiapas.
La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.
Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia de 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.
El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometieron a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada.
Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verificar el impacto ambiental que ocasionan cada una de estas empresas en su territorio.
El pasado 4 de junio se produjo un derrame de jales mineros al interior de la mina La Cieneguita, en Chihuahua, el cual arrastró maquinaria, vehículos y a varios trabajadores que realizaban maniobras de contención. Han pasado más de 16 días y sólo se han recuperado los cuerpos de cuatro de los nueve trabajadores desaparecidos del complejo operado por Minera Río Tinto S.A. de C.V. y la canadiense Pan American Goldfields. La Red Mexicana de Afectados por la Minería exigió el cierre irreversible de la mina, que cuenta con autorización para la explotación de oro, plata, plomo y zinc desde abril de 2017. Minera Río Tinto es una sociedad que aumentó su capital en 2016 al fusionarse con la empresa de Sevicios MR Tinto, y su representación recae en Jacobo Elías Ayub Touché, originario del estado de Chihuahua. “Los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Bailleres y los Ayub Touché, así como las empresas extranjeras, especialmente las canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales”, dijo la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Por Sibely Cañedo
Ciudad de México, 20 de junio (Noroeste/SinEmbargo).– Tras el derrumbe en la mina La Cieneguita del municipio de Urique, Chihuahua, cinco trabajadores cumplen 16 días desaparecidos, luego de que un total de nueve quedaran atrapados bajo los escombros de la presa de jales mineros.
El complejo es operado por Minera Río Tinto S.A. de C.V. y la canadiense Pan American Goldfields.
El vocero de la empresa Minera Río Tinto (MRT), Nicolás Juárez, confirmó que oficialmente se han encontrado dos cuerpos, en tanto dos lesionados han sido dados de alta del hospital. En estos días se han descubierto restos humanos que, se presume, son de los trabajadores perdidos, pero no han sido identificados. Mientras, continúan las labores de búsqueda a cargo de Protección Civil del estado de Chihuahua.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Las concesiones mineras –con apoyo del Gobierno– amenazan el manejo forestal sostenible de los bosques y selvas en México y la situación genera problemas ambientales y sociales en las comunidades, revela un análisis realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) con apoyo de Cartocrítica.
“Hoy en día, desde nuestra lectura, hay un favoritismo muy claro hacia el desarrollo de la industria minera y no se le da valor al trabajo que desarrollan las comunidades”, criticó Sergio Madrid Zubirán, director del CCMSS, en entrevista para SinEmbargo.
La investigación “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México” señala que en el país existen 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56 por ciento está concesionado a proyectos mineros, tanto de empresas nacionales como internacionales.
El análisis aclara que el hecho de que exista una concesión no quiere decir que haya un proyecto en marcha, pero “el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio es en sí mismo un elemento que atenta contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre”.
El informe en el que participaron los investigadores del CCMSS Sergio Madrid Zubirán, Marcela Ximena Ortiz Aranda y Ariadna Ortega, con información de Cartocrítica, revela que en el país hay 895 proyectos mineros de los cuales el 44 por ciento se encuentran en áreas cubiertas por vegetación forestal, es decir, los aproximadamente 390 que están dentro de los bosques ya se encuentran en fase de exploración, desarrollo o explotación, explicó Ortiz.
Los bosques son los más afectados, ya que representan el 58 por ciento de la superficie forestal concesionada y los estados en los que se refleja el mayor daño son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora, y Sinaloa, que en conjunto suman 8.4 millones de hectáreas.
Madrid Zubirán destacó que las comunidades y ejidos juegan un papel de suma importancia en la conservación y la protección de los bosques y los recursos naturales en México.
En diversas ocasiones, la organización civil ha destacado la importancia del manejo forestal comunitario, ya que actualmente, el 70 por ciento de los bosques mexicanos se encuentra precisamente bajo el resguardo de los pueblos. El informe sostiene que el país cuenta con 11 mil 843 núcleos agrarios forestales, pero 4 mil 997 de ellos tienen alguna fracción de su territorio bajo concesión.
Madrid Zubirán indicó que en la mayoría de los sitios boscosos la gente vive en alto nivel de marginación, con pocos servicios y nula atención gubernamental, por lo que además de brindar protección a los ecosistemas, realizan actividades forestales como modo de subsistencia.
Padrones de concesionarios de minas y derechos de extracción no actualizados e incompletos, falta de sanciones por no presentar informes legales e incluso simular la aplicación de multas fueron algunas de las irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) halló al revisar el cumplimiento del pago de derechos de minería.
En su informe, que forma parte del segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública 2016 que la ASF presentó a la Cámara de Diputados, se responsabilizó principalmente a la Secretaría de Economía (SE) de las irregularidades y deficiencias en la fiscalización y cobro de derechos de los concesionarios mineros.
La investigación también incluyo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero la promoción de responsabilidad administrativas sancionatoria se centró en funcionarios de la SE.
La ASF emitió, por estas irregularidades, un total de 16 recomendaciones a las tres dependencias.
En estas recomendaciones, la ASF señaló que los padrones de concesionarios de minas de la SE tienen deficiencias en “nombres de los titulares de concesiones, Registro Federal de Contribuyentes, fechas de vigencias, y fechas de expedición” lo que dificulta al SAT el cobro de impuestos y derechos.
Los padrones también presentaban las siguientes irregularidades: registros de concesiones que no coincidían entre sí, el 31% de los registros corresponde a concesiones que ya había terminado su fecha de vigencia, sin informar si existía prórroga, y en el 7.6% de los casos la suma de los porcentajes de participación de los titulares que superan el 100%, en algunos casos suman hasta 500%.
Esta deficiencia, explica la ASF ya había sido detectada desde hace un año, cuando se revisó el tema en la Cuenta Pública 2015 y se recomendó a la SE coordinarse con el SAT para depurar padrones y corregir errores, pero un año después el problema se mantuvo.
A los titulares de las 24, 961 concesiones mineras el estado les impone un pago de impuestos del 7.5% de los ingresos generados por la extracción de metales y minerales. Además, en caso de que no trabajen las minas o realicen trabajos en el terreno encaminados a la extracción durante dos años continuos deberán pagar semestralmente un derecho adicional por hectárea concesionada.
Chiapas. Campesinos sin tierra, ejidatarios, mujeres trabajadoras, niños y niñas, agrupados en Comunidades Eclesiales de Base, convocan a una mega-peregrinación en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, en contra de la minería. Esta se realizará el día 2 de octubre (fecha en que se conmemora 49 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco), saliendo del ejido Flores Magón a las 8:00 de la mañana (hora de Dios). Los chicomultecos denuncian que en los últimos meses comenzaron a intensificarse las incursiones, interferencias y trabajos de las empresas mineras en su territorio. Si bien, la minera canadiense Blackfire Exploration Ltd fue expulsada en 2009 por la fuerza de la movilización campesina, tras el asesinato de Mariano Abarca, activista anitiminero, actualmente las prácticas extractivas han reiniciado.
La manifestación político-religiosa es convocada por la parroquia de San Pedro y San Pablo y del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, instancias seguidoras de la “iglesia liberadora”, un proyecto diocesano que busca construir la paz, la reconciliación, la justicia social y que mantiene la opción preferencial por los pobres. Es de señalar que la resistencia de las Comunidades Eclesiales de Base es resultado de las reflexiones que sobre la realidad social construye un sector campesino adepto a un catolicismo crítico del sistema actual, iniciado por el obispo Samuel Ruiz en su momento. Aunque éste proceso eclesial abarca varios pueblos chiapanecos, principalmente indígenas, en cada espacio las demandas se diversifican a partir de sus particulares necesidades y urgencias. En Chicomuselo las preocupaciones giran en torno a la defensa del territorio y por la conservación del ecosistema, ya que se trata de un sitio estratégico para el capitalismo extractivo, y al ser una puerta de entrada la sierra de Motozintla, rica en minerales, es común el ingreso de empresarios que buscan apropiarse de sus recursos.
Chicomuselo es un pueblo de la región fronteriza, ubicado a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala, es una de tantas poblaciones vulnerabilizadas por el sistema político mexicano, a través de su deliberado empobrecimiento: el 36.19% de la población está en un grado de marginación “alto” y el 24.76% en un “grado de marginación muy alto”, lo cual significa que la mayor parte de las familias no alcanzan a cubrir lo más rudimentario de la canasta básica, es decir se encuentran en situación de “hambre extrema”; aun cuando cuenta con tierras fructíferas y pastizales aptos para la cría de ganado, los campesinos no tienen acceso a créditos, y están sujetos a intermediarios que rebajan los precios de sus productos. Se suma las plagas de roya que han acabado en los últimos años con las cosechas de café (principal cultivo de la región) y el encarecimiento de los “almácigos sanos”, vendidos por el propio gobierno estatal. El empobrecimiento ha provocado ya desde hace tiempo la migración de sus pobladores, iniciando así una etapa de desterritorialización que provoca la desvinculación de los campesinos con la tierra, ésta se ha incrementado con la llegada de las mineras, que incentivan la parcelación y privatización de los ejidos.
México encamina sus políticas públicas a fin de impulsar las inversiones en el sector energético y minero a costa del aumento de los impactos sociales y ambientales tanto en los territorios como en los habitantes, señalaron investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes.
Durante la presentación del “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, Beatriz Olivera, de Fundar reveló que el marco regulatorio en torno a la minería en el país es laxo y subrayó que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “proliferaron” los proyectos extractivos, en especial los canadienses, ya que el 60 por ciento de las concesiones mineras que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana pertenecen precisamente a Canadá.
La investigadora indicó que la Ley Minera ha sido modificada a modo de favorecer a las empresas, pues de los 25 años que permitía de concesión anteriormente, pasó a 50 con opción a prórroga hasta por otros 50, es decir, las mineras pueden llegar a explotar un territorio hasta por todo un siglo.
Por si fuera poco, Olivera manifestó que el Artículo 20 de la misma Ley permite las explotaciones energética y minera en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con que cuenta el territorio nacional. Para el año 2015 existían ya más de mil 600 concesiones en dichas zonas.
