Ciudad de México. Pobladores de la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, se manifestaron esta mañana frente a las puertas de Palacio Nacional para exigir la cancelación de las concesiones otorgadas de manera ilegal a las empresas minera Gorrión y minera Gavilán, filiales de la trasnacional canadiense Almaden Minerals.
Además, denunciaron el apoyo que el recién subsecretario de minería, Luis Francisco Quiroga, ha dado a las empresas mineras, soslayando que existe un juicio de amparo interpuesto por la comunidad nahua de Tecoltemi, en contra de dichas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.
Durante la manifestación varios pobladores expresaron que las concesiones se dieron sin la previa consulta a las comunidades originarias y violando derechos de los pueblos indígenas y de ejidos del municipio, además de que no cuentan con las licencias necesarias para pasar a la fase de explotación.
También se informó que en víspera se entregó una carta a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, en el que manifestaron su rechazo y condena a la presencia y declaraciones del subsecretario en un evento de la empresa, en donde incluso el subsecretario Quiroga llamó despectivamente “voces disidentes” a la población mayoritaria que se opone a la explotación minera de cielo abierto.
Según información del portal Sinembargo, el grupo de Canadá First Majestic, adquiere Primero Empresa Minera, el cual ha sido acusado de operar con irregularidades en sus seis minas en México.
Productora de metales preciosos, Primero Minning operó como propietaria del 100 por ciento de la mina de oro y plata San Dimas, Durango (donde ocurrió el vertimiento de cianuro por accidente), y del proyecto en desarrollo de oro, plata y cobre Cerro del Gallo, en México, además de otras plantas mineras en Canadá.
José Luis Abarca, hijo del líder comunitario Mariano Abarca –asesinado en noviembre de 2009–, anunció que el 5 de febrero de 2018 su familia presentó, junto con organizaciones mexicanas y canadienses, una denuncia administrativa para que se investiguen las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá en nuestro país en relación con las actividades de la empresa minera Blackfire Exploration y la oposición de la comunidad de Chicomuselo, Chiapas, a su operación.
En la denuncia, presentada ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), las organizaciones argumentan que el actuar de la embajada pudo contribuir a poner en peligro la vida de Mariano Abarca, además de que el cuerpo diplomático posiblemente omitió notificar un acto de corrupción entre la empresa canadiense y autoridades mexicanas.
De izquierda a derecha: Libertad Díaz (Otros Mundos Chiapas), José Luis Abarca (hijo de Mariano Abarca), Miguel Mijangos (Red Mexicana de Afectados por la Minería), Jen Moore (MiningWatch Canada) | Foto: Erik Salinas/Cencos
A partir de solicitudes de acceso a la información presentadas ante el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD, por sus siglas en inglés) y de documentación periodística, las organizaciones aseguran que la embajada canadiense abogó en distintos momentos por la compañía Blackfire ante las autoridades mexicanas, esto a pesar de tener conocimiento de la resistencia de la comunidad y de las amenazas que enfrentaba Mariano Abarca.
Las acciones y omisiones del cuerpo diplomático pudieron aumentar el peligro que corría Mariano Abarca, aseguró su hijo. “De actuar de otra manera, (la embajada) pudo haber alertado que los gobiernos estatales y locales previeran cómo proteger la vida de mi padre”, expresó José Luis Abarca.
Video de la denuncia (Fuente: Otros Mundos Chiapas):
¿Por qué piden investigar la embajada?
Según la denuncia, la embajada debe ser investigada por haber creado “un peligro sustancial y específico para la vida, la salud o la seguridad” de Mariano Abarca y otros residentes locales. Esto a partir de que:
No hizo una evaluación de riesgo de violencia y sus posibles impactos en los derechos humanos, a pesar de contar con información del conflicto entre la comunidad de Chicomuselo y Blackfire Exploration. Según la información presentada por las organizaciones, el cuerpo diplomático tuvo conocimiento de las tensiones por protestas, por información del mismo Mariano Abarca y por 1400 cartas y correos que denunciaron la detención del líder comunitario meses antes de que fuera asesinado.
La embajada violó la política de identificar y brindar apoyo a los defensores de derechos humanos. Las organizaciones argumentan que la embajada no sólo no trató de entrar en contacto con la comunidad, sino que abogó en contra de ella y “urgió al gobierno estatal a contener las protestas, para proteger a Blackfire”; además de que no existe evidencia de que la embajada manifestara preocupación ante el peligro que enfrentaban Abarca y otros integrantes de la comunidad.
La embajada no tuvo un papel constructivo y “no facilitó un diálogo abierto e informado entre todas las partes”. Por el contrario, la denuncia establece que el cuerpo diplomático y la compañía minera tuvieron una estrecha relación, en la que la embajada realizó “múltiples gestiones en favor de Blackfire ante las autoridades mexicanas”.
La denuncia también establece que otro aspecto a investigar es que la embajada posiblemente tuvo conocimiento de un acto de corrupción de la compañía canadiense a un funcionario mexicano, antes de que éste se hiciera público.
El acto de corrupción consiste en 14 pagos que en total suman 214 mil pesos mexicanos, que la compañía Blackfire hizo al entonces alcalde de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón. La embajada informó de los pagos después de que éstos se hicieran públicos, pero las organizaciones cuestionan si tuvo conocimiento de estos hechos antes de la publicación de esta información.
Finalmente, el documento especifica que con la investigación solicitada no se busca establecer quién asesinó a Mariano Abarca, sino conocer si el cuerpo diplomático cumplió con los valores y políticas que defiende el gobierno canadiense.
En conferencia de prensa, Jen Moore, de Mining Watching –una de las organizaciones firmantes de la denuncia– dijo que las recomendaciones que pudieran hacerse a raíz de la investigación no son vinculantes, pero podrían ayudar prevenir que se repita un hecho así en México o en otra parte del mundo. Esto cobra importancia, porque de acuerdo con Moore su organización ha documentado que lo que sucedió en México con Blackfire y la embajada es parte de un patrón que se replica en otros lugares del mundo.
A partir de que se presentó la petición, el comisionado puede tardar hasta 90 días para decidir si abre o no una investigación.
La familia de Abarca asegura que este recurso para esclarecer el asesinato del defensor se suma a una denuncia al Estado mexicano por la violación al derecho de la vida de Mariano, presentada en junio de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la exigencia de que la fiscalía de Chiapas continúe con la investigación.
Zacatecas I Desinformémonos I En La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, no cesa el despojo y el desplazamiento de la comunidad por parte de la minera canadiense Pan American Silver. En un pronunciamiento, la asamblea general de la comunidad La Colorada hace un llamado y denuncia las graves violaciones a sus derechos humanos y territoriales por parte de la empresa canadiense que desde hace tres años destruyó sus casas, los despojó de sus tierras, los hostiga y amenaza, destruye a la Madre tierra y los hace vivir en una permanente incertidumbre.
En 2015, habitantes de la comunidad La Colorada denunciaron que la minera canadiense destruía sus vivienda para expander sus instalaciones. Más de 20 familias con más de 30 años habitando sus casas, fueron despojados y desalojados sin más argumento de los abogados que “la empresa necesita los terrenos”.
La minera canadiense Pan American Silver hizo su arribo a La Colorada en 1998 para explotar la plata y el oro de la zona en una mina subterránea que veinte años después ha duplicado su producción, sin ningún beneficio para la comunidad. Desde entonces, la afectación a los habitantes ha ido en aumento al apropiarse de su territorio y desalojarlos bajo amenazas, demoliendo sus viviendas y suspendiendo servicios básicos como agua y energía eléctrica. Así es la cotidianidad de la comunidad La Colorada.
“Aquí nacimos y aquí vamos a morir” señalaron en enero de este año al medio Pórtico de Zacatecas las familias despojadas a quienes les demolieron 142 viviendas. Sus propietarios, hostigados y presionados por la empresa, firmaron contratos de comodato para habitar las viviendas diminutas y de lámina que la canadiense Pan American Silver les ofreció a cambio, para apropiarse así del territorio y explotar a tope la plata y el oro. A pesar de la minuta firmada ante el gobierno estatal en 2015, en la cual la empresa se comprometía a no construir sobre las casas derribadas y a darles dos hectáreas de tierra para huertos familiares y la construcción de un equipamiento recreativo, tres años después, nada se ha cumplido.
