Ejército y Marina en las calles coincide con más violaciones a DDHH, registran especialistas

>Por Redacción/Sin embargo

La expansión de las operaciones de la Marina y el Ejército en las labores de seguridad coincide con el incremento en las quejas por violaciones a los derechos humanos, resaltaron este día organizaciones de la sociedad civil y expertos.

Señalaron que pese a que estos cuerpos de seguridad aumentaron sus operativos, sus bases de operación, así como el presupuesto que se les asigna cada año. El resultado son niveles históricos de violencia.

Hasta hoy, dicen, no hay indicios de cuándo puedan un regreso a los cuarteles debido a que las fuerzas de seguridad nacional que se prometieron al inicio del sexenio -como la Gendarmería- no fueron reforzadas.

Ciudad de México, 25 octubre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron que los violaciones a los derechos humanos aumentaron con la militarización de las labores de seguridad al interior del país y lamentaron que las administraciones federales y locales dejaron de lado el fortalecimiento de las instituciones civiles en la materia.

En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto – años de la llamada guerra contra el narcotráfico- ya se presentaron más de 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.

En este mismo lapso, las operaciones de la Secretaría de la Marina (Semar) en contra del crimen organizado aumentaron 156 por ciento en los últimos diez años: entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de esta dependencia y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a 22 mil 473, de acuerdo con datos contenidos en el libro “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”, presentado durante la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’.

Otro dato más que resaltó el texto es que en la década que comprende los años 2007 a 2017, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creció en 115 por ciento, al pasar de 32 mil 200 millones de pesos a 69 mil 407 millones, detalla el mismo libro.

En el evento, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), señaló que los datos muestran una estrategia que ha privilegiado el corte militar y no la institucionalidad civil, “lejos de haber una política pública y decisiones de Gobierno, asociadas con el fortalecimiento de instituciones civiles, ha habido decisiones políticas que han terminado por fortalecer la presencia de las fuerzas armadas en el territorio nacional”.

Patrón resaltó que también ha habido un incremento de las bases de operaciones mixtas entre policías y Ejército, ya que “en el 2012 estaban desplegadas en 19 estados. Para 2016 ya se habían extendido a 24 entidades. Lo que representa el 75 por ciento del territorio nacional”.
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Seis ONGs internacionales piden a Washington no dar más dinero a Sedena por violaciones a DDHH

Por Redacción/Sin embargo

A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para seis organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el Gobierno de México no debe recibir la ayuda de EU debido a los casos de violaciones a los derechos humanos que han sufrido los ciudadanos a manos de miembros del Ejército.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Seis organizaciones civiles pidieron al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad.

A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos.

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.

Las organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano, la resolución judicial que determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, precisaron las organizaciones mexicanas e internacionales.
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Empresas vienen por megaobras, aplastan pueblos y el Estado las ayuda. Así funciona México: ONGs



Por Redacción/ Sin Embargo

Organizaciones de la sociedad civil acusaron que en México el derecho de las comunidades a ser consultadas ante la implementación de megaproyectos en sus territorios no es respetado, incluso, las autoridades trabajan en favor de las empresas y no en la protección de los pueblos, mientras sus habitantes son intimidados, criminalizados y asesinados.

En el contexto de la presentación del Informe Final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevada a cabo en en Ginebra, Suiza, el pasado 8 de junio de ante el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, representantes de comunidades emitieron su postura al respecto y criticaron el actuar de Enrique Peña Nieto en la defensa de los derechos humanos.

Juan Antonio López, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), aseguró que la administración del actual Presidente de la República Mexicana ha favorecido una política que permite la apertura de nuevos proyectos, con lo que se han disparado las violaciones a los derechos de los pueblos.

“Las empresas llegan a México porque aquí no se respetan los derechos humanos y el Gobierno da todas las facilidades”, dijo Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

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