CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá sustentar los próximos 6 y 7 de septiembre ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (CMW, por sus siglas en inglés), su tercer informe sobre las medidas legislativas, judiciales y administrativas que ha adoptado para garantizar los derechos humanos de la población migrante y sus familiares en el país.
Dicho informe fue entregado al CMW el pasado 19 de mayo, pero organizaciones de la sociedad civil afirmaron en un comunicado que no observan un balance real del impacto de los marcos normativos y políticas públicas en materia migratoria, en la población migrante, sujeta de protección internacional y sus familiares.
Señalaron que, si bien se han promulgado leyes y programas, “no se han cumplido en la práctica”, lo que continúa generando una violación sistemática de derechos humanos de la población migrante y sus familiares.
Prueba de ello, son los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), según los cuales, del total de personas migrantes detenidas anualmente se deporta al 90%. Además, indicaron, datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados señalan que apenas el 11% de las solicitudes de asilo se resuelven favorablemente.
“Esta política de detención sin excepción, no identifica casos que requieren protección internacional, ni garantiza el ejercicio de derechos, lo cual, potencializa el panorama desfavorable para la población migrante y refugiada”, subrayaron.
Autoridades de migración detuvieron a una menor porque “parecía guatemalteca”. Tras comprobar que era mexicana, la liberaron pero ella se alejó caminando por el monte y desapareció, según la versión oficial. Los videos de los hechos fueron borrados.
La madrugada del 23 de junio de 2015, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron un autobús de pasajeros, que se dirigía de Motozintla a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y obligó a descender a una adolescente de 17 años, con el pretexto de que “parecía guatemalteca”. Desde entonces, la menor de edad permanece desaparecida.
Los hechos ocurrieron en una garita migratoria ubicada en el ejido San Gregorio Chamic, del municipio Frontera Comalapa, instalaciones en las que el mismo INM reconoce que fue ingresada la menor de edad para ser interrogada, y que, por cierto, son monitoreadas las 24 horas por cámaras de videovigilancia.
Según la versión del Instituto Nacional de Migración, la adolescente fue detenida a las 3:00 horas de la madrugada, y supuestamente liberada, minutos después, al confirmarse que era mexicana. Sin embargo, según la versión de las autoridades, para ese momento su autobús ya había partido, y ella se alejó caminando en la oscuridad, por el monte.
Al detectar que la menor no llegó a su destino, sus familiares comenzaron por su propia cuenta la búsqueda, y luego de varios días lograron identificar y contactar a otros pasajeros del mismo autobús, quienes les informaron sobre la detención de la adolescente.
La familia tardó 22 días en dar con esos testigos y, por ello, fue hasta el 14 de julio de 2015 que se presentó una denuncia formal por la desaparición, ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, hoy Fiscalía Estatal.
Con base en esta denuncia, las autoridades chiapanecas solicitaron al INM que entregue los videos de las cámaras de vigilancia. Esta solicitud fue formulada el 6 de agosto de 2015, es decir, 45 días después de la aprehensión y desaparición de la menor. Sin embargo, el INM ignoró la petición.
El Ministerio Público insistió una semana después, el 13 de agosto, y luego de seis días (el 19 de agosto), Migración informó que los videos habían sido borrados, porque “lo solicitado excedía el tiempo de almacenamiento” en los servidores de la institución, el cual es, según ésta misma, de 60 días.
Sin embargo, dicho argumento es mentira: las dos peticiones del MP chiapaneco solicitando los videos fueron presentadas dentro del tiempo de 60 días e, incluso, para el momento en que el INM emitió su negativa formal, en realidad sólo habían transcurrido 58 días desde la desaparición.
Ante la violencia perpetrada por agentes estatales y privados contra personas defensoras de los derechos de migrantes y refugiados, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) emitió este lunes 28 de agosto la Alerta de Defensa DF, cuyo objetivo es hacer un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen el derecho de los defensores a realizar su labor.
En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos, aseguró que en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han documentado 919 delitos contra defensores por el trabajo que realizan. Además, informó que los principales perpetradores de dicha violencia son agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), así como policías estatales, municipales y miembros de empresas de seguridad privada.
Explicó que las agresiones a personas defensoras de los derechos de los migrantes inician con amenazas e intimidaciones, y continúan con detenciones arbitrarias e intentos de ejecución, lo que representa una amenaza a la labor que realizan.
Durante la conferencia, miembros de la Estancia del Migrante González y Martínez, ubicada en Querétaro, y del albergue La 72, de Tabasco, dieron a conocer las situaciones de violencia a las que se han enfrentado.
Según informó Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA), las dos estancias están bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la Estancia de Migrantes González y Martínez, el equipo de trabajo recibe amenazas de parte de trabajadores de la Multisistemas, actual empresa de seguridad contratada por Ferrocarril Mexicano (Ferromex).
Martín Martínez Ríos, fundador y representante legal de la Estancia, dijo que las agresiones han ido más allá de amenazas, pues los agentes de seguridad han realizado disparos contra los voluntarios. También dijo que en Querétaro no hay voluntad política para solucionar este problema y que las autoridades han dado la espalda al trabajo humanitario que realizan.
Añadió que Multisistemas, sin justificación, ha puesto cámaras que apuntan al lugar que ocupan los defensores en la estación, por lo que responsabilizó a Ferromex en caso de que algo les suceda. Martínez Ríos aseguró que existe el temor de que se esté fabricando algún delito en su contra y dijo que ya antes ha sido tipificado como traficante de migrantes.
Finalmente dijo que también los militares contribuyen al hostigamiento pero que a pesar de eso “la Estancia no va a quitar el dedo del renglón en la ayuda humanitaria”.
En el caso del refugio La 72, la abogada de la organización, Diana Muñoz, aseguró que la criminalización y desacreditación que sufren por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) es cada vez más fuerte.
De acuerdo con Muñoz, parte de la desacreditación y el acoso es la existencia de demandas en contra de los padres que colaboran ahí. En 2016, dijo, La 72 denunció secuestros masivos en contra de migrantes, proporcionando datos como las placas de las patrullas que participaron en los secuestros, pero que las autoridades no respondieron a estas denuncias y que días más tarde miembros de la organización recibieron una llamada en la que les pedían negociar por la vida de los migrantes.
“El INM se ha dedicado a desacreditar nuestro trabajo… nos han compartido que en el INM dicen que en La 72 se falsifican documentos, se trafica con personas, que lucramos con ellos, cosa que nos parece grave y lo denunciamos públicamente”.
Reiteró que su preocupación no es sólo por la seguridad del equipo que trabaja en La 72, sino también por la de los migrantes.
Finalmente, las dos estancias y las organizaciones que forman parte de la Red TDT exigieron un cambio radical en la política migratoria, que aseguraron actualmente es de contención y persecución al migrante, y un alto a las agresiones contra las personas defensoras de migrantes y refugiados.
Anunció también que los días 12 y 13 de septiembre, en Querétaro, habrá una visita la Estancia del Migrante González y Martínez y un foro sobre la Ley de Seguridad Interior, en el cual se expondrá la óptica de las personas defensoras de derechos humanos de Querétaro.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
·Organizaciones de la Sociedad Civil realizaran denuncias específicas sobre hechos de impunidad, violencia y criminalización contra personas defensoras de los derechos humanos de migrantes por agentes estatales y privados en la ruta migratoria.
·Además, los casos como el de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (Querétaro) y el de La 72 (Tabasco), dan muestra de la situación de riesgo y el contexto de violencia en la que llevan a cabo su labor las y los defensores de migrantes, así como de la criminalización que reciben al denunciar, el clima de impunidad que se vive en el país y la incapacidad del gobierno de prevenir y sancionar este tipo de situaciones.
Participan: Integrantes de las Organizaciones Convocantes
Convocan:
·Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI Ibero); Estancia del Migrante González y Martínez; La 72; Hogar-Refugio para Personas Migrantes
La cita:
·La cita: Lunes 28 de Agosto de 2017, a las 12:30 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia. No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.
“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, exigieron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- A siete años de la masacre a 72 migrantes de Centroamérica y Sudamérica hallados en el rancho “El Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas, los familiares siguen sin tener acceso a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusaron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.
Como resultado, sigue sin saberse quiénes son los responsables, si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales, hay 10 restos sin identificar y las familias viven con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son sus familiares que se dirigían a Estados Unidos, ya que no se ha esclarecido el proceso de identificación.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decidirán si habrá acceso a las investigaciones de la masacre de San Fernando en 2010, la de 2011 y la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, dijeron las organizaciones.
El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia.
No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.
Por otro lado, los familiares han tenido que emprender litigios para acceder a la investigación penal de la PGR. La información hasta ahora entregada es escasa, expusieron las organizaciones.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo que la masacre de los 72 migrantes no fue un punto final porque “seguimos contando un sin número de secuestros y asesinatos a migrantes”.
La ONU denuncia como una práctica “sistémica” que agentes del INM amenazan a migrantes recluidos en centros de detención para que acepten la expulsión voluntaria de México y no soliciten asilo.
“Tú hoy no comes”. Con esta orden, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) castigan a los migrantes indocumentados que se resisten a firmar la deportación voluntaria de México.
Se trata de una modalidad de hostigamiento detectada por un grupo de activistas que integran el Comité Ciudadano del INM, durante una misión de monitoreo en la que tuvieron acceso a 17 estaciones migratorias del país.
El Comité Ciudadano documentó que, además de presionarlos con dejarlos sin comer, también hay casos en los que agentes federales del INM, custodios privados, así como personal que trabaja en las estaciones, amenazan a quienes no aceptan la expulsión voluntaria negándoles medicinas básicas y productos de higiene personal.
Además, en algunos casos, estás tácticas intimidatorias van acompañadas de agresiones físicas y verbales, así como de amenazas de muerte, según denunciaron las personas entrevistadas durante la misión de monitoreo.
“Yo tengo cinco amenazas de muerte de los guardias y también de migración. Nos maltratan, nos humillan con insultos. Y hay veces que voy a ingerir mis alimentos y el guardia me dice que no puedo pasar al comedor”, dijo un migrante detenido en la estación de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyo testimonio forma parte del informe Personas en detención migratoria en México.
Los migrantes expusieron que no solo los agentes de seguridad los amenazan. También acusaron a funcionarios del área jurídica del INM de amedrentarlos a través de múltiples formas para que no accedan a su derecho de pedir refugio, tal y como México reconoce en su Ley de Migración.
“Mejor regrésate”, dicen a migrantes
Por ejemplo, una mujer centroamericana denunció que una funcionaria del INM la “desanimó” para que no iniciara el proceso de asilo, advirtiéndole que pasaría mucho tiempo encerrada en una estación migratoria hasta que se resolviera el trámite.
“¿Sabías que tienes que esperar tres meses (para el trámite)?. Y no cuentan días hábiles. Además, las probabilidades de que te digan que no son muchas. Así que mejor regrésate, porque a veces el proceso dura hasta seis meses”, dijo la funcionaria, según el testimonio de la mujer entrevistada.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, criticó que esta táctica para desincentivar el refugio es “un problema sistémico” en el país.
Y recordó que tanto la ONU, a través de su oficina para refugiados, como otras organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han denunciado en numerosas ocasiones que agentes del INM amenazan a los migrantes con enfrentar procesos largos y tortuosos, en caso de solicitar su derecho al asilo para no retornar a los países de los que salieron huyendo.
“Si a los migrantes se les dice que no pidan asilo porque van a pasar mucho tiempo encerrados en estaciones migratorias donde las condiciones son deplorables, entonces no es regreso voluntario. Se podría llamar regreso ‘pseudo-voluntario’”, ironizó el representante de la ONU, durante la presentación del informe del Consejo Ciudadano del INM.
ONU critica política migratoria mexicana
La documentación de estas tácticas cobra especial relevancia ahora, cuando cada vez más personas centroamericanos ven a México como una posibilidad de refugio ante la violencia de las pandillas en Honduras y El Salvador, y sobre todo ante el endurecimiento —al menos en el discurso— de la política migratoria de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, quien prometió construir un muro para frenar la migración.
Ximena Suárez, integrante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, detalló en los últimos años se registró un importante incremento en el número de delitos como robo, violación, secuestro y agresiones por parte de servidores públicos.
Organizaciones de la sociedad civil informaron que el 99 por ciento de los casos de delitos cometidos contra migrantes, queda impune.
Al presentar el informe “El Acceso a la Justicia para Personas Migrantes en México, un derecho que existe solo en el papel”, Ximena Suárez, integrante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), detalló que en los últimos años se registró un importante incremento en el número de delitos como robo, violación, secuestro y agresiones por parte de servidores públicos.
“De acuerdo con cifras oficiales que obtuvimos de las Procuradurías, existe un 99 por ciento de casos que quedan en la impunidad, casos de delitos reportados a las Procuradurías, aún si se abren investigaciones no terminan en una sentencia, ni en la sanción de los perpetradores de este delito; esta cifra de 99 por ciento es preocupante, pero también es preocupante si se toma en cuenta que son cifras oficiales, lo que quiere decir que hay otro campo de graves violaciones que no se ven reflejadas en las cifras oficiales”.
Por su parte, Javier Martínez, de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que esta situación se debe en gran medida al temor que tienen estas personas de ser llevados ante el Instituto Nacional de Migración.
El consulado de México en San Antonio, Texas, confirmó que hay cuatro mexicanos entre los 10 migrantes muertos, así como 21 entre los 29 sobrevivientes encontrados encerrados en la caja de un tráiler, estacionado afuera de un Walmart de esa ciudad.
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que se confirmó la identidad de las personas “a partir de entrevistas realizadas por personal de dicho Consulado y del contacto con autoridades locales”,
Añadió que personal del Consulado visitó los hospitales a donde fueron trasladados los sobrevivientes para entrevistarlos, determinar si son mexicanos y brindarles la atención y asistencia legal necesaria.
La mañana de este lunes subió a 10 la cifra de muertos.
La Oficina del Procurador Federal para el Oeste de Texas informó en un comunicado que todas las víctimas fatales son hombres adultos. De las 29 personas hospitalizadas, 21 son mexicanas, dos son nacionales de terceros países y de seis no se ha confirmado su nacionalidad.
“En este momento, los investigadores están haciendo esfuerzos para identificar a las víctimas y tratará de notificar a familiares. Los funcionarios no divulgarán las identidades de las víctimas hasta que los familiares puedan ser notificados”, expuso la dependencia.
Este es el incidente es el más grave registrado en Texas relacionado con el tráfico de indocumentados desde mayo de 2003, cuando 19 inmigrantes fallecieron asfixiados por el calor en la caja de un tráiler abandonado cerca de la comunidad de Victoria, Texas.
La noche del domingo se realizó una vigilia en honor de las víctimas, organizada en el atrio de la Catedral de San Antonio, organizada por el grupo Raíces, que da asistencia legal a familias de inmigrantes.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que el tráfico de personas “es una epidemia en la que Texas está trabajando para erradicar”.
En las estaciones migratorias y estancias provisionales de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz hay alto riesgo de que se presenten situaciones de tortura u otros malos tratos.
Así lo confirmó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al afirmar que hay 50 por cierto de ese riesgo en esos centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Tales situaciones resultan violatorias de los derechos fundamentales al trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud y la integridad personal”, asentó en un informe de seguimiento a la situación que enfrentan los migrantes retenidos en esos espacios.
De las 56 situaciones de riesgo de tortura o maltrato observadas originalmente, en un informe previo, persisten 28, que representan el 50 por ciento del total, ya que 18 fueron totalmente atendidas y 10 cuentan con avances encaminados a su atención, como se comprobó en las visitas específicas realizadas durante el mes de abril del presente año a las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales ubicadas en Acapulco, Morelia, Chetumal, Hermosillo, Veracruz, Monterrey, Agua Prieta, Nogales, Cancún y Tuxpan.
La 72, hogar – refugio para personas migrantes pidió al Estado Mexicano dejar de “acosar” e “intimidar” a activistas de esa agrupación para frenar la ayuda que ofrecen a indocumentados a su paso por el municipio de Tenosique, en la frontera sur del país.
Mediante un comunicado, Fray Tomás González Castillo, representante legal de la casa refugio dio a conocer que el delegado federal del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, Eduardo Silvestre Hernández Dighero, interpuso una denuncia por tráfico de personas ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de Fray Bernardo Molina Esquiliano, miembro del equipo y parte de la Orden Franciscana en el Sureste de México.
“Las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo no han hecho lo que les corresponde, sino que criminalizan nuestra labor y peor, utilizan el sistema penal para frenarnos, intimidarnos, acosarnos”, sostuvo González Castillo.
