Un cacique del agua en el paraíso maya

Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón 

Foto: Especial

 

Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia.

TIZIMÍN, Yuc.(apro).- Un daño ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental. 

La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15,000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.

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TALICOYUNQUE: Historia de desplazamiento forzado, corrupción y violaciones a los derechos humanos

Mario Marlo/ZonaDocs

Violaciones a los derechos humanos, 10 millones 233 mil 826 pesos pagados a empresa de seguridad privada y más de 105 millones de pesos invertidos en un centro de reubicación, donde actualmente siete familias viven recluidas sin tener acceso a servicios básicos, son el resultado del desplazamiento forzado que el Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realizó en la comunidad de Palmarejo; una de las tres comunidades que luchan por no quedar inundadas por la imposición de la presa El Zapotillo.

Foto: ZonaDocs/Mario Marlo

Con rostro desencajado e incrédula, Martha cuenta: “Claro que sí, se siente mucha tristeza de que el gobierno no respete ¿Por qué quiere acabar con nuestras tradiciones, nuestra identidad? Que triste será que cuando nos pregunten: ¿De dónde eres? Tengamos que contestar, de un pueblo que desapareció.”

Originaria de Palmarejo, Jalisco, Martha, es una de las muchas personas desplazadas de su territorio. Me dice que dejar a sus difuntos es lo que más le dolería, pues éstos: “se quedarían enterrados aquí bajo el agua. Nos dijeron que a 80 o 105 metros, nos íbamos a inundar; entonces, con miedo muchos aceptaron de buena voluntad vender, pero hasta ahora no les han pagado”.

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AMLO se reunirá con Temacapulín , Acasico y Palmarejo en Palacio Nacional

Foto: Mario Marlo

Mario Marlo/ Somos el medio 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a reunirse en Palacio Nacional este próximo lunes 12 de agosto a las 19:00 horas, para escuchar a los habitantes de estas tres comunidades que luchan desde hace más de 14 años contra la presa El Zapotillo en Jalisco.

La reunión se realizará una hora después de que AMLO se reúna con el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, principales promotores del megaproyecto.

En la reunión, los pobladores de las comunidades darán a conocer su postura que mantienen, desde hace 14 años, contra la presa El Zapotillo; así como las irregularidades y gastos excesivos que se han invertido en el megaproyecto que se encuentra detenido desde hace cinco años, por  la controversia constitucional 93/2012, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura.

En diversas ocasiones, las comunidades han denunciado la inversión millonaria que se le ha invertido al megaproyecto que hasta el momento asciende a 37 mil millones de pesos y según el Instituto Méxicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), de terminarse la obra, la inversión se elevaría a más de 70 mil millones de pesos.

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Fonatur acepta que el Tren Maya no tiene aún estudios de uso de vía existente o impacto ambiental

Daniela Barragán/Sin Embargo

A un mes de que se dicte el fallo de la licitación del Tren Maya, los documentos básicos para su construcción aún no están listos. El proyecto, que es uno de los principales del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, se presume como de fácil ejecución, pero del lado de las comunidades, el Tren es visto como otro megaproyecto “impuesto”.

Imagen: Sin Embargo

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no cuenta con los documentos de los impactos ambientales que ocasionaría el Tren Maya ni tampoco con los estudios que sustenten que la obra se realizará sobre estructuras ya existentes, tal y como lo asegura el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, de acuerdo con la solicitud 21377200007919 hecha por SinEmbargo al Fonatur, en la que se pidió copia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el estudio o documento que se haya hecho para sostener que el Tren se construirá sobre vialidades que ya existen y una copia del calendario de construcción en el que se indiquen las posibles fechas de inicio de construcción y de culminación.

El Fonatur tampoco cuenta con los estudios sobre la liberación de los derechos de vía ni con los que permitan dimensionar el crecimiento urbano en las localidades por las que pasará el Tren.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de López Obrador, se contempla al Tren Maya como “el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio”.

Se tiene previsto que el Tren tenga un recorrido de mil 525 kilómetros y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Comunidad indígena lleva a Juicio a la Ley Minera

  • Se lleva a cabo Audiencia final del Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad de Tecoltemi contra la minería canadiense.
  • Oportunidad histórica del Juzgado de pronunciarse por violaciones de la Ley Minera contra derechos de pueblos indígenas y de ejidos.
Foto: Cuartoscuro

El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Constitucional del Juicio de Amparo que la Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi interpuso en abril de 2015 contra dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en 2003 y 2009, a la minera canadiense Almaden Minerals.

Dichas concesiones, de nombres Cerro Grande y Cerro Grande 2, fueron entregadas afectando a diversas comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, entre las que se encuentra Tecoltemi.

En la demanda de amparo, que ha sido acompañada por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar, la comunidad reclama al Estado Mexicano haber entregado las concesiones sobre su territorio sin consulta previa y sin consentimiento, y en violación al derecho a la tierra y al territorio. Debido a ello, Tecoltemi pide se ordene la cancelación de los títulos de concesión y se revisen diversos artículos de la Ley Minera, que, al dar preferencia a la minería, permiten que las autoridades entreguen a las empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.

Durante más de tres años, la minera, que pretende instalar una mina de oro y plata a cielo abierto sobre las concesiones, intentó diversas estrategias para que el juicio concluyera sin sentencia, y evitar así una condena al Estado Mexicano y la revisión de la Ley Minera; pero no lo logró. Finalmente, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla deberá estudiar el fondo del asunto, y analizar no sólo las violaciones perpetradas por la Secretaría de Economía, sino también las cometidas por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República al haber emitido desde 1992 una Ley Minera contraria a derechos de pueblos indígenas y de núcleos agrarios.

Ahora el Juzgado dictará sentencia, la cual será relevante no sólo para Tecoltemi, sino también para los pueblos originarios y los ejidos del país que están defendiendo la vida de sus comunidades ante la imposición de megaproyectos como la minería, que devastan el medio ambiente, el agua y la salud de las personas.

Firma la petición en change.org http://chng.it/tNGyZVRqrL

Contacto:
consejotiyattlali@gmail.com Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar: dianaa@fundar.org.mx

 

Conferencia de prensa: Se pronuncian contra megaobras en CDMX; exigen atención y seguimiento

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • El colectivo Vecinos Unidos se pronuncia ante la falta de prevención de riesgos en obras del Tren Interurbano México-Toluca, ampliaciones del metro, CETRAM Observatorio y obras complementarias e inducidas en zonas minadas Vecinos de Observatorio (Álvaro Obregón) exigen interlocución directa en los tres niveles del nuevo gobierno.
  • La imposición de estos megaproyectos constituye una más de las diversas problemáticas que el nuevo gobierno hereda de las administraciones anteriores, durante sus respectivas campañas electorales, la hoy alcaldesa Layda Sansores en Álvaro Obregón, y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometieron a revisar todo acto de corrupción e ilegalidad en los megaproyectos.
 Participan: Integrantes del Vecinos Unidos Zona Poniente y Vecinos de la Colonia José Ma. Pino Suárez (Mirador)
 Convocan: Vecinos Unidos Zona Poniente y Vecinos de la Colonia José Ma. Pino Suárez (Mirador)
Fecha: Jueves 31 de Enero
Hora: 11:00 horas
Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social

Conferencia de prensa: Vecinos Unidos Zona Poniente denuncian riesgos en construcción del tren interurbano México-Toluca



Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

· Vecinos Unidos Zona Poniente denuncian los riesgos en la construcción del Tren interurbano México-Toluca. Estos riesgos se agudizan e incrementan por el tipo de suelo donde existen minas y que no es apto para megaobras, debido a la existencia de fracturas y fallas geológicas en los lugares donde se desarrollan las obras del megaproyecto, lo cual pone en peligro la vida de miles de personas.

· Las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, así como las autoridades federales y locales, no han logrado mostrar y acreditar públicamente las medidas correspondientes a la prevención de riesgos tanto en materia de protección ambiental, riesgos y daños hidrológicos, como en materia de protección civil.

Participan:
· Integrantes de Vecinos Unidos Zona Poniente

Convocan:
· Vecinos Unidos Zona Poniente

La cita:
·La cita: Miércoles 29 de noviembre de 2017, a las 12:30 horas.

·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.


Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Xochicuautla: caminos de asfalto que separan vidas

Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 27 de abril de 2017.

El grito de auxilio de comunidades indígenas para no perder lo que les está siendo arrebatado ha convertido al país en un campo de batalla que golpea tradiciones y destroza espacios sagrados.

La esperanza reside en que estos despojos generen un incendio en la conciencia social y triunfe la justicia; sin embargo, muchas veces, la lucha dura décadas, mientras lenta y silenciosamente la depredación se llevan a cabo bajo la bandera del “progreso”.

Para la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, localizada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, la resistencia lleva al menos diez años de lucha: la defensa de su territorio, derechos humanos y tradiciones se mantiene en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La herida fue provocada por el decreto de expropiación de 38 hectáreas de bosque, para ellos sagrado, pues es la fuente de los recursos que les permiten cultivar y vivir. Al inicio, como suele suceder, los intentos de negociación y compra de terrenos y conciencias por parte de las constructoras son uno de los pasos comunes; y luego, no es de sorprender que ante la resistencia, el siguiente movimiento sea el despliegue de cuerpos policíacos al servicio y defensa de los intereses del gobierno y las constructoras.

La intimidación legal y física logra en algunos casos su propósito: la retirada; pero, en el caso de Xochicuautla, la organización comunitaria obtuvo dos amparos en 2015 para frenar el agresivo proyecto. La respuesta del poder llegó en 2016: cuerpos policiacos estatales sitiaron la comunidad, el campamento de resistencia fue desalojado, muchos habitantes resultaron golpeados y las viviendas ubicadas sobre el trazo de la autopista, y que contaban con amparos por parte de los propietarios, fueron demolidas.

La presión social que había funcionado como apoyo frenó temporalmente el proyecto, pero el pasado 24 de abril cuerpos policíacos del gobierno estatal y personal de Grupo Higa acudieron a Xochicuautla e irrumpieron en la asamblea comunal para incidir en la elección del nuevo Comisariado de Bienes Comunales. La advertencia sobre vínculos de la nueva directiva con el gobierno actual no tardó en conocerse, y ahora se teme que se retome el proyecto que se encontraba a 65% de su avance, pese a los recursos legales de la población.

Ante este ecocidio, la división generada no solamente es física —con una autopista que separa familias—, también se ha desgarrado la comunidad y se han fragmentado sus raíces. La historia de abusos a los derechos de los pueblos indígenas ocurre cada vez con mayor frecuencia; y crecen los peligros que enfrentan las comunidades que permanecen en resistencia ante a la devastación de sus recursos naturales.

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Pueblos wixárika y nayeri en contra de la afectación a sus sitios ceremoniales en Río San Pedro

Foto: Alfredo Martínez Fernández

Por Redacción/Desinformémonos

Los pueblos nayeri, cora, huichol y wixáricas se unieron a finales de mayo para realizar una ceremonia en el sitio sagrado Keeyasta, localizado en el Río San Pedro en Nayarit, uno de los últimos ríos vivos de México amenazado por la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De construirse, la presa inundaría 15 sitios ceremoniales destruyendo su cultura y la naturaleza del río, alterando las marismas y manglares en su desembocadura en el Océano Pacífico. Según lo reconoce la misma manifestación de impacto ambiental: “la afectación a los sitios ceremoniales no es mitigable”.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias, en representación de los pueblos wixárika y nayeri presentaron un amparo en contra de la planeación, construcción y operación de la presa hidroeléctrica Las Cruces, en el cauce del río San Pedro, en el estado de Nayarit.

La solicitud de amparo señala que el proyecto Las Cruces viola su derecho a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano, al pretender construir dentro de su territorio sagrado, en la cuenca del río San Pedro, una cortina de 188 metros de altura que impactará más de 4 mil 500 hectáreas, y modificará por completo y de manera irreversible la hidrografía, la morfología, los sedimentos y minerales, y la fauna y la flora de su territorio ancestral al que acceden para llevar a cabo sus tradiciones culturales y espirituales.

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Desalojos, ecocidio y crisis hidráulica provocaría el Tren interurbano México-Toluca: Colectivo de Vecinos de zona Poniente

Por Pablo Galicia

Representantes de al menos 13 colonias populares de la zona poniente de la CDMX denunciaron que el proyecto del Tren interurbano México-Toluca traerá consigo ecocidio y crisis hidráulicas (incluso peores que las actuales) en la mayor zona abastecedora de agua del Valle de México.

Con ayuda de especialistas y académicos señalaron las afectaciones a la biodiversidad de la zona (principalmente aves y árboles), así como el nulo interés que el gobierno de la ciudad muestra en la conservación de estas especies.

Además, mencionaron que las instancias gubernamentales a cargo de la revisión de este tipo de obras tienen conocimiento sobre los riesgos a los que se enfrentan los habitantes de la zona, como socavones y derrumbes, ya que el terreno no es estable para la construcción, aunado a la pérdida de capacidad para almacenar agua en el subsuelo y un aumento significativo en los niveles de contaminación.

El colectivo hizo énfasis en que los funcionarios públicos implicados en la construcción de este megaproyecto nunca han tomado en cuenta la situación de las colonias populares de la zona poniente como lo hacen con las zonas residenciales y temen que en varias de ellas se den desalojos inminentes de sus viviendas, incluso con uso de violencia en colonias como: Liberales, El Capulín y Acueducto por mencionar solamente algunas, ya que se encuentran ubicadas dentro de zonas de terrenos federales.

Los vecinos concluyeron mencionando que el gobierno pretende justificar estas acciones diciendo que 300,000 personas se verán beneficiadas a diario por este proyecto de movilidad sin importar que 14,000 vecinos podrían perder sus viviendas además de daños irreparables al ecosistema, y haciendo una petición para que se respeten sus garantías y derechos básicos.