Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. 

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.   

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.  

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.  Esto también  afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección. 

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral. 

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias. 

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad. 

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. 

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas. 

 

 

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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MÉXICO: Informe expone ataques sistemáticos contra personas defensoras de DDHH y periodistas en el marco de la pandemia

Espacio OSC

 

  • El informe sobre la situación de personas defensoras y periodistas en México sostiene que la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México es más urgente que nunca.
  • Al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020.

Al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020, 7 mujeres y 23 hombres, por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.

El informe, desarrollado por el Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), plantea que en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan nuevas condiciones de riesgo, además de limitaciones para desempeñar su labor debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Este deterioro de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión se da un contexto en el que resulta indispensable contar con escrutinio público y controles colectivos ante las medidas adoptadas por distintos niveles de gobierno que han restringido o directamente violado derechos humanos.

Entre las medidas adoptadas por el Estado que requieren un ejercicio de escrutinio y control público y de órganos de protección internacional destacan las políticas de austeridad, las cuales afectan a instituciones y fondos de atención a los derechos humanos como el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas; la formalización del despliegue de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad; el enfoque punitivo desproporcionado y las arbitrariedades cometidas por autoridades de distinto nivel. Estas prácticas se dan en el contexto de la aplicación de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria; el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones; la continuidad de las políticas de desarrollo extractivo a través de megaproyectos;  las medidas de control migratorio; y la sostenida crisis de desapariciones en el país.

Aún cuando el contexto demanda el pleno ejercicio de la defensa de derechos humanos y la libre expresión, las condiciones para hacerlo se han deteriorado. Según información de la RNDDHMX, entre enero y junio de 2020, 266 mujeres y 42 colectivos experimentaron agresiones por su labor. Por su parte, quienes ejercen el periodismo fueron víctimas de 63 agresiones tan solo en el periodo entre marzo y junio de 2020. Los recursos para exigir derechos se vieron afectados por la suspensión de términos judiciales y plazos de solicitud de información, impactando desproporcionadamente a las personas defensoras del territorio mientras se permitía la continuidad de megaproyectos; y a las personas que acompañan a la población migrante. Por su parte, cuatro asesinatos de defensoras trans marcaron un año particularmente crítico para la comunidad LGBTTTIQA+. Finalmente, las víctimas y familiares en labores de búsqueda vieron afectadas sus actividades por el impacto económico de la pandemia y las dilaciones por parte de autoridades.

El informe concluye con la demanda al Estado Mexicano de acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en esta crisis.

De manera particular, la investigación insta a las autoridades a reconocer el trabajo de las mujeres defensoras por una sociedad más justa y equitativa, además de exigir investigación y sanción a las personas responsables de las agresiones contra personas defensoras y periodistas en el año 2020.

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