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Seguridad para periodistas en México, una necesidad lejana a la realidad

Imagen: Cencos

 

Erika Díaz/Cencos

Es bien sabido que México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la labor periodística, sin embargo, muchas personas aún desconocen la existencia de un mecanismo creado para su protección, el cual a 11 años de haber sido creado, sigue contando con fallas que no han permitido que cumpla plenamente su propósito. Con el propósito de esclarecer algunas dudas, hablaremos más sobre ello a continuación.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en el año 2012 como resultado de la situación de riesgo y vulnerabilidad vivida por personas defensoras y periodistas en México, a partir de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Cabe mencionar que ambos fueron resultado de la iniciativa y el trabajo continuo de varias organizaciones de derechos humanos y periodistas que se unieron para formar el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC).

Dicho mecanismo se creó con la misión de “proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor1”, y por lo tanto sus objetivos también son garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de las personas que se integren a él por cuestiones de seguridad y protección2.

Sin embargo, a pesar de su existencia, éste cuenta con fallas, además de que no responde a realidades locales y resulta insuficiente como única medida de protección para periodistas a nivel federal.

En cuanto a las fallas del Mecanismo, en 2019, a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó el “Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo”, del cual se desprenden 104 recomendaciones para su fortalecimiento. Entre ellas se encuentran las siguientes3:

  • Insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación. Habría que mencionar que este hecho impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente.
  • Falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno. Sin la existencia de protección integral y la participación de las autoridades pertinentes, las personas beneficiarias reciben una protección limitada ante la situación de riesgo que enfrentan.
  • Falta de herramientas y capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.
  • Un gran número de medidas no se implementan de manera adecuada o en su totalidad.
  • No hay un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para la protección de las personas afectadas. Esta situación provoca mayores retos al momento de asegurar la necesaria coordinación y corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.
  • Carece de criterios de actuación adecuados para condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos, así como para dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal y para iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.

A cuatro años del diagnóstico, continúan las deficiencias del Mecanismo, llevando a que sean las organizaciones de derechos humanos las que continúen dando visibilidad tanto al Mecanismo para exponer sus fallas y dar un llamado a las autoridades para que se involucren, como a la importancia de la protección de personas defensoras y periodistas en México.

Un ejemplo de ello es que recientemente se llevó a cabo el “Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” por parte del Espacio OSC, en el cual especialistas recalcaron la importancia de contar con políticas públicas de protección que incidan en la existencia de entornos seguros para el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de defensa tanto en México como en los demás países de América Latina.

Acerca del Mecanismo de Protección, Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica, comentó que hasta el momento no ha logrado dar los resultados para los cuales fue creado, además de que ha fallado en incorporar el efecto preventivo, así como el enfoque de género y el interseccional. De igual forma, habló sobre la importancia de posicionar en un primer lugar la política pública criminal para atender delitos contra periodistas, la cual “tiene que arropar, tiene que integrar el modelo de protección porque no habrá mecanismo que alcance ni recurso suficiente que lo haga sostenible si los agresores siguen en las calles porque las fiscalías no hacen su trabajo. De hecho, si las fiscalías hicieran su trabajo, no habría necesidad de tener un Mecanismo4.”

Por su parte, Lucía Lagunes, directora del Centro de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo, hizo hincapié en la importancia que tiene la sociedad civil en el fortalecimiento y monitoreo de las políticas de protección. “La fuerza que tenemos las propias organizaciones se respalda con los hechos. […] Hemos aprendido que hay que romper los muros de una institución y colocar la institucionalidad del Estado mexicano a favor de una política de protección integral que garantice efectivamente que la vida y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas esté protegida, y que hacer la tarea que tenemos que hacer por el compromiso que tenemos se puede hacer en libertad y sin que eso implique que perdamos la vida5.”

Finalmente, resulta lamentable que las personas estén siendo asesinadas por motivo de su labor informativa y que tanto el mecanismo designado a proteger periodistas y personas defensoras como el Estado minimicen la situación de violencia que viven y no tengan respuesta alguna frente a las fallas ya mencionadas. Pareciera ser como si las más de mil personas incorporadas actualmente al Mecanismo fueran pocas, cuando realmente no debería haber ni una sola persona incorporada.

Hasta ahora, el gobierno mexicano ha fallado en cumplir su obligación de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de proveer un entorno seguro y respetar los derechos humanos de periodistas, así como en generar las condiciones propicias para un periodismo libre de violencia en el país, y con ello convirtiendo la seguridad de periodistas y personas defensoras en una necesidad lejana a la realidad.

 

1 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

2 Para conocer el funcionamiento del Mecanismo, recomendamos leer la publicación Mecanismo de Protección: ¿Qué es, cómo funciona y cómo ser beneficiario?, de Artículo 19: https://bit.ly/43oQn1Q

3 Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, 2019

4 Sara Mendiola, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

5 Lucía Lagunes, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

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Personas defensoras y periodistas hacen un llamado a tomar acciones urgentes ante la violencia que enfrentan en Chihuahua

Espacio OSC

Ciudad de México / Chihuahua, 21 de julio de 2022.

Los días 19 y 20 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, el noveno diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Especializada de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada, la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de Chihuahua, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este es el noveno diálogo que se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California, Jalisco y Michoacán, los cuales tienen el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, pero enfatizando las necesidades específicas del contexto, en este caso del estado de Chihuahua.  

Durante el evento las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resaltaron que los altos índices de violencia para frenar su labor provienen principalmente por funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, que directa e indirectamente y en colusión con grupos criminales obstaculizan su labor mediante agresiones, entre las cuales destacaron: homicidios, amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, campañas para denostar su trabajo, detenciones arbitrarias, hasta el cierre de espacios de participación.

Estas violaciones han generado falta de confianza en las instituciones de gobierno estatal, por lo que se insistió en que si bien las instancias municipales y estatales tienen el deber de garantizar su seguridad y protección, estas no pueden quedar a su cargo por ser las principales agresoras/es y fuentes de riesgo para personas defensoras y periodistas. Ante este panorama, hicieron hincapié en la necesidad de que las instancias estatales y el Mecanismo Federal generen acciones de capacitación dirigidas a las instancias municipales de gobierno y seguridad pública, así como promover sanciones administrativas, penales y políticas frente a los agravios que estos cometan. De igual manera personas beneficiarias del Mecanismo de Protección instaron a la Secretaría de Gobernación, a revisar las medidas y planes de protección y esclarecer cómo se tramitarán sus solicitudes de incorporación en situaciones de riesgo, tanto individuales y colectivas, y las dependencias encargadas de su protección.

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo, y por ende la ausencia de periodistas e integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos. Ante el descontento y exigencia de parte del gremio periodístico, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a fortalecer la convocatoría e invitación a otro espacio de discusión sobre la propuesta de Ley en Chihuahua, para el próximo 23 de agosto, en coordinación con las instancias estatales.

Por último, hicieron énfasis en la urgencia de establecer claridad en la responsabilidad técnica y política del gobierno estatal, así como construir acciones que reconozcan, garanticen, y fortalezcan la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos; a seguir fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH y por parte de organizaciones de la sociedad civil, el fortalecimiento de la Unidad Estatal de Protección y su coordinación con la federación; así como de posibilitar la real participación de las personas defensoras y periodistas durante todo el proceso de discusión, elaboración e implementación de las acciones de protección, para garantizar que sus demandas sean recuperadas en la iniciativa de Ley y en el fortalecimiento del Mecanismo de Protección. 

 

Para medios

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. 

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.   

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.  

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.  Esto también  afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección. 

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral. 

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias. 

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad. 

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. 

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas. 

 

 

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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Organizaciones y periodistas logran que SEGOB se comprometa a abrir foros en regiones de Oaxaca

Espacio OSC

Urge abrir diálogo en las regiones frente a la exigencia de la sociedad civil por la alarmante situación de agresiones y violencia contra personas defensoras y periodistas.

Ciudad de México / Oaxaca 18 de febrero, 2022 

Los días 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, el segundo Foro Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Oaxaca, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Oaxaca.

Es el segundo foro regional, luego del que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el mes de enero. El objetivo fue analizar la propuesta de Ley General impulsada por Segob, realizar aportes y sugerencias frente al contexto particular de Oaxaca. 

Durante el evento, las personas defensoras y periodistas denunciaron la grave situación que se vive en la entidad, recordando que Oaxaca se encuentra de luto por el asesinato del periodista Heber López ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, y recordaron también que en México han sido asesinados en 2022 al menos cinco periodistas y dos personas defensoras. De allí que reconocieron la importancia de estos espacios para la búsqueda de acciones interinstitucionales en todos los niveles de gobierno para atender al contexto de violencia y límites a la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico que aqueja al país desde hace más de una década, el cual, se ha agravado durante el actual sexenio de gobierno Federal y Estatal.

Las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas denunciaron en el foro, el desinterés que mostró el Gobierno del Estado, debido a que únicamente acudieron algunos funcionarios sin capacidad de decisión y se evidenció la ausencia del Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Javier García López, de la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán así como del Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo.

También señalaron que la propuesta de una Ley General no puede ser la única respuesta al contexto de crisis y alto riesgo que se vive en Oaxaca y México para las personas defensoras y periodistas, y que se debe de dar seguimiento a iniciativas y esfuerzos anteriores, como las 104 recomendaciones de la ONU-DH dirigidas al Mecanismo de Protección y al Estado, y promover reformas a marcos normativos a nivel nacional y estatal que inhiban la labor de personas defensoras y periodistas. 

Recalcaron que es fundamental que se fortalezcan capacidades y se siga garantizando un papel preponderante de la Federación en garantizar la protección de personas defensoras y periodistas frente a la total falta de confianza en el Gobierno del Estado, quien en muchas ocasiones es el responsable de las agresiones a personas defensoras y periodistas, sea por haber cometido la agresión o por encubrir y no investigar. 

Insistieron en la importancia de garantizar una participación amplia en estos espacios, garantizando que se escuche y reconozca la diversidad y particularidades de la defensa de derechos humanos y libertad de expresión en un estado como Oaxaca donde los riesgos y necesidades se dan en particular en contextos comunitarios e indígenas, que deben de ser analizados desde un enfoque colectivo, comunitario y desde el mismo territorio.

Las y los representantes de la sociedad civil que participaron durante los dos días fueron reiterativas en que los dos aspectos indispensables para la prevención y la protección a personas defensoras y periodistas, son garantizar recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de una nueva ley, así como avanzar hacia la erradicación de la impunidad, garantizando mecanismos eficaces y vinculantes para el castigo a las autoridades responsables de las agresiones, sea por acción u omisión. A su vez, las organizaciones señalaron que hace falta un análisis real sobre las necesidades y la idoneidad de crear  un nuevo marco normativo que garantice que las entidades federativas y municipios puedan tener  las capacidades institucionales para actuar conforme su deber de protección.

Al finalizar el foro, la Segob se comprometió a dar continuidad al diálogo en Oaxaca y a: 

  • Garantizar participación amplia en los foros regionales que se seguirán desarrollando en todo el país.
  • Organizar foros en las diversas regiones del estado de Oaxaca con el fin de acercar esta discusión y escuchar las voces de todas las personas defensoras del estado, en particular las que se encuentran en contextos comunitarios y rurales.
  • Generar una mesa conjunta con organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera amplia la situación de personas defensoras y periodistas en la entidad, más allá de la propuesta de una ley general. 

Las organizaciones, personas defensoras y periodistas que suscriben daremos seguimiento puntual para que se garantice el cabal cumplimiento a los diversos acuerdos alcanzados, así como también se adapte la metodología de los próximos diálogos con base las realidades en las diversas regiones del país.

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH Vitoria), Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (PC), Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (ODHP), Red Chimalli por los derechos de todas y todos, Proyecto de Derechos Económicos, Social (ProDESC), Alberto Xicotencatl Carrasco – Defensor de ddhh, Bernardina Santiago López, Daniela González López, Lucia Lagunes Huerta, Nadia Altamirano Díaz, Pedro Matías – Periodista, Rocío Flores, Soledad Ortiz Vásquez, Soledad Jarquín

 

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AMLO lo ataca, pero Mecanismo de Protección reconoce trabajo de Artículo 19

Redacción/Animal Político

Luego de que el presidente criticara a la organización, el Mecanismo de Protección, que es parte del gobierno federal, destacó su trabajo.

El mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la organización Artículo 19, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconoció su labor, fundamental para la defensa de periodistas en el país. 

La Junta está integrada por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Consultivo Ciudadano.

“El Mecanismo de Protección reconoce el papel de las personas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el acceso a la información para una democracia y para la prevalencia del Estado de Derecho”, señaló la Junta en un comunicado.

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OSC´s hacen un llamado a aprobar reforma de Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y garantizar recursos suficientes para su implementación

SERAPAZ/Espacio OSC

Imagen tomada de la página web de Espacio OSC
  • El ESPACIO OSC reconoce el avance y voluntad de la Comisión de Gobernación y Población al aprobar el dictamen de reforma a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • Preocupa la postura negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar recursos que prevengan más asesinatos y agresiones contra personas defensoras y la prensa.
  • Se hace un llamado al pleno de la Cámara de Diputados y al Senado de la República para aprobar la reforma a la ley de Protección, que es un un paso en la creación de una política de Estado que además de proteger, prevenga y sancione las agresiones contra personas defensoras y periodistas. 

El día 22 de septiembre la Comisión de Gobernación y Población de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas así como la abrogación de Ley sobre Delitos de Imprenta.

Este esfuerzo es importante para el colectivo de organizaciones que conforman al Espacio OSC quién desde el año 2012 monitorea la implementación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e impulsa acciones para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección que creó dicha Ley.

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Gobierno peñista incumplió e ignoró recomendaciones sobre defensores de derechos humanos, acusa colectivo

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto ignoró 14 recomendaciones y cumplió parcialmente con otras 42, que emitieron organizaciones de la sociedad civil en julio pasado con el objetivo de proteger a los defensores de derechos humanos en el país.

Entre las instancias que incumplieron con las recomendaciones, el colectivo Espacio OSC destacó hoy a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Procuraduría General de la República (PGR) y las entidades federativas.

El Mecanismo de Protección de orden federal aún carece de personal adecuadamente capacitado, de presupuesto suficiente, así como de una política de transparencia proactiva y de rendición de cuentas”, deploró el colectivo.

En un informe que publicó en julio pasado, Espacio OSC pidió a la PGR que impulsara un protocolo para investigar y castigar los delitos perpetrados contra los defensores de derechos humanos, y permita el acceso a la justicia a los activistas y periodistas desplazados.

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Posicionamiento ante cambios en la Secretaría de Gobernación

Ante la crisis de derechos humanos que ha puesto a México en el primer plano de atención y críticas nacionales e internacionales, el entorno de seguridad y violaciones de derechos que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México es por demás grave. 2017 fue el año más violento para estos sectores, por lo que los esfuerzos para su protección deben continuar y fortalecerse ante los retos que se anticipan en el próximo proceso electoral.

 

La participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la construcción de un régimen de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que dé respuesta a las necesidades actuales. Ante los recientes cambios al interior de la Secretaría de Gobernación, particularmente lo que atañe a la titularidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil que hemos dado monitoreo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), el acompañamiento de casos y la exigencia de justicia para aquellos que fueron silenciados por su labor y sus familias, expresamos lo siguiente:

 

Reiteramos la urgente necesidad de que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se continúe el compromiso con la garantía y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a través del diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos, condiciones indispensables para el fortalecimiento de un Estado democrático.

Hemos presenciado la importancia del funcionamiento del Mecanismo de Protección, las áreas de oportunidad y los retos en los que las organizaciones contribuimos desde el diálogo, la evaluación y el monitoreo para dar transparencia a los procesos e impactos en la vida de las personas a quienes debe proteger.

La construcción de este esfuerzo sólo ha sido posible mediante la voluntad política, el compromiso manifestado con acciones sustantivas para la mejora del Mecanismo y la apertura de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos para escuchar las distintas voces de sociedad civil.

Por todo lo anterior, exigimos:

  • Continuidad y fortalecimiento al Mecanismo para que pueda contar con las herramientas y recursos necesarios que permitan dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Voluntad política que se traduzca en acciones contundentes que prevengan y sancionen las agresiones contra estos actores democráticos en el marco del proceso electoral.
  • El reconocimiento expreso de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como un como un problema estructural en el que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de responder ante las exigencias de la sociedad civil y garantizar sus derechos y seguridad más allá de coyunturas políticas.

Atentamente,

Organizaciones:

Aprender Primero A.C.

Arkemetria Social, A.C.

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C.

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica

Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)

Colectivo Ciudadanía Informada y Activa

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH

Enjambre Digital

FIAN México

Fronteras Comunes AC

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Iniciativa 574

Jóvenes ante la Emergencia Nacional

Mexicanos Primero A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Nueva Constituyente Ciudadana Popular

Observatorio Nacional Ciudadano

Ojos de Perro vs. la Impunidad AC

ONEA México

REDIM Red por los derechos de la Infancia en México

Reporteros Sin Fronteras

ReverdeSer Colectivo A.C.

SEDEPAC

SERPAJ-México

Personas:

Alberto Athié

Aram Barra

Carlos Cruz Santiago

Daniel Gershenson

Daniel Giménez Cacho

Emilio Álvarez Icaza Longoria

Enrique González Ruiz

Ixchel Cisneros Soltero

Jesús Robles Maloof

José Carrillo Osorio

José Enrique González Ruiz

José Guadalupe Carrillo Osorio

Juan Pablo Espinosa de los Monteros

Layda Negrete

Magdiel Sánchez Quiroz

Norma Sánchez

Pietro Ameglio

Témoris Grecko

Viviana Pineda Partida

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El Gobierno mexicano fracasa en su intento de proteger a periodistas y activistas

Foto: EFE

Por Redacción/El País

El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas creado a mediados de 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor estuviesen en riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su implementación, según las acusaciones periodistas y activistas acogidos a los distintos métodos de seguridad. Las fallas técnicas en algunos de los equipos como teléfonos y botones de pánico y la burocracia para acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las quejas principales que continúan prevaleciendo a cinco años de su implementación.

Un ejemplo de las fallas presentadas es el caso de Gabriel (nombre ficticio por cuestiones de seguridad), un reportero del norte del país que fue sacado de su Estado ante las amenazas de un grupo del crimen organizado. Después de tres meses de exilio se realizó una nueva valoración de su caso y se decidió que podía regresar a su lugar de origen. Se le brindó un teléfono para que se comunicara a un número en caso de emergencia. “Un día hombres armados comenzaron a darle vueltas a mi casa, estaban mis hijos y mi esposa ahí, y llamé al número que me dieron, pero me tuvieron esperando en la línea, que no sabían de qué mecanismo les hablaba, que marcara otra extensión… en fin, la policía llegó una hora después cuando estos sujetos ya se habían ido, fue una hora de terror para mi mujer y mis niños”, según cuenta a este diario.

El 25 de junio de 2012 se creó la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que obligaba al Gobierno mexicano a crear un mecanismo que contemplara medidas urgentes con el fin de resguardar la integridad de las personas adscritas al programa. También preveía acciones preventivas para evitar la consumación de las agresiones. Actualmente hay alrededor de 500 personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas, teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección, rondines, resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para alimentación, entre otras.

Pilar Tavera Gómez, integrante del consejo consultivo del mecanismo, dice que entre los problemas que refieren los beneficiarios son los relativos a las fallas técnicas de los aparatos. “Las cámaras de video vigilancia y el botón de emergencia no funcionan bien. También hay mucha desconfianza: mucha gente que dice yo no quiero entrar al mecanismo porque no confío”, cuenta. Hay otros problemas de fondo, donde la protección no es suficiente porque los recursos del agresor superan la protección que puede dar el mecanismo, sobre todo en casos relacionados al crimen organizado, abunda. “Hay otros temas estructurales donde el problema no se resuelve desde una oficina de Gobierno, porque debe pasar por el acceso a la justicia y que no haya impunidad, agrega.

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