Desvíos en Sedatu que involucran a Rosario Robles, ligados a red de empresas fantasma de Javier Duarte

Redacción/Aristegui Noticias

En las actas de 5 empresas por las que transitó el dinero saqueado de Sedatu entre 2016 y 2017 aparece Alfonso Gómez Méndez, dueño de un despacho contable involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Por Raúl Olmos

Una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, tiene una liga con Javier Duarte.

En las actas de cinco empresas por las que transitó el dinero saqueado de Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, un vecino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Esas cinco empresas, a su vez, están ligadas con otras seis que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, de acuerdo con un cotejo de documentos realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Toda esta red tiene su base de operaciones en Chiapas y es distinta a la que el pasado 11 de septiembre reveló el diario Reforma.

De acuerdo con la investigación de Reforma, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

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Exhiben información reservada de PGR: Odebrecht sobornó con cinco mdd a Pemex para contrato millonario

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2013 y 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó un contrato por mil 436 millones de pesos a Odebrecht, al tiempo que se registró la transferencia de cinco presuntos sobornos por cinco millones de dólares de la empresa brasileña a la dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya.

En un cotejo de documentos realizado por el reportero Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la carpeta de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) -reservada hasta el año 2021-, se revela:

Al día siguiente de que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para el contrato de la modernización de la refinería de Tula, el departamento de sobornos de la constructora brasileña transfirió desde el Meinl Bank de Antigua un millón de dólares a una cuenta en el Neue Bank AG, en Liechtenstein, a nombre de la empresa offshore Zecapan SA, que según los delatores en Brasil, estaba ligada a Emilio Lozoya, lo cual él ha negado reiteradamente.

Según la investigación de MCCI, la brasileña Odebrecht presentó su propuesta a Pemex el 2 de diciembre de 2013 y la transferencia del soborno se realizó un día después.

Ocho días después, el 10 de diciembre, la dirección de Pemex refinación avaló la excepción a la licitación pública, y ese mismo día una empresa offshore de la oficina de sobornos transfirió 480 mil dólares a la misma cuenta en el Neue Bank de Liechtenstein.

El fallo a favor de Odebrecht lo emitió Pemex a los tres días.

En los meses siguientes fluyeron más sobornos, que coincidieron con la formalización del contrato, de acuerdo con los documentos checados por MCCI.

El 27 de enero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Emilio Lozoya, aprobó los términos y condiciones del contrato y al día siguiente la subdirección de proyectos del área de refinación, a cargo de Jesús Lozano Peña, elaboró el dictamen de adjudicación directa para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

El contrato fue firmado finalmente el sábado 15 de febrero de 2014, y en los siguientes días el operador de la oficina de sobornos, identificado como “Gigolino” (identidad de Olivio Rodriguez Júnior) ordenó tres transferencias a la cuenta de Zecapan SA en el Neue Bank de Liechtenstein:

Un depósito por un millón 350 mil dólares fue ordenado el 21 de febrero (a los seis días de la firma); otro el 11 de marzo por un millón de dólares y uno más el 17 de marzo por un millón 170 mil dólares.

Según el cotejo de documentos, en noviembre de 2014 hubo otras transferencias que coincidieron con dos ampliaciones consecutivas al contrato en Tula por 879 millones de pesos.

Pemex reservó hasta el año 2021 cualquier documento relacionado con la asignación directa del contrato de la refinería de Tula a Odebrecht, con el argumento de que forma parte de las investigaciones que realiza la PGR.

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Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias

Por Redacción/Animal Político

Un colectivo de ocho organizaciones de la sociedad civil interpuso un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, como parte de una estrategia que será replicada en el resto de los estados para que hagan públicas todas las sentencias y se pueda evaluar la forma en que se hace justicia.

“Se merece la violencia porque parece un hombre”, se lee en la sentencia que un juez de Campeche emitió por violencia de género en contra de una mujer. “Como es una persona que no sabe qué es normal y qué no, no podemos decir que se tratara de una violación”, aporta un juez de Yucatán en sentencia por doble agresión sexual contra una mujer indígena con discapacidad. “Hubo exceso de legítima defensa”, asevera un juez de Ciudad de México en sentencia por violación a una mujer que durante el ataque alcanzó a herir a su agresor.

Estas resoluciones judiciales forman parte de una lista que ha logrado recabar la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en sentencias de jueces, a las que ha tenido acceso a través del trabajo colaborativo con organizaciones locales que llevan los litigios..

Las tres pueden ser ejemplo de lo que ocurre a la hora de impartir justicia a nivel nacional. O no. Esto no se sabe porque los poderes judiciales de las entidades federativas se han escudado en el argumento del “interés público” para afirmar que ninguna de las sentencias lo es y así violar el derecho de acceso a la información, explica la organización.

Por esa razón, el pasado viernes 23 de marzo, un colectivo integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar interpusieron un juicio de amparo en contra de los 46 jueces y magistrados de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, del estado de Zacatecas, así como contra otras autoridades incluido el gobernador, el magistrado presidente y el titular de la Unidad de Transparencia de la entidad, por no cumplir con su obligación de hacer públicas en el Portal Nacional de Transparencia las sentencias que han emitido.

Las OSC decidieron empezar con este estado porque forma parte de un grupo de entidades que desde hace dos años no publican una sola sentencia. Y escogieron solo dos municipios “para que (no salgan) con el argumento de que necesitan notificar al juez de Sombrerete, Zacatecas, y se tomen más tiempo. Una vez avanzado el litigio, se promoverá la demanda en contra del resto de los jueces (105 en total en la entidad)”, explica Gerardo Carrasco de MCCI.

La importancia de que estas disposiciones sean públicas quedó demostrada con el caso del llamado juez “Porky”, dice Carrasco. “Si se pudo saber de eso, es porque el Poder Judicial de la Federación sí cumple con la obligación de publicar sentencias, por eso se supo lo que estaba pasando en ese juzgado y el juez no tuvo de otra más que intentar mejorar su actuar, por el escrutinio de la sociedad. Lo que queremos es que en Zacatecas se haga esto y replicar la estrategia en los demás estados”.

 

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La multiplicación de las tarjetas: Bansefi clona damnificados del terremoto

Por Redeacción/Animal Político

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) localizó a cinco damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 14 tarjetas.

A casi tres horas de Tuxtla Gutiérrez, en la comunidad de Tenochtitlán, Villaflores, Reynaldo Molina Espinoza trata de que su casa de adobe siga en pie cuatro meses después del terremoto. La noche del 7 de septiembre de 2017, el sismo de magnitud 8.2 sacudió tanto a su vivienda que algunos muros se deshicieron como si fueran un mazapán. Las tejas y maderas que daban forma al techo, cayeron. El hombre de 56 años lleva varias semanas reconstruyendo esa casa que en su fachada aún tiene pintada de rojo la letra “D”, marca que según le dijeron los peritos determinaba que esa construcción debía ser demolida. Reynaldo decidió no tirarla y lo hizo por una razón práctica: como damnificado por el sismo sólo recibió una tarjeta con 15 mil pesos, “con eso no alcanza para hacer de nuevo la casa”.

Lo que Reynaldo Molina Espinoza no sabe es que en los registros del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) su nombre aparece en 34 tarjetas, a las cuales se les depositó un total de 510 mil pesos.

—¿Usted recibió más de dos tarjetas? —se le pregunta a Reynaldo, campesino que vive del cultivo de maíz y frijol.

—Yo sólo recibí una. A mí no me dieron más.

Como prueba, Reynaldo saca, de una bolsa de plástico, el sobre y el papel en donde venía la única tarjeta —cuyos cuatro últimos dígitos son 3892— que le entregó personal de Bansefi.

En una investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) —a la cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso—, el nombre de Reynaldo Molina Espinoza aparece como parte de 1,495 casos de damnificados a los que Bansefi emitió muchas más tarjetas de las que tenían derecho.

De acuerdo con esa pesquisa de 90 páginas, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para 1,495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3,079 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir poco más de 3.6 millones de dólares.

En la investigación de la autoridad bancaria se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos. Además, señala que otras 1,484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo.

 

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73 “empresas fantasma” en la red de Javier Duarte para financiar la campaña de EPN en 2012

Foto: Twitter @Javier_Duarte

Por Redacción/Aristegui Noticias

Al menos 16 de esas empresas obtuvieron fondos del gobierno de Javier Duarte por 371 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los supuestos dueños de la empresa ‘fachada’ de Veracruz que fue utilizada para el financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2012 están ligados a otras 73 compañías que forman parte de la red ‘fantasma’ surgida durante el gobierno de Javier Duarte.

Al menos 16 de esas empresas vinculadas obtuvieron fondos del gobierno de Duarte por 371 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Otras firmas de esta misma red eran utilizadas para simular licitaciones.

REFORMA informó ayer que Logística Estratégica ASISMEX, cuyos dueños residen en colonias populares de Veracruz, había sido utilizada en la campaña presidencial de 2012 para dispersar 18.4 millones de pesos entre 7 mil 311 representantes de casilla de siete partidos políticos, con el auxilio de otras 10 empresas presuntamente ‘fachada’.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que este esquema de financiamiento era ilegal, por lo que sancionó a los partidos involucrados. El 82% de los fondos fueron a dar a la campaña de la alianza PRI-Verde, que postuló en 2012 a Enrique Peña Nieto.

La red de socios

En un rastreo realizado ayer en el Registro Público de Comercio de Veracruz, MCCI localizó los vínculos de ASISMEX con una amplia red de empresas ‘fachada’ utilizadas para saquear recursos públicos.

En el cotejo de actas se identificó que los supuestos dueños o prestanombres de ASISMEX, José Alfredo García Barradas y Juan Carlos Reyes León, son accionistas de otras 12 empresas, mientras que la apoderada legal Araceli Barragán Hernández participa en dos compañías más.

En esas 14 empresas, los operadores de ASISMEX están asociados con 15 residentes de colonias populares del puerto, y ellos a su vez aparecen en actas como supuestos dueños de otras 59 compañías en los estados de Veracruz, Oaxaca, Querétaro y Chiapas.

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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denuncia amenazas contra uno de sus colaboradores

Por Redacción/Animal Político

La organización reportó que hombres armados en una motocicleta amenazaron a uno de sus integrantes mientras caminaba en la calle.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que uno de sus colaboradores fue amenazado mientras caminaba por la calle.

La semana pasada, expone MCCI en un comunicado, dos hombres en una motocicleta se acercaron al colaborador al que amenazaron con una pistola y le exigieron su teléfono celular.
“Hasta ahí parecía un asalto de delincuencia común”, señala la organización, sin embargo, “antes de darse a la fuga apuntó el arma a la frente de nuestro compañero y afirmó: ‘Mejor bájale de huevos.’ Acto seguido se subió a la motocicleta y se marchó. Después de avanzar unos pocos metros aventó a la calle el celular”.

La organización levantó una denuncia formal ante el Ministerio Público, con número de expediente CI-FH/CUH-2/UI-2SD/05508/10-2017.

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