Por Redacción/Animal Político
La organización ARTICLE 19 ha registrado, de enero a junio de este año, un incremento de las agresiones contra la prensa en más de un 20%, comparado con el mismo periodo de 2016.
Durante el primer semestre de 2017, cada 15.7 horas ha sido agredido a un periodista en México, siendo los funcionarios públicos en el 50% de los casos los principales responsables de los ataques, de acuerdo con el último informe de la organización ARTICLE 19.
De enero a junio, la organización documentó 276 agresiones contra la prensa, incluyendo 6 periodistas asesinados y uno más desaparecido.
“Las cifras representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016 (218)”, apuntó la organización.
En la documentación de agresiones de la organización, dedicada a la defensa de libertad de expresión, destacan los asesinatos de las y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, atacados con armas de fuego y a plena luz del día.
También se documentaron 3 tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez, y a un periodista del cual se reserva su identidad.
En el segundo semestre de 2017, ARTICLE 19 había documentado dos asesinatos de periodistas: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz; y el de Luciano Rivera, ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California.
En total, en lo que va del año, la organización ha contabilizado 8 asesinatos de periodistas.
En el caso de Salvador Adame, director de Canal 6Tv, ARTICLE 19 lo considera desaparecido, después de que un grupo de hombres armados y encapuchados se lo llevara el 18 de mayo de 2017, del municipio de Múgica, Michoacán.
La organización no reconoce la versión de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, del pasado 26 de junio, en el sentido de que los restos humanos de Adame fueron ubicados en estado de calcinación, en un sitio conocido como Barranca del Diablo.
“Las autoridades informaron a la familia del hallazgo de los supuestos restos del periodista, tan sólo una hora antes de que el procurador del estado de Michoacán realizara una rueda de prensa sobre los hechos. Como resultado de lo anterior, la familia ha insistido en la necesidad de realizar un peritaje independiente frente a la desconfianza en los procedimientos y el trato recibido por parte de la Procuraduría local”, apuntó ARTICLE 19.
La familia del periodista, agregó, se ha enfrentado a situaciones de revictimización durante la investigación, particularmente la renuencia de las autoridades ministeriales de priorizar el trabajo de Adame como principal línea de investigación, para aclarar el crimen.
El recuento de las agresiones
De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, las agresiones más constantes, de enero a junio de 2017, son los actos de intimidación (67), amenazas (60), y ataques físicos o materiales (56).
Del total de amenazas, 19 fueron de muerte, 9 de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos. También se registraron 4 actos de intimidación, con armas de fuego.
Respecto a las agresiones físicas, se documentaron 43 casos de lesiones de periodistas, 37 de las cuales fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron 2 atropellamientos a periodistas.
Se registraron 9 allanamientos: 2 a oficinas de medios de comunicación, y 6 a domicilios de periodistas. Nuevamente, la Ciudad de México encabezó la lista de allanamientos, con el 44% de los casos.
También fueron registradas 11 retenciones ilegales, y 17 detenciones arbitrarias. Destaca el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.
Un dato documentado por la organización en el periodo señalado, es el desplazamiento forzado de 7 periodistas, quienes tuvieron que huir de sus estados ante las agresiones en su contra.
“Esto es un indicador claro de que el riesgo constante y la falta de capacidad del Estado de protección son factores decisivos para que un periodista abandone su lugar de origen o residencia”.
