Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia

Imagen: Cencos
Alfredo Maza/Animal Político

La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa cumple ocho años este lunes, con las investigaciones todavía en marcha y nuevos movimientos judiciales, pero sin que las familias de los jóvenes ya estén cerca del acceso a la verdad y la justicia.

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.

Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.

“¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución, participó la Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al dar a conocer el documento.

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‘Es una simulación, no quieren investigar a la Marina’, denuncian por caso de 27 desapariciones en Nuevo Laredo

Alberto Pradilla/Animal Político

La CNDH señaló a la Semar por la desaparición de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018. Las familias siguen sin tener pistas y no hay ni una sola persona acusada formalmente.

Foto: Twitter @SEMAR_mx

Jessica Molina no ha cambiado su relato ni un milímetro desde la noche del 27 de marzo de 2018. Desde entonces viene asegurando que elementos de la Marina irrumpieron en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se llevaron a su esposo, Daniel Trejo, y a un amigo de este, Gabriel Gaspar Vázquez. Los golpearon, los interrogaron y los capturaron, asegura la mujer. “Nadie me lo contó. Yo estaba ahí”, dice. No volvió a saber nada de su marido a pesar de remover cielo y tierra para encontrarle.

Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le da la razón y vincula a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en la desaparición de 27 personas, entre las que se encuentran Trejo y Vázquez. En su recomendación 36VG/2020, fechada a 13 de julio, la institución denuncia que los marinos negaron tener información sobre los desaparecidos y advierte sobre irregularidades en la investigación. Todo lo que Molina lleva diciendo desde aquella noche.

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CNDH instruye a Marina y FGR a esclarecer la desaparición forzada de 27 personas

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Imagen tomada de gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas, 12 de ellas ejecutadas extrajudicialmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó al esclarecimiento y sanción de los hechos así como a la reparación del daño a los familiares de las víctimas en una recomendación dirigida a  los titulares de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Rafael Ojeda Durán y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y al alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar.

La recomendación por violaciones graves 36VG/2020, dada a conocer este martes, está relacionada con 17 expedientes de queja por hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2018, atribuidos a elementos de la Semar, en que 27 personas fueron detenidas de manera arbitraria, permaneciendo 15 en calidad de desaparecidas.

El organismo resaltó que los cuerpos de 12 víctimas fueron encontrados sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo y Anáhuac, Nuevo León.

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Gobierno quiere enviar militares a la Guardia sin que pidan licencia; oposición lo rechaza

Arturo ángel/Animal Político

CNDH y expertos demandan que los militares en la Guardia Nacional sean sometidos a mismos controles y evaluaciones que la policía, incluyendo el control de confianza.

Guardia Nacional
Foto: lopezobrador.org.mx

La transferencia de elementos del Ejército y la Marina a la Guardia Nacional se convirtió nuevamente en el punto más complicado de las negociaciones que el Senado y el Poder Ejecutivo han intensificado en las últimas horas, para la expedición de la ley orgánica de esta nueva fuerza.

Esto luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planteara que los más de  50 mil elementos de las fuerzas armadas que pretende transferir a la Guardia Nacional, no tengan que pedir licencia a su cargo ni en el Ejército ni en la Marina, sino solo queden comisionados a la nueva fuerza.

Con dicha situación están en desacuerdo legisladores de oposición, que advirtieron que la licencia de los militares que pasan a la Guardia era un compromiso adquirido desde que se aprobó la reforma constitucional en la materia; lo consideran un requisito indispensable para blindar el perfil y mando civil de la Guardia.

La falta de consenso en este tema provocó que al menos hasta la noche del miércoles no se hubiera hecho público algún dictamen, ni el de la ley de la Guardia ni el de las otras dos leyes secundarias: la de uso de la fuerza y la de registro de detenciones, que prevén aprobar este jueves.

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El Senado aprueba por unanimidad Guardia Nacional con mando civil

Redacción / Animal Político

CIUDAD DE MÉXICO, 21FEBRERO2019.- El Senado de la República votó por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias, con 127 votos a favor, el dictamen por el que se crea la Guardia Nacional con mando civil. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El Senado aprobó por unanimidad con 127 votos a favor y ninguno en contra la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.

El dictamen que se votó este jueves ante el pleno del Senado incluyó cambios importantes en su conformación: será de carácter civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Éste regresará a la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen, para su análisis y aprobación. Después el dictamen será enviado a los congresos locales, donde 17 deberán dar su visto bueno, por tratarse de una reforma constitucional.

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las instituciones policiales, detalla, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y a la perspectiva de género.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que se llegó a un acuerdo histórico con todas las bancadas para aprobar la Guardia Nacional, por unanimidad, bajo un mando civil.

Los senadores acordaron ya una temporalidad de cinco años en la Guardia Nacional, incorporar los criterios de los organismos internacionales y establecer un plazo de entre 60 y 90 días para aprobar, al menos, tres leyes secundarias.

El dictamen detalla que durante cinco años, mientras entra en vigor el decreto y la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades, el Ejército y la Marina trabajarán en tareas de seguridad pública.

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Una simulación, la propuesta de mando civil para la Guardia Nacional: ONG

Redacción / La Jornada

Imagen: Cencos

Organizaciones de la sociedad civil que han participado en las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados para analizar la creación de la Guardia Nacional (GN), consideran una simulación el reciente anuncio del gobierno sobre un supuesto mando civil para esa nueva corporación de seguridad pública.

José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dijo en entrevista con La Jornada que el anuncio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sobre la modificación del diseño original de la Guardia Nacional para que tenga un mando civil es una simulación.

En realidad no están concediendo absolutamente nada. Siguen siendo policías y marinos militares, siguen siendo entrenados por las fuerzas armadas y estando alojados en el Ejército y en la Marina. El mando operativo no va a estar nunca en manos de los civiles, porque los militares han dicho que no se van a someter a un mando civil, sostuvo.

Y añadió: Se trata de una simulación porque lo que están haciendo es hacer creer a la opinión pública que están escuchando y siendo sensibles a las críticas de los expertos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas y están supuestamente concediendo el mando civil, pero sabemos que no es así.

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‘Mi hija fue violada por un marino’, denuncian ante titular de Semar

Redacción/mexico.com

La madre de la víctima aseguró que existen pruebas de que su hija denunció acoso sexual por parte de elementos de la Marina

Foto: Facebook @SEMARMX

Una mujer acusó que su hija fue violada por un elemento de la Marina en julio pasado, esto durante la audiencia sobre la creación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados.

La mujer, identificada como Luz Mondragón, se dirigió al titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a quien le pidió justicia.

“Yo le suplico justicia, se los suplico, ¿quieren que se les suplique de rodillas?, lo haré (…) tengan humanidad para mi hija”, exclamó la mujer.

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En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura sexual de las autoridades: informe

Redacción/Animal Político

El Centro Prodh analizó 29 casos en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.

Imagen: http://centroprodh.org.mx

En los últimos años México se ha convertido en un país cada vez más peligroso para las mujeres; tan solo en 10 años, de 2006 a 2016, el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH, por violación a la integridad personal, incluyeron actos de índole sexual contra las mujeres. Y si bien esta cifra es alarmante, existe un tema aún más preocupante: la tortura sexual que las mujeres sufren a manos de las autoridades, un delito que registra miles de denuncias en los últimos años. 

Al ser detenidas por autoridades estatales o federales (Marina, Ejército y Policía Federal), las mujeres se convierten en un blanco fácil para ser víctimas de este delito. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

El hecho de que estas fuerzas federales aparezcan como las principales responsables de los casos de tortura sexual es de llamar la atención, pues son las mismas elegidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional, que se encargará de la seguridad pública del país.

Por ello y por otras razones es que, en los últimos días, decenas de organizaciones y defensores de derechos se han manifestado en contra del Plan de Seguridad planteado por López Obrador.  

La tortura sexual desde la detención

El World Justice Project (organización internacional que trabaja en temas del Estado de Derecho) encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sobrevivido tortura sexual.

Bajo este panorama, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta el informe “Mujeres con la Frente en Alto” en el que se analiza el nivel de incidencia de la tortura sexual en México, la respuesta del Estado ante la problemática, y se presentan las recomendaciones a seguir para combatirla.

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Semar debe informar sobre participación de buzos en la búsqueda de los 43: INAI

Redacción / Proceso

La Secretaría de Marina (Semar) deberá informar respecto a la participación de buzos en las tareas de búsqueda realizadas en el Río San Juan, para localizar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, localizada en Ayotzinapa, Guerrero, tras una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La resolución establece que la Semar deberá proporcionar cualquier información que haya sido documentada por los buzos, tal como reportes o tarjetas informativas, informó el INAI mediante un comunicado.

“La entrega de la información no sólo abonará a la rendición de cuentas, sino que además se trata de información que contribuirá a develar la actuación de las autoridades involucradas en la investigación de este caso, que, hasta el momento, no ha sido esclarecido de forma satisfactoria para la sociedad mexicana”, expuso Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI.

La medida fue determinada después de que un particular solicitara información sobre las acciones de los buzos de la Semar en relación con las tareas de búsqueda de los normalistas. En primera instancia, la Marina entregó un reporte y decretó la inexistencia de la información requerida.

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La CEAV solicita audiencia a la CIDH para denunciar abusos de marinos

Redacción / La Jornada

Nuevo Laredo, Tamps., Ante la impunidad que cubre a los crímenes cometidos por miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha solicitado una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las desapariciones perpetradas por marinos en esta ciudad.

La solicitud de audiencia, a celebrarse del 3 al 7 de diciembre próximo, a la que ha tenido acceso La Jornada, señala que el propósito es brindar información actualizada a la CIDH en relación con las graves violaciones de derechos humanos que representan las 51 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre febrero y mayo del presente año en esta ciudad.

“Hay falta de acceso a la verdad, justicia y reparación”, dice el texto firmado por Karla I. Quintana Osuna, directora general de Asesoría Jurídica Federal de la CEAV”

“Esta solicitud a la CIDH representa una evidencia de que la autoridad mexicana no está haciendo su trabajo para esclarecer los hechos, para proteger a las víctimas, sus familias, los testigos y defensores, ni para llevar a los responsables a la justicia”, indica en entrevista Raymundo Ramos Vásquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Amenazas y difamación

En el apartado de contexto, la solicitud explica que la desaparición y la desaparición forzada es un problema estructural en México y agrega que son ya más de 37 mil 435 personas desaparecidas en el país, según la más reciente información proporcionada por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

“Estos apuntes no aportan un dato verdaderamente certero en relación con el contexto actual del país, debido que existe un alto índice de impunidad que genera que la mayoría de las personas víctimas o los familiares de las personas desaparecidas no denuncien”.

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