Redacción/Animal Político
María Herrera Magdaleno, madre de tres jóvenes desaparecidos, busca derribar una barrera para que las víctimas mexicanas puedan acceder a un mecanismo internacional que les ayude en sus casos.
México suscribió en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (de la ONU), sin embargo, las autoridades nacionales se han negado desde entonces a aceptar que el Comité que vigila la aplicación de este ordenamiento pueda analizar casos concretos de desaparición ocurridos en el país.
Se trata, pues, de una barrera que impide a las víctimas mexicanas acceder al marco internacional de protección, barrera que una mujer de 68 años, madre de tres jóvenes desaparecidos, se propone derribar. Su nombre es María Herrera Magdaleno, fundadora del Movimiento por la Paz, de la Red de Enlaces Nacionales, y del Colectivo Familiares en Búsqueda.
Tal como establece el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de expertos encargado de velar por su aplicación tiene entre sus facultades la de examinar “de manera urgente” aquellas denuncias de desaparición que les hagan llegar familiares o personas con legítimo interés, con el objetivo de que este órgano internacional emita “recomendaciones al Estado Parte”, así como “medidas cautelares para localizar y proteger” a la víctima.
Además, una vez que el Comité tome cartas en el asunto, la Convención ordena que “proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte, mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido localizada”.
Sin embargo, en México esto no ocurre debido a que, para que el Comité de expertos de la ONU intervenga en casos concretos, antes cada país debe expresamente aceptar la competencia de dicho comité, algo que el gobierno mexicano se ha negado a realizar, aún cuando la ONU así se lo ha pedido.
En contra de esta omisión de las autoridades mexicanas (que se ha prolongado por más de 10 años), el pasado 3 de marzo de 2018, la señora María Herrera –originaria de Michoacán y mamá de tres jóvenes desaparecidos–, decidió emprender una batalla legal para obligar al Estado mexicano a admitir la intervención del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en casos específicos.
