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Propuesta Cívica 

Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras solicitan que el gobierno de Veracruz colabore con el Poder judicial para evitar mayores retrasos en la secuela procesal del caso de la periodista.

• La Secretaria de Seguridad Pública de Veracruz como órgano administrador de los Centros de Reinserción Social, debe garantizar que el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz efectúe a la brevedad, el cambio de Centro de reinserción social de Antonio N, imputado en la causa penal 46/2020.

Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, organizaciones acompañantes de la familia de la periodista María Elena Ferral Hernández, hacemos un llamado a las autoridades de Veracruz a que garanticen de manera cabal los derechos de las partes en la causa penal 46/2020 y se eviten retrasos innecesarios dentro de la secuela procesal de las personas acusadas.

El pasado 1 de agosto de 2022, el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VIII Distrito Judicial ubicado en Papantla, Veracruz, había programado la realización de la audiencia intermedia correspondiente al acusado Antonio N, quien es señalado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como posible partícipe y coautor en el homicidio cometido en contra de la periodista María Elena Ferral Hernández, sin embargo, dicha audiencia fue suspendida debido a que el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz no ha trasladado a Antonio N al Centro de Reinserción Social de Papantla, en cumplimiento a una sentencia de apelación de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz que reconoce el derecho del acusado a continuar su proceso en el Centro de reinserción más cercano a su domicilio y familia.

Ante tal situación, el Juzgado que substancia el proceso penal 046/2020, determinó no señalar fecha ni hora para la continuación de la audiencia intermedia en tanto no se realice lo solicitado; dicha situación presupone un obstáculo innecesario para la prosecución del proceso penal y deja a las partes del mismo en un estado de indefensión e incertidumbre, no obstante de que es de conocimiento público que el caso lleva más de dos años en impunidad, sin que exista una sola sentencia en contra de las personas ya detenidas por su probable participación en el homicidio y a pesar de los supuestos avances que públicamente han celebrado tanto el Gobernador de Veracruz como la Fiscalía General del Estado.

Por ello, las organizaciones firmantes instamos a la Secretaria de Seguridad Pública de Veracruz y a las autoridades penitenciarias, en específico al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, a que dé cumplimiento al traslado de Antonio N, ello considerando que desde la fecha de la resolución donde se ordena el traslado del imputado Antonio N ha transcurrido más de 2 meses.

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