Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
- El proyecto violenta los derechos humanos de los pueblos originarios
- Trasgrede el derecho humano al agua
- Violenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
El proyecto de ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucia “está condenado al fracaso” ya que se violentan los derechos humanos de los pueblos originarios que se ubican en la zona, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
Su presidente, José Antonio Lara Duque, expresó que la obra que impulsa Andrés Manuel López Obrador trasgrede “los derechos de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua”, por lo que adelantó: se dispondrá de una defensa legal de carácter internacional, por ejemplo, de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
“Es evidente que los habitantes de los pueblos originarios de alrededor de la base aérea militar de Santa Lucía no permitirán que sus derechos sean vulnerados, por ello, nosotros hemos recibido la instrucción de los representantes de los pueblos para generar una defensa nacional e internacional de sus derechos”, afirmó.
Sobre la exposición pública de la Manifestación de Impacto Ambiental que dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el abogado Lara Duque advirtió que dicho documento debe ser revisado.
“A la óptica de científicos y especialistas internacionales independientes de las pretensiones gubernamentales, de las presiones y directrices que se puedan generar desde el ámbito del Poder” a fin de generar certeza al verdadero impacto ambiental que pueda causar una obra de esta magnitud.
Al respecto, Lizbeth Laguna, vocero del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, dijo que los pueblos originarios no están de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental ya que no se está respetando su derecho humano a ser consultado sobre su territorio.
“No nos están tomando en cuenta y, como sujetos de derechos colectivos consideramos que debemos ser consultados tal y como lo manda el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde las comunidades afectadas, con los megaproyectos, deben ser tomadas en cuenta en una consulta”, dijo.
Por su parte, Ricardo Ovando, también vocero del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, expresó que la Semarnat “no debió autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental del Aeropuerto Felipe Ángeles porque no existe la medida de mitigación que pueda restaurar el caudal ecológico subterráneo del acuífero Cuautitlán – Pachuca.
“Lo que nos puede llevar a un posible colapso hídrico en nuestra ya deteriorada cuenca de México. Yo prefiero Agua, no aeropuerto en Santa Lucía”, expresó.
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