Arturo ángel/Animal Político
CNDH y expertos demandan que los militares en la Guardia Nacional sean sometidos a mismos controles y evaluaciones que la policía, incluyendo el control de confianza.
La transferencia de elementos del Ejército y la Marina a la Guardia Nacional se convirtió nuevamente en el punto más complicado de las negociaciones que el Senado y el Poder Ejecutivo han intensificado en las últimas horas, para la expedición de la ley orgánica de esta nueva fuerza.
Esto luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planteara que los más de 50 mil elementos de las fuerzas armadas que pretende transferir a la Guardia Nacional, no tengan que pedir licencia a su cargo ni en el Ejército ni en la Marina, sino solo queden comisionados a la nueva fuerza.
Con dicha situación están en desacuerdo legisladores de oposición, que advirtieron que la licencia de los militares que pasan a la Guardia era un compromiso adquirido desde que se aprobó la reforma constitucional en la materia; lo consideran un requisito indispensable para blindar el perfil y mando civil de la Guardia.
La falta de consenso en este tema provocó que al menos hasta la noche del miércoles no se hubiera hecho público algún dictamen, ni el de la ley de la Guardia ni el de las otras dos leyes secundarias: la de uso de la fuerza y la de registro de detenciones, que prevén aprobar este jueves.
