CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) que difunda la versión pública del contrato suscrito con la empresa Grupo Tech Bull para la compra delmalware espía Pegasus, que el gobierno federal utilizó contra periodistas, activistas y políticos.
No obstante, el INAI se quedó corto en materia de transparencia porque, según la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en la versión pública del contrato quedarán ocultas las especificaciones técnicas del malware –desarrollado por la empresa israelí NSO Group–, así como los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la adquisición.
Es más, la decisión que presumió hoy el INAI en boletines resulta irrelevante, ya que la versión pública del contrato que “ordenó” publicar a la PGR tendrá menos detalles y datos que la que dio a conocer en el verano pasado Denisse Maerker en su noticiero de Televisa.
El contrato que exhibió la periodista fue celebrado entre Tomás Zerón de Lucio, el oscuro exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Armando Pérez Herrero, representante legal de Grupo Tech Bull, el 24 de octubre de 2014, por un monto de 32 millones de dólares.
El programa Pegasus de NSO Group que usa el gobierno federal para espiar teléfonos inteligentes, también se puede “distribuir” mediante estaciones transmisoras colocadas cerca del objetivo o correos electrónicos, y se autodestruye para borrar todas sus huellas si detecta el peligro de que sea descubierto, señalan documentos anexos al contrato de compra.
Aristegui Noticias presenta la documentación íntegra de la compra que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) a la empresa Grupo Tech Bull, que incluye: la cotización del programa malicioso, el contrato firmado el 29 de octubre del 2014, un convenio entre la dependencia y la empresa para reconocer un adeudo y los anexos técnicos que detallan los alcances del software.
Parte del contrato original para adquirir el software utilizado para espiar a periodistas, activistas, líderes partidistas e investigadores internacionales del caso Ayotzinapa fue revelado por Noticieros Televisa el pasado 29 de junio.
Sin embargo, todavía faltaban diferentes piezas para retratar de cuerpo entero los alcances del “agente” Pegasus, denominación que utiliza el contrato para referirse al programa espía.
LA COTIZACIÓN
Una primera revelación del nuevo paquete de documentos señalan que la adquisición de Pegasus se realizó con prisa. La cotización del software desarrollado por NSO Group está fechada el 24 de octubre del 2014, es decir, cinco días antes de que se concretara la operación de compra venta.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, dijo el investigador de Citizen Lab respecto a los intentos de hackeo en México al periódico The New York Times.
“Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”, dijo John Scott-Railton, investigador senior de Citizen Lab, parte de la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto al señalar que otra investigación confirma que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también fueron espiados con el software Pegasus, adquirido por el gobierno mexicano documenta el periódico The New York Times.
El objetivo del software fue el teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo, el cual fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México: “Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje”, indicó The New York Times en la nota que destaca en primera plana de su edición de hoy 10 de julio.
La tarde de este viernes, defensores, activistas, periodistas y ciudadanos se reunieron en la Procuraduría General de la República (PGR), donde se entregaron simbólicamente a las autoridades después de que el Presidente Enrique Peña Nieto amenazará con aplicar la ley a quien resultara responsable de los “falsos señalamientos” sobre el espionaje por parte de su gobierno a periodistas y defensores de derechos humanos.
Al rededor de las 18:00 horas, los manifestantes se dieron cita en el lugar donde colocaron mantas y stickers con frases como: #RenunciaYaPresidente, Por un gobierno que nos represente y el #GobiernoEspía.
En el lugar, los periodistas, defensores, activistas y ciudadanos declararon sentirse agraviados por la investigación donde se demuestra que el gobierno mexicano ha realizado espionaje a ciudadanos. “Todos los que estamos aquí, entendemos las declaraciones del Presidente como una amenaza en contra de nuestras actividades, de nuestro trabajo de documentar violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y exigir resultados a las instituciones.”
Los más de 50 asistentes se colocaron a unos metros de la entrada de la PGR con las manos levantadas, donde explicaron que el motivo del acto fue el de entregarse a las autoridades para que estas deslinden responsabilidades como lo anunció en Lagos de Moreno, Jalisco, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado las acusaciones de espionaje hechas este lunes por un grupo de periodistas ccríticos y defensores de derechos humanos. En una escueta carta dirigida a The New York Times, el diario que publicó cómo se intentaba contagiar móviles con el malware Pegasus para robar información, la presidencia señaló que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”. La carta firmada por Daniel Millán, director general de medios internacionales de la presidencia de México, señala que el Gobierno condena “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Sin embargo, tres agencias gubernamentales mexicanas han dejado rastro de haber comerciado con NSO Group, la empresa israelí de ciberseguridad que vende el programa Pegasus principalmente a Gobiernos. Ellas son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) el órgano que concentra todo el aparato de inteligencia e información clasificada en México.
El periódico Reforma publicó en septiembre de 2016 que la Fiscalía mexicana había comprado el sistema Pegasus por 15 millones de dólares. La compra habría sucedido entre 2014 y 2015, durante el periodo de Jesús Murillo Karam, el polémico procurador encargado de dirigir la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Las autoridades habrían buscado el malware para utilizarlo como herramienta en la guerra contra la delincuencia organizada.
La PGR se ha negado a responder con claridad si ha firmado contratos con NSO Group, la empresa que comercializa Pegasus. El otoño de 2016, activistas digitales preguntaron oficialmente a la Fiscalía qué servicios había adquirido a la firma israelí. La respuesta oficial fue ambigua. “La Agencia de Investigación Criminal [un área de la PGR] localizó la información solicitada… la misma constituye información clasificada como reservada”, fue la respuesta de la PGR, contenida en el informe Gobierno espía realizado por la Red de Defensa de Derechos Digitales. La información será pública hasta dentro de cinco años, en 2021.
Pero los vínculos entre el Gobierno mexicano y NSO Group pueden ser rastreados antes. En enero de 2014, una filtración de correos de la firma italiana Hacking Team, la competencia de NSO, reveló que los empleados del Cisen ya conocían el programa de infección de teléfonos móviles. Esto fue informado por el ingeniero Sergio Rodríguez Solís a sus jefes tras visitar el centro de espionaje. “Se quejaron de por qué nosotros no tenemos vectores de infección que no requieren interacción del usuario como NSO tiene”, escribió en un correo el empleado de Hacking Team. La comunicación asegura que los espías del gobierno mexicano habían probado el software en varios móviles de diferentes sistemas operativos como Android, BlackBerry, iOS.
Periodistas y familiares de desaparecidos se manifestaron durante la conferencia de prensa ofrecida por Miguel Ángel Osorio Chong en Sinaloa, donde el secretario de Gobernación también fue cuestionado sobre el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, realizado con una herramienta de propiedad exclusiva del Estado.
En sesión de preguntas y respuestas en el auditorio del Palacio de Gobierno tras la reunión del Operativo Interinstitucional de los 50 Municipios de Atención Prioritaria, Osorio Chong dijo que “son varias las acciones que se están haciendo” sobre el “hecho lamentable” del asesinato del escritor y periodista Javier Valdez, ocurrido el pasado 15 de mayo.
“La PGR lo está llevando, se están siguiendo varias líneas, se están haciendo todo tipo de levantamientos e investigaciones, y por supuesto, cuando se tenga elementos y sustancia para poder informar, así va a suceder”, señaló.
Para entender qué tipo de programa se utilizó para el espionaje contra periodistas y activistas en México, Animal Político analizó el informe presentado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en colaboración con Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá.
Un programa diseñado para espiar terroristas y amenazas a la seguridad nacional se utiliza en México, para intervenir comunicaciones privadas de periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos, reveló un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en colaboración con Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá documentó que no se trata de casos aislados y que el programa utilizado para el espionaje es de venta exclusiva para los gobiernos. Los resultados se encuentran el informe denominado “El Gobierno Espía”.
El investigador de Citizen Lab, John Scott Railton, advirtió que es “un hecho de espionaje sin precedentes en el mundo”.
¿Cómo funciona el programa espía?
De acuerdo con el reportaje del New York Times, y la investigación técnica hecha en Canadá y México, se utilizó el software “Pegasus”, clasificado como un malware, un programa informático con fines maliciosos dirigido a teléfonos inteligentes.
Se propaga a través de mensajes SMS que contienen un vínculo. Si es activado por el usuario, conecta el sistema operativo del teléfono con un servidor que descarga el programa espía en el dispositivo.
Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.
A través de este informe hemos registrado que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. Resulta preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con un actor en común: el gobierno federal.
