Desfavorable balance en derechos humanos: González Pérez

Foto: José Antonio López

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. El balance en la defensa y garantía de los derechos humanos en el país durante el actual sexenio “no es favorable”, aseveró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez ante el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. 

Este sexenio, enfatizó, está marcado por graves violaciones a derechos humanos como los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.

Al presentar el informe de labores 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del organismo presentó un balance no sólo del año pasado, sino de los poco más de cinco años del actual gobierno federal, que está a unos meses de concluir su gestión.

González Pérez enfatizó que en los más de cinco años del gobierno de Peña Nieto “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.

Durante el actual sexenio, subrayó el ombudsman nacional, se presentaron graves violaciones a las garantías fundamentales. Y citó algunos casos: Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. “Son sólo algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos”.

El funcionario destacó que de todas las recomendaciones e informes que se han presentado por estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades a las que van dirigidos, tan sólo uno tiene hasta ahora pruebas de cumplimiento total.

También lamentó que haya grandes agresiones contra mujeres, periodistas y migrantes. Todo ello en un largo discurso de más de 30 minutos. 

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Recomendación de CNDH por el Proyecto Integral Morelos a tres dependencias

Foto: Rubicela Morales/La Jornada

Por Redacción/La Jornada

La puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos (PIM) del gobierno federal, que incluye la construcción y operación de una central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, vulneró los derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala, particularmente de las comunidades indígenas, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, y al director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez encontró que este proyecto violentó los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades originarias, así como a la información sobre la construcción y operación del complejo.

El PIM originó inconformidad de diversas comunidades de los 27 municipios que recorre en Morelos, Puebla y Tlaxcala por las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán Popocatépetl y no cumplir el derecho a la consulta previa a pueblos indígenas, lo que quedó consignado en diversas quejas presentadas ante la CNDH.

Tras su investigación, este organismo acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a estas comunidades, toda vez que la Semarnat difundió el proyecto en Internet y la CFE no realizó sondeo alguno, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a las localidades impactadas, que tienen niveles de marginación de altos a muy altos.

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Fracasó el Estado en seguridad y justicia: CNDH

Foto: Cristina Rodríguez

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. El Estado mexicano ha fracasado en su función básica de brindar justicia y seguridad a la población. La evidencia “es irrefutable”: el país acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento. Así lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al participar en la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, organizada por el organismo a su cargo y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ombudsman aseveró que es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de las mismas a las personas y sus derechos, bajo un enfoque que vea la integralidad de los problemas y evite buscar soluciones parciales.

“Este entorno de inseguridad, violencia e impunidad que vive el país, con especial gravedad en diversas regiones, es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección en la vida, integridad y bienes de quienes habitamos en este país. Si bien son muchas las acciones emprendidas y cuantiosos los recursos que se han destinado para ello, a través de los años, lo cierto es que nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar la solución a los graves problemas que se enfrentan en este ámbito, lo cual lleva implícita una violación a los derechos humanos o ha propiciado que tales vulneraciones se presenten”.

Subrayó que la seguridad es un derecho humano y es, a la vez, una condición necesaria para que se ejerzan a plenitud otros derechos humanos. “Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por ser autoritarias”.

Para González Pérez la respuesta a la violencia e inseguridad que se padece, no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley. “La tentación de buscar soluciones de este tipo constituye, por sí misma, un verdadero riesgo para nuestro Estado democrático de derecho y no garantiza, en modo alguno, que se reduzcan los índices delictivos, que se abata la violencia o que se ejerza verdadera justicia”.

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Impunidad reina en casos de agresiones a periodistas, solo 10% se resuelven: CNDH

Por Redacción/Animal Político

“Lo que pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás, buscando silenciar así la libertad de expresión”, fue el reclamo del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien lamentó que 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes.

El Ombudsman nacional señaló que de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados contra medios de comunicación, solo en el 10% se registra una sentencia condenatoria y el resto se mantiene en la impunidad, o que deriva en un naufragio social y en la desesperanza de la sociedad que está cansada de la inseguridad en la vida cotidiana.

González Pérez lamentó que las autoridades federales y estatales no han cumplido con la obligación de prevenir, investigar y castigar los crímenes contra comunicadores y aseguró que la falta de una adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables y sancionarlos abona para que crezca la impunidad, esto se traduce en un mayor hostigamiento hacia medios y periodistas.

Otro de los problemas que se han derivado de la impunidad ante las agresiones a comunicadores es que estos se han autocensurado y algunos han tenido que abandonar sus hogares para trasladarse a otras ciudades donde no corran peligro, así como el exilio forzado, lo que genera una vulnerabilidad a los derechos de tener una sociedad abierta, plural y democrática.

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Pide CNDH atender recomendaciones sobre penales

Foto: @CNDH

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió a los gobiernos estatales y locales “que atiendan las recomendaciones y los informes que se les han emitido sobre los penales porque no buscamos agraviar a ningún gobierno, queremos mostrarles lo que está pasando en los centros penitenciarios a su cargo”.

Entrevistado en el Senado al término de la presentación de la campaña “Soy migrante de retorno”, González Pérez subrayó que los gobiernos locales a veces “toman como un agravio las recomendaciones que se les hacen respecto a las cárceles. Al no tomarlo con la seriedad que implica la violación de los derechos humanos de los internos suceden cosas tan terribles como las que vimos ayer en el Estado de México”.

El titular de la CNDH resaltó que ya habían advertido precisamente “de las condiciones de autogobierno que se da en el penal de Chiconautla y en varios otros; nosotros lo que observamos es cómo la autoridad no ejerce sus atribuciones y cogobierna o de plano se ausenta de esa gobernanza”.

El ombudsman nacional refirió que ayer mismo dio la instrucción de que se atraigan los casos. “Pedí que hablaran con la Comisión Estatal de Derechos Humanos mexiquense, siempre trabajamos coordinadamente, ahora buscaremos toda la evidencia posible respecto al motín registrado ayer en el penal de Chiconautla por el traslado del preso Luis Alberto González Nieto, alias El Tatos”.

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Pide CNDH restablecer orden en penal de Cadereyta

Foto: Xinhua|La Jornada

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades correspondientes restablecer el orden con pleno respeto a las garantías fundamentales en el Centro de Readaptación Social de Cadereyta, Nuevo León, esto tras los hechos violentos ocurridos en el penal que han dejado 17 muertos y una treintena de lesionados.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez mostró su preocupación ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades para atender la problemática que se ha denunciado en los centros de reclusión de la entidad, “y que se ve reflejada de manera recurrente en hechos violentos como los que hoy de nueva cuenta se presentan en Cadereyta”.

Anunció que visitadores adjuntos de la Comisión, coordinados con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han constituido en el Cereso de Cadereyta para constatar la situación que impera como resultado de los hechos violentos -suscitados entre el 9 y 11 de octubre- a efecto de verificar no se vulneren los derechos humanos de los internos ni de sus familiares.

Emitió, además, medidas cautelares a efecto de que se tomen las acciones necesarias, se brinde información a los familiares de los internos, se les dé un trato adecuado y se les proporcione la atención que conforme a derecho corresponda, por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

El personal de la CNDH se ha entrevistado con autoridades de la Dirección de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, de la Dirección de Reinserción Social de la Agencia de Administración Penitenciaria y del propio centro; y se ha contactado con familiares para brindarles atención.

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Cuando se ataca a un periodista, la afectación trasciende a la sociedad: CNDH



Por Redacción/ Proceso

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que en la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos se requiere atender las causas de las amenazas y agresiones, y establecer acciones que den resultados de fondo y que acaben con la impunidad que se ha generalizado.

En el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos.

Tras señalar que la violencia contra periodistas y comunicadores no es nueva en el país, agregó que no por ello debemos resignarnos o aceptar que exista, ya que en menos de cinco meses se han cometido homicidios que equivalen casi a 5% del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado aumento de 300% en el número de casos respecto de 2016.

El ombudsman nacional destacó que un primer paso para atender las causas de las amenazas y agresiones “sería reconocer, desde el más alto nivel político, la importante labor que realizan los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la necesidad de proteger el libre desarrollo de esas actividades que son cimiente de la democratización de la vida nacional”.

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Corrupción se come recursos para ejercicio de DH: ombudsman

Por Redacción/ La Jornada

La corrupción reduce y limita los recursos públicos disponibles –de por sí limitados- para atender las necesidades de la población, con lo cual se produce una afectación generalizada a los derechos humanos de las personas, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al participar en la inauguración del foro “Corrupción y sus implicación sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en México”, el ombudsman advirtió que los problemas de la corrupción en el país no son nuevos, pero hoy existe una percepción de que los mismos se han agravado en los últimos años.

En el acto, el titular de la CNDH entregó a representantes de la sociedad civil un estudio que elaboró en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual se demuestra con el cruce de información y de manera empírica que existe una correlación directa entre los niveles de corrupción y violaciones a los derechos humanos de acceso a la salud, educación, seguridad y bienestar social.

Ante la secretaria de la Función Pública, funcionarios de diversas dependencias y representantes de organizaciones sociales, González Pérez señaló que de acuerdo a varias instituciones educativas y de investigación, la corrupción habría significado la pérdida de empleos y de recursos públicos hasta de 9 por ciento del Producto Interno (PIB) en 2015, siendo éste uno de los factores que mayor incidencia negativa habrían tenido en el desarrollo del país, así como en la calidad y nivel de vida de los mexicanos.

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