Samir sabía que el PIM era un proyecto de muerte “y por eso lo callaron”: pueblos exigen justicia para Samir Flores

Redacción/Desinformémonos

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Ciudad de México | Desinformémonos. “Como pueblos y rebeldías tenemos claro que no hay más culpabilidad que la del Estado, aunque muchos digan que fue el narco. Sabemos quiénes y por qué lo hicieron. Samir se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM) porque sabía que era un proyecto de muerte, y por eso lo callaron”, declaró Marisela Mejía, concejala otomí residente en la Ciudad de México, durante un homenaje luctuoso al defensor y activista Samir Flores Soberanes el pasado 20 de octubre.

En la ceremonia, realizada frente al busto a Samir Flores en el Zócalo de la Ciudad de México, activistas, familiares y compañeros del defensor recordaron que a un año y ocho meses del asesinato del luchador social no hay avances en las investigaciones.

Los defensores, entre ellos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), denunciaron que la fiscalía no ha detenido a los autores materiales del asesinato ni ha revelado los nombres de los autores intelectuales.

“Seguimos sin saber cómo va la investigación y eso nos preocupa, porque quienes lo hicieron están como si nada, porque piensan que esto ya cayó en el olvido, pero nosotros lo recordamos con cariño, porque es un hermano que luchó y defendió la tierra”, agregó Mejía.

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Protestan en la CDMX por homicidio de luchador social oaxqueño



Por Redacción/ La Jornada

Integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil llevaron a cabo una manifestación esta tarde frente a la sede del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México, para exigir justicia en el caso del luchador social José Alberto Toledo, quien fue asesinado hace dos meses tras recibir amenazas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Carlos Sampedro, miembro de la Red, señaló que desde hace 15 años diversas comunidades de nueve estados de la República -sobre todo de la región sureste- se han organizado para rechazar las tarifas excesivas de la CFE, las cuales violan el derecho humano a contar con energía eléctrica, que la organización social exige elevar a rango constitucional.

Luego de impulsar un lucha basada en la solicitud de amparos y la declaración de una “huelga de pagos”, hasta obtener una tarifa social justa y la anulación de todos los cobros injustificadamente altos, la Red logró una mesa de diálogo con la CFE y la Secretaría de Gobernación, detalló el activista. Sin embargo, en dichos encuentros la única oferta de las autoridades era facilitar convenios de pago, sin abordar el tema de las malas lecturas de los medidores de luz o los ajustes arbitrarios de tarifas, por lo que en enero de este año la Red dio por terminados los contactos.

Desde entonces, alertó Sampedro, arreciaron las amenazas en contra de diversos activistas, hasta que el pasado 8 de abril fue asesinado José Alberto Toledo en la comunidad oaxaqueña de Chahuites, en un acto que los compañeros de la víctima consideran una represalia por haber participado en las movilizaciones contra los cobros excesivos de la CFE.

Para el luchador social, las altas tarifas de luz eléctrica se han multiplicado desde la aprobación de la reforma energética del actual gobierno, y su objetivo es “preparar el terreno” para la posterior entrada de empresas trasnacionales.

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