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Imagen: Cencos

Erika Díaz/Cencos

 

México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo y con ello la libertad de expresión.

En el sexenio actual se ha documentado un incremento exponencial en la violencia contra la prensa, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más violentos y mortíferos para ejercer el periodismo tanto en Latinoamérica como en el mundo. Un ejemplo de ello es el hecho de que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reportó que más de la mitad de los 67 casos de periodistas y trabajadores de medios asesinados a nivel global durante el 2022 se registraron únicamente en tres países: Ucrania, México y Haití, México siendo superado únicamente por un país en actual conflicto bélico¹.

Tan sólo en 2022, en Cencos se documentaron 17 periodistas asesinados, mientras que ARTICLE 19 documentó 696 agresiones contra periodistas y medios, representando un grave peligro, pues de acuerdo con la organización “[…] las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera, por el efecto cascada que tienen para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana”².

Habría que mencionar que entre las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación se encuentran las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, acoso y el uso ilegítimo del poder público.

Lo que resulta más preocupante no es solamente la alta tasa de violencia, sino el hecho de que la mayoría de las agresiones son cometidas por autoridades públicas, pues de los 696 casos documentados por ARTICLE 19, 296 (42.53%) fueron realizados directamente por actores del Estado. Además de que en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma persona que debe trabajar a favor de los derechos de todas las personas por igual, ha realizado comentarios descalificativos, estigmatizantes y criminalizantes hacia periodistas e incluso también hacia organizaciones de la sociedad civil, algunos de los cuales se pueden considerar como ataques contra la prensa; los cuales son alentados por un gobierno que en lugar de garantizar su seguridad la obstaculiza y se niega a reconocer la importancia de su labor.

A pesar de que en México existen leyes, instancias y mecanismos designados específicamente a la protección de periodistas, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, la realidad es que son tanto insuficientes como ineficaces dada la falta de recursos designados y del compromiso de las autoridades para adoptar medidas inmediatas y eficientes de atención y protección a quienes denuncian ser víctimas de agresiones debido a su labor. Además de que hace falta hacer más accesibles estas medidas para aquellas personas que viven fuera de la capital del país, tomando en cuenta que en algunos estados existen ‘zonas de silencio’ en las que persiste un mayor riesgo para que periodistas narren sus historias.

Sin embargo, estas problemáticas no son las únicas que enfrenta el gremio periodístico en nuestro país.

Recientemente, se ha dado a conocer que el Estado mexicano, a través del Ejército, ha utilizado el malware Pegasus para espiar ilícitamente a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y aunque el número de personas espiadas no es alto (tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas en lo que va del gobierno actual), esto representa un antecedente peligroso para la posibilidad de conocer e infiltrar información que les ponga en un riesgo mayor al que ya enfrentan, además de tener la facilidad de espiar a las personas indiscriminadamente sin enfrentar consecuencia alguna.

Si bien a principios de año el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas que: “En este país no hay impunidad y la justicia llega; tarda, pero llega cuando hay voluntad”, resulta contradictorio que el gobierno utilice medidas como Pegasus, las defienda y proteja sin que enfrente sanción alguna, aún cuando represente violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose a él y a su gobierno en parte de la crisis de impunidad y de libertad de expresión. Así pues, la declaración realizada por el presidente representa una mentira en la que se trata de hacer creer a la población la idea de una nación totalmente alejada de la realidad, ya que, por una parte, en el país existe un 99% de impunidad en los crímenes contra periodistas, lo que lo coloca en el sexto lugar del “Índice Global de Impunidad” de CPJ. De acuerdo con la FEADLE, de los 143 expedientes en trámite de denuncias por delitos contra periodistas documentados en 2022, únicamente 34 tuvieron una resolución definitiva a favor de las víctimas.

Y por otra parte, es evidente que hay una falta de voluntad política e institucional en cuanto a la aplicación de justicia en crímenes contra periodistas, comenzando por el hecho de que actualmente miles de periodistas siguen realizando su labor bajo un escenario precario, violento y estigmatizante a pesar de que se han denunciado estas condiciones desde hace más de una década, y continuando con que los recursos económicos y humanos designados para la investigación de agresiones contra periodistas y medios de comunicación son escasos, lo que ha llevado a que 9 de cada 10 casos en contra de periodistas debido a su labor no se investiguen ni castiguen³.

Así entonces, es necesario adoptar medidas y políticas públicas integrales de protección que vaya más allá de una simulación de cumplimiento del gobierno y de un compromiso a medias; se debe contar con los recursos necesarios para adoptar mecanismos que no sólo se enfoquen en la reacción ante los delitos sino que realmente garanticen el respeto a periodistas y medios de comunicación, prevengan ataques y violaciones a sus derechos humanos, protejan y garanticen sus derechos a la vida e integridad personal, y que investiguen, juzguen y sancionen a personas responsables de delitos contra periodistas para evitar que continúe casi una totalidad de impunidad en el país.

Hablar de una crisis para la libertad de expresión en México resulta no sólo apropiado, sino que también necesario para poder visibilizarla y comenzar a actuar en conjunto para exigir un alto a la violencia hacia aquellas personas que ejercen su derecho a comunicar y compartir información con la sociedad, sobre todo antes de que sea demasiado tarde y hablemos entonces de una crisis general de derechos humanos en el país.

 

¹ Comité para la Protección de los Periodistas, El drástico aumento en la cifra de periodistas muertos convierte al 2022 en un año mortal para la prensa, 2023.

² ARTICLE 19, Voces contra la indiferencia. Informe anual de ARTICLE 19, 2023.

³ Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX).