Ley Garrote en Tabasco “es un paso a la criminalización de la defensa de los derechos humanos”: Amnistía Internacional

Redacción/Desinformémonos

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Ciudad de México | Desinformémonos. La aprobación de la llamada “Ley Garrote”, “Ley Anti marchas” o “Ley Anti bloqueos”, en Tabasco, para castigar a quienes impidan la realización de cualquier proyecto u obra pública o privada y a quienes bloqueen calles y vías de comunicación, “es un paso a la criminalización de la defensa de los derechos humanos” y “pone en riesgo la libertad de expresión y de reunión”, aseguró la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara.

De acuerdo con Guevara, la reforma estatal al Código Penal de Tabasco aprobada para dejar el paso libre a las obras de la refinería de Dos Bocas “permitirá al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse”.

Las reformas fueron realizadas al artículo 308 bis por el pleno del Congreso de Tabasco, cuya modificación quedó de la siguiente manera:

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#LeyGarrote: ¿Qué dice el dictamen que busca aumentar penas por bloqueos de obras y calles en Tabasco?

Arturo Dean/ Animal Político

La propuesta señala penas de prisión de entre 6 a 13 años para quien obstruya la ejecución de obras públicas o privadas. Y de uno a 5 años a quien impida el libre tránsito de personas.

Foto tomada de Animal Político

En redes sociales comenzaron a llamarla #LeyGarrote. Se trata de las reformas al Código Penal de Tabasco, aprobadas ya en comisión y propuestas por el gobernador morenista, Adán Augusto López, para endurecer las penas por impedir la ejecución de obras públicas, o realizar bloqueos de calles. 

Esto en la entidad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su etapa de opositor encabezó protestas con medidas como el bloqueo de Paseo de la Reforma, o la toma de pozos petroleros; el estado del sureste donde se planean obras como la refinería de Dos Bocas, y también se planea el paso del Tren Maya. 

El dictamen, que mezcla la iniciativa del gobernador con una propuesta del diputado priista Gerald Washington, para castigar con hasta 20 años de cárcel el delito de extorsión, fue aprobado el 26 de julio pasado, en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil. 

La propuesta se discutirá en el pleno del Congreso del estado este lunes durante el segundo periodo extraordinario de la legislatura.

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