SCJN analizará incosntitucionalidad de Ley Minera

Foto: Kara Castillo/La Jornada de Oriente

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El próximo 19 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si la Ley Minera, que prioriza la minería por sobre los territorios y fue avalada sin haberse consultado a las comunidades indígenas, viola los derechos de los pueblos y ejidos.

La revisión de la norma es resultado de un amparo que la comunidad nahua de Tecoltemi, Puebla, interpuso en 2015 contra la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras para una mina a cielo abierto de la empresa canadiense Almaden Minerals.

En el amparo, la comunidad exigió la cancelación de las concesiones otorgadas en su territorio, así como la revisión de la Ley Minera por violar sus derechos como pueblo y ejido indígena.

«Hoy, la Suprema Corte tiene en sus manos una oportunidad histórica», señalaron las organizaciones Consejo Tiyat Tlali y FUNDAR en una petición en Change.org, para que la SCJN atienda la demanda de justicia de Tecoltemi y se declare inconstitucional e inconvencional la Ley Minera, «que da preferencia a la minería –que devasta el medio ambiente, el agua y la salud de las personas– por encima de cualquier otro uso del territorio».

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CNI-CIG exige a SCJN declarar inconstitucional a Ley Minera

Redacción/Desinformémonos

Foto: Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare inconstitucional la Ley Minera por violar los derechos de los pueblos indígenas y representar una amenaza para el medio ambiente y el territorio de las comunidades.

La Ley Minera «nació de la traición a los Acuerdos de San Andrés y de la violación a nuestros derechos fundamentales, sin importarle que se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida», señalaron los pueblos y organizaciones que integran y acompañan al CNI-CIG.

De igual forma, exigieron al gobierno federal que cancele las concesiones mineras que amenazan los municipios nahuas de Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, en Puebla, así como aquellas otorgadas en todo el territorio nacional.

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Minería en México invade bosques y selvas

Por Redacción/Desinformémonos

“En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país”.

Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.

Jalisco es el estado con mayor injerencia de la industria minera en regiones boscosas (41 concesiones), seguido de Chihuahua (53), Durango (32), Sonora (56) y Sinaloa (78). En conjunto dichos estados ceden 8.4 millones de hectáreas de su territorio para empresas mineras tanto nacionales como trasnacionales.

Debido a su crecimiento exponencial, la industria minera en México genera conflictos socioambientales que van desde la contaminación de aguas y devastación de los territorios, hasta asesinatos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.

No obstante los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, los derechos de las comunidades son violentadas y se les niega el derecho a su libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten la legitimación y desarrollo de los proyectos mineros. Desde el año 2000 existe registro del crecimiento exponencial en el número de concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano quien además aprobó la Ley Minera que enfatiza el carácter preferente de la actividad minera por sobre otros usos de los bienes naturales.

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Los proyectos del gobierno en minas y energía son a costa de los pueblos, dicen grupos civiles

Por Redacción/ Sin Embargo

México encamina sus políticas públicas a fin de impulsar las inversiones en el sector energético y minero a costa del aumento de los impactos sociales y ambientales tanto en los territorios como en los habitantes, señalaron investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes.

Durante la presentación del “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, Beatriz Olivera, de Fundar reveló que el marco regulatorio en torno a la minería en el país es laxo y subrayó que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “proliferaron” los proyectos extractivos, en especial los canadienses, ya que el 60 por ciento de las concesiones mineras que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana pertenecen precisamente a Canadá.

La investigadora indicó que la Ley Minera ha sido modificada a modo de favorecer a las empresas, pues de los 25 años que permitía de concesión anteriormente, pasó a 50 con opción a prórroga hasta por otros 50, es decir, las mineras pueden llegar a explotar un territorio hasta por todo un siglo.

Por si fuera poco, Olivera manifestó que el Artículo 20 de la misma Ley permite las explotaciones energética y minera en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con que cuenta el territorio nacional. Para el año 2015 existían ya más de mil 600 concesiones en dichas zonas.

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