Dos de las acciones más importantes que contempla el plan nacional para implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas –presentado el lunes pasado por el gobierno de López Obrador– son los beneficios por colaboración eficaz a quienes tengan información que conduzca a la verdad y la justicia, y la profundización para sancionar a los superiores jerárquicos de corporaciones castrenses o de seguridad implicados en el delito.
Así lo señalaron organizaciones civiles, que pidieron que estas medidas no se otorguen a quienes hayan afectado gravemente las garantías fundamentales y que sólo se brinden si las familias afectadas los autorizan.
Para la organización Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, las ventajas por colaboración eficaz abren una ventana de oportunidad para implementar políticas públicas de prevención del delito a investigar los miles de casos de personas víctimas de desaparición, para sancionar a los responsables y reparar los daños causados a los familiares.
Verónica Berber, abogada de ese organismo, indicó que estas medidas pueden ser útiles tanto para la búsqueda de personas como en investigaciones criminales.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contrario a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y a lo que se comprometió Enrique Peña Nieto en su promulgación, en noviembre pasado, las familias de las víctimas no están siendo consideradas en la implementación de la legislación, denunció el Movimiento Nacional por Nuestros en México (MNDM).
Ante el riesgo de que el próximo 15 de julio sea oficializado el Protocolo Homologado de Investigación, elaborado por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) sin consultar a los familiares de víctimas, el MNDM hizo un llamado a las autoridades para corregir las fallas detectadas en el proyecto presentado a la sociedad civil, y crear un instrumento “que sea de utilidad para investigar las más de 38 mil desapariciones en el país”.
En un comunicado, el MNDM, que reúne al menos 50 colectivos de familiares de desaparecidos en el país y a unas 30 organizaciones sociales, explicó que durante meses sus representantes y asesores técnicos buscaron participar en la elaboración del protocolo y presentaron propuestas a la PGR, así como abrir un espacio de participación de las familias.
El 25 y 26 de junio la dependencia presentó a las familias el borrador del protocolo elaborado unilateralmente por la PGR, mismo que fue revisado por el MNDM.
Entre las deficiencias que identificaron las familias destacaron que el Protocolo elaborado por la PGR “o cuenta con estructura clara, le falta establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y otras autoridades que participen en la investigación”.
En cuanto a la participación de las familias, “no establece mecanismos adecuados y efectivos”, además de que “omite detallar el rol de la asesoría jurídica en las distintas etapas de procedimiento; respecto al apartado de investigación diferenciada, no genera mecanismos de análisis de grupos por categorías y prevé acciones que puedan ser revictimizantes para las familias; no contempla elementos necesarios y efectivos para la investigación de delitos de larga data”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La modificación del acuerdo de adscripción de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la apertura de un espacio para las familias de desaparecidos en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el impulso de la iniciativa en materia de declaración de ausencia por desaparición fueron algunos compromisos que colectivos de familiares de desaparecidos acordaron con el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida.
De acuerdo con Yolanda Morán Isais, de Fuerzas Unidas pro Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), y Lucía Díaz Genao, del colectivo Solecito de Veracruz –ambos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México–, en la reunión de casi una hora con el funcionario federal, decenas de familiares de desaparecidos le expresaron sus inconformidades por no dar continuidad a los acuerdos sostenidos con la anterior administración de proveer de las facultades necesarias a la CNB para garantizar la efectiva búsqueda de las víctimas del flagelo.
“Lo único que exigimos es que cumpliera lo que los familiares ya veníamos trabajando desde hace años. No se trata de ninguna concesión. Yo le dije al secretario ‘usted sólo tiene dos opciones: ser el malo de la película que no hizo nada para que se implementara la ley o que en el último tramo del sexenio le echó todos los kilos para avanzar”, contó Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández, desaparecido por militares en 2008 en Torreón, Coahuila.
El encuentro de este jueves con Navarrete Prida –quien estuvo presente menos de una hora y luego dejó al mando al subsecretario Rafael Avante– fue el resultado de una reunión previa con el titular de la Segob en Coahuila la semana pasada.
Según Yolanda Morán, el objetivo principal de la junta era concretar el compromiso que en la entidad norteña hizo el secretario de modificar el acuerdo por el que se adscribía a la CNB bajo la tutela de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
“Él se quiso disculpar diciendo que creía que dejando a la CNB por debajo de la CNS las familias íbamos a contar con la Policía Federal para realizar el trabajo de búsqueda. Pero nosotros le recordamos que la misma ley dice que la CNB tendrá amplias facultades de coordinación nacional y que, con el equipo anterior, habíamos quedado en que no se iban a tomar decisiones sin nosotros”, apuntó.
La activista explicó que entre los puntos expuestos por los familiares estuvieron las preocupaciones por la falta de implementación en los estados de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
De acuerdo con dicha legislación, cada entidad federativa debe contar con un área específica de investigación de casos de desaparición dentro de las fiscalías o procuradurías, una comisión local de búsqueda y un consejo ciudadano, apuntó Morán.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México consideraron “inaceptable” que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quede bajo la tutela de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por lo que exigieron que la operación del órgano esté a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los colectivos que integran el Movimiento acusaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de haber roto los acuerdos que habían pactado los colectivos de familiares con el gobierno federal durante la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda.
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al propio Navarrete Prida, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación”, el Movimiento recordó que, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, se considera a la CNB como un ente que “va más allá del ámbito federal y más allá de las tareas de seguridad pública”.
Igual destacaron que, en las conversaciones para la elaboración de la ley general, el gobierno de Peña Nieto se comprometió a que a la CNB “se le respetaría y otorgaría facultades amplias para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México”.
“Lamentamos profundamente que el secretario de Gobernación haya roto los compromisos asumidos anteriormente por esa secretaría y que, de forma unilateral, haya decidido debilitar orgánicamente a la entidad responsable de encarar el reto más importante de México en materia de derechos humanos”.
Al recordar que durante la elaboración de la ley hubo estrecha comunicación con la sociedad civil, los colectivos consideraron que, “con su decisión, el secretario de Gobernación manda un mensaje de desdén al trabajo realizado conjuntamente con decenas de colectivos de familiares y de la sociedad civil”.
Los integrantes del Movimiento exigieron “se respeten y garanticen todas las facultades y recursos institucionales y financieros para que la CNB funcione con la autoridad y capacidad con la que fue diseñada, lo cual implica que esté inscrita al secretario de Gobernación, al nivel de la propia CNS, no por debajo de ella”.
Al descartar que dadas esas características no se justifica el argumento del gobierno federal de adscribir la CNB a la CNS, debido a que este último está encargado de coordinar “el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública federal”, advirtieron que la ley general establece que la primera tiene como objetivos “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
