La iniciativa presidencial, enviada a la Cámara de Diputados, plantea establecer un Centro Nacional de Identificación Humana. Su objetivo sería facilitar que sean identificados miles de cuerpos en servicios médicos y fosas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), un órgano técnico dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda que tenga la finalidad de identificar los cuerpos de personas desaparecidas que se recuperen de fosas comunes y clandestinas.
La iniciativa, que busca reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, plantea el levantamiento y resguardo de muestras genéticas de familiares de desaparecidos aun cuando no hayan presentado una denuncia formal por el hecho.
“La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: (…) Realizar campañas de toma de muestras referenciales con fines de procesamiento a nivel nacional, que permitan recabar información genética de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas, sin necesidad de una denuncia penal”, indica la propuesta.
A más de un año de que se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de que la cifra de los casos ha crecido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que 19 entidades “no han establecido su respectiva Comisión Local de Búsqueda”.
Además, siete no han puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas, aseguró el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, durante la presentación de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición, que se efectuó este jueves en Jalisco.
Eslava Pérez dijo que los avances logrados en búsqueda y localización de alrededor de 40 mil personas desaparecidas “es producto del trabajo incesante e incansable de miles de familias que enfrentan el infortunio de la desaparición”.
En un boletín de prensa, se apuntó que el funcionario de la CNDH reconoció que la deuda con víctimas y familiares “no podrá cubrirse en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad que acaben con el entorno de violencia, impunidad e ilegalidad” que existe en el país.
“Para la CNDH, la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas representa un problema estructural en materia de procuración de justicia”, señaló Eslava.
Dos de las acciones más importantes que contempla el plan nacional para implementar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas –presentado el lunes pasado por el gobierno de López Obrador– son los beneficios por colaboración eficaz a quienes tengan información que conduzca a la verdad y la justicia, y la profundización para sancionar a los superiores jerárquicos de corporaciones castrenses o de seguridad implicados en el delito.
Así lo señalaron organizaciones civiles, que pidieron que estas medidas no se otorguen a quienes hayan afectado gravemente las garantías fundamentales y que sólo se brinden si las familias afectadas los autorizan.
Para la organización Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, las ventajas por colaboración eficaz abren una ventana de oportunidad para implementar políticas públicas de prevención del delito a investigar los miles de casos de personas víctimas de desaparición, para sancionar a los responsables y reparar los daños causados a los familiares.
Verónica Berber, abogada de ese organismo, indicó que estas medidas pueden ser útiles tanto para la búsqueda de personas como en investigaciones criminales.
Los expertos señalaron que tienen reportes sobre casos en México donde las investigaciones por desapariciones no inician de inmediato, o que se limitan a ser un trámite burocrático, sin que haya búsquedas efectivas en el terreno.
Imagen tomada de @FloresLiera
Especialistas que integran el Comité de la ONU especializado en casos de Desaparición Forzada exhibieron este viernes en Ginebra, Suiza, fallas y contradicciones del gobierno y el Estado Mexicano en la tarea de buscar, por lo menos, a 37 mil personas no localizadas o desaparecidas.
Uno a uno, en el Palacio Wilson en Ginebra, Suiza, como parte de una reunión de seguimiento, ya que México ratificó la Convención Internacional para la protección de personas contra las desapariciones forzadas, los expertos plantearon interrogantes a la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas.
Entre otros puntos, preguntaron a México por qué si sus funcionarios dicen que están abiertos al escrutinio internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha aceptado la entrada del Comité al país y su competencia para conocer en forma individual casos de desaparición forzada, que no hayan encontrado justicia con las autoridades nacionales.
Ruiz Cabañas, en ese sentido, insistió en que antes de aceptar la competencia del Comité, el Estado mexicano optó por darle “prioridad” al sistema jurídico institucional, con la entrada en vigor este año, en enero, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En ese sentido Grace Fernández, del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos, dijo en entrevista que es “frustrante” que la delegación de funcionarios mexicanos haya usado ese argumento, porque en realidad México no ha fortalecido sus instituciones para atender este mal, al menos no lo suficiente dada la dimensión del problema de violencia y desapariciones.
“¿Dónde está el fortalecimiento?”, criticó Fernández en una pausa del diálogo entre expertos de la ONU y la delegación mexicana.
“No venimos aquí a negar las dimensiones del fenómeno, ni el dolor que le causa a las víctimas”, expresó en un momento el embajador Ruiz Cabañas, aunque también destacó como avance la promulgación de la Ley General, y sus repercusiones.
“Si bien es muy pronto para hacer un balance definitivo, contamos ya con las herramientas que ahora deben ser adecuadamente implementadas”, dijo Cabañas.
El grupo de expertos del Comité de la ONU estuvo presidido por la experta Suela Janina, de Albania.
Otro de los puntos que cuestionaron los expertos es cuándo tendrá México en cada uno de sus estados una comisión local de búsqueda de desaparecidos, y fiscalías especializadas en todas la entidades, como lo marca la Ley General, si tiene plazos para lograrlo.
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.- El pasado 06 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer el hallazgo de 32 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado hasta el día de hoy 174 cráneos, en un punto aún no especificado de la zona centro del estado. Este caso se suma a otros dolorosos hallazgos como el de 350 cuerpos de personas exhumados en Durango, Durango; 193 a 196 en San Fernando, Tamaulipas; 75 en La Barca, Jalisco entre 2013 y 2014; 292 cráneos que anteriormente fueron localizados en Veracruz, Veracruz, así como los más de 2 mil cuerpos exhumados en el resto del país, todos ellos entre 2006 y 2017.
Lo anterior no sólo muestra una vez más la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos por la que ha atravesado el país durante los últimos 12 años, sino que vuelve a exponer la urgencia de contar con un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas adecuado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades en lo que concierne a estadísticas de fosas, víctimas encontradas, víctimas identificadas y los resultados de las investigaciones derivadas de estos delitos. Sin ello, será más difícil hacer frente a la falta de información, a la incertidumbre y a la inconsistencia de datos derivados de las instituciones oficiales, mismos que vulneran los derechos humanos a la información y a la verdad.
Sin embargo, actualmente existen los siguientes retos que deben de ser considerados para que el Registro Nacional cumpla con las finalidades enmarcadas en la Ley General:
No todas las fiscalías o procuradurías locales han proporcionado información sobre hallazgos de fosas clandestinas en sus entidades. De las últimas solicitudes de información realizadas a los 32 estados del país, sólo 21 proporcionaron información relacionada con este tema. Lo anterior puede significar que no todas las fiscalías o procuradurías cuentan con esta información sistematizada o, peor aún, existe una política para no proporcionar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.
Las cifras oficiales estatales y federales pueden tener subregistros y no existe un sistema de gestión de información adecuada. Lo anterior se ha constatado de diferentes formas. Por ejemplo, existen fiscalías o procuradurías que señalan cuántos cuerpos y/o restos de personas han sido exhumados en un municipio, pero no señalan el total de fosas halladas en cada sitio. No sólo esto, sino que hay casos de fosas dentro de las mismas instituciones que se agregan, se remueven o simplemente no se incluyen desde el inicio sin dar una explicación sobre esto a las solicitudes de información realizadas en diferentes momentos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el “uso político” que el Estado mexicano ha dado a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En un amicus curie que envió a la CoIDH, el Movimiento detalló que entre las condiciones con las que se aprobó dicha legislación se cuenta “el impulso de las familias y no el resultado de la voluntad política o debida diligencia del Estado”.
El pasado 13 de mayo, el Movimiento -integrado por 55 colectivos de familiares de desaparecidos, 35 organizaciones civiles de 18 entidades federativas y tres países de Centroamérica- remitió a la CoIDH un amicus curie en el contexto del litigio que se sigue contra México en el tribunal regional por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido Alvarado, ocurrida en diciembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano.
Los integrantes de la familia Alvarado fueron detenidos por elementos del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y, pese a que persisten elementos de la autoría castrense en el caso y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se confirmó la participación militar, ante la CoIDH el Estado mexicano ha negado su responsabilidad.
La Cámara de Diputados aprobó y turnó este jueves al Ejecutivo federal la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud para armonizar estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.
Una de las características fundamentales de la legislación es la investigación de los delitos a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas.
La ley describe y emplea los protocolos necesarios, que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda, atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas y formas de los reportes, las denuncias de la desaparición, los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.
Incluye un mecanismo de apoyo en el exterior, el cual representará un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño a personas migrantes o sus familias.
El dictamen de la minuta que turnó el Senado se aprobó en lo general por unanimidad, sin cambios, con 397 votos a favor, y tras retirarse y rechazarse 54 reservas, se avaló en lo particular, también por unanimidad, con 361 votos a favor, y se turnó al Ejecutivo.
El Senado de la República aprobó una nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que establece penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 a 20 mil días de multa a quienes incurran en este delito siendo policías, ministerios públicos o cuerpos militares, al tiempo que crea una Sistema Nacional de Búsqueda que tendrá como mandato la ejecución y seguimiento de las personas desaparecidas y no localizadas.
La nueva ley se aprobó por 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, en lo general, así como 81 votos a favor y nueve en contra, en lo particular, incluyendo reformas para utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión para la difusión de la información sobre este tema.
El Sistema Nacional de Búsqueda tendrá una propia Comisión Nacional de Búsqueda, y estará integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, el titular de la PGR y tendrá un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta, integrado por representantes de la sociedad civil y de las víctimas.
Otra característica fundamental de esta nueva ley es la investigación del delito de desaparición forzada a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la PGR, y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas. También se crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
A favor del dictamen, la senadora Angélica de la Peña, del PRD, argumentó que se configuró la búsqueda separada de la investigación, “pero siempre de manera integral, por ello, este precepto representa uno de los avances más característicos.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, De la Peña afirmó que durante el proceso de discusión y dictaminación escucharon las historias de miles de familias que buscaron a sus seres queridos y el “viacrucis” por el que han atravesado para que las autoridades las tomen en cuenta.
Cristina Díaz, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que la nueva ley cuenta con los requisitos mínimos de un mecanismo de búsqueda con participación de la sociedad y una estructura encuadrada en los órdenes de gobierno, así como un registro de personas y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La senadora Layda Sansores, del PT, fue pesimista y señaló que esta ley no es la que merecían las víctimas de la desaparición forzada. Consideró que “parece un documento para cumplir con las presiones internacionales”.
