- Este martes, los senadores pueden corregir la deficiente regulación de la Ley General de Comunicación Social.
- PRI y PVEM intentan aprobar sin discutir un dictamen elaborado sin consenso y ni participación ciudadana.
- La propuesta oficializa lo peor de la relación entre medios de comunicación y el Estado.
Ciudad de México, 23 de abril de 2018. Después de que la discusión de la Ley General de Comunicación Social dividiera a las comisiones legislativas, este martes las y los senadores se reunirán de nuevo y tendrán la última oportunidad de establecer una regulación histórica que cambie las relaciones viciadas entre los medios de comunicación y el poder.
A siete días de cumplirse el plazo establecido por la Suprema Corte para emitir la Ley que regule la publicidad oficial en el país, aún no se cuenta con un proyecto de ley efectivo ni de consenso en el propio Congreso de la Unión y con la sociedad civil.
El jueves pasado se discutió en Comisiones Unidas dentro del Senado de la República el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, la cual tuvo su origen en la Cámara de Diputados. La voluntad del PRI en coalición con el PVEM y PANAL de querer imponer un dictamen de ley regresivo y criticado por la sociedad civil, las instancias internacionales y la oposición, llevó a una situación inédita. En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la Comisión de Gobernación, los votos a favor y en contra empataron; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos votó en contra del dictamen.
Esta suspensión en la votación no es más que el resultado del rechazo a un proyecto de ley que no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Ley General de Comunicación Social no es un producto que nace del consenso y de la participación ciudadana, es una mera formalización y simulación para que las y los legisladores no entren en desacato. Incluso, en días pasados, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, mencionó que “La Suprema Corte no pide la formalización del statu quo: exige un cambio”, además de que la propuesta de ley legaliza lo que la corte calificó como “restricción indirecta a la libre expresión”.
Desde la sociedad civil, nos hemos pronunciado en diversas ocasiones en contra de este dictamen de ley, que es una iniciativa que no contempla el decálogo elaborado por el Colectivo #MediosLibres, tampoco integra los criterios internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como tampoco recoge las propuestas de las otras iniciativas de ley emanadas desde otros frentes en el Congreso, sino que es una copia de la iniciativa impulsada por el PRI.
Es lamentable que desde que se pronunció la SCJN no se haya escuchado ni dialogado con la sociedad civil para construir un dictamen de consenso y con una multiplicidad de voces que están inmersas en el tema. Los partidos PRI, PVEM y PANAL no pueden seguir ignorando las propuestas realizadas por los demás actores.
A efectos de cumplir cabalmente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso debe plantearse las alternativas necesarias para emitir una legislación que cumpla con las bases mínimas que ya fueron señaladas por los ministros. Por eso exhortamos a las y los Senadores reconsiderar el dictamen y no desperdiciar esta oportunidad histórica que ahora tienen en sus manos. Deben escuchar las voces en contra de esta Ley General de Comunicación Social y frenar su aprobación. Si esta ley pasa sin modificación representaría un retroceso para el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.
Colectivo #MediosLibres
