¡Sin las familias, no! A seis años de la Ley de Desaparición, la lucha por verdad y justicia para nuestros seres queridos continúa

Imagen: MNDM

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

  • Conmemoramos el sexto aniversario de la Ley de Desaparición, nacida de la valentía y determinación de las familias de personas desaparecidas.

  • Nuestra lucha moldeó esta ley. Enfrentando violencia e indiferencia por parte de las autoridades, nos unimos bajo el lema”¡Sin las familias, no!», exigiendo ser parte integral de la búsqueda e identificación de nuestros familiares.

  • Demandamos a los gobiernos federal y locales que reafirmen su compromiso con los principios de la Ley General de Desaparición y reconozcan la magnitud de nuestra tragedia, así como nuestro conocimiento y aporte histórico.

Hoy, 16 de enero de 2024,  se cumplen seis años  de la vigencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, A partir de esta legislación esencial, se estableció el Sistema Nacional de Búsqueda, un logro significativo de nuestra lucha. Durante estos seis años, las familias de personas desaparecidas hemos trabajado con tenacidad, coraje, y a menudo, desesperación, colaborando estrechamente con los gobiernos federal y estatal para crear y operar instituciones dedicadas a la búsqueda de nuestros seres queridos.

Sin embargo, nos encontramos ahora en un momento crítico. El gobierno federal está desmantelando las estructuras que creamos para enfrentar esta crisis, una crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país. Algunos ejemplos de estas acciones victimizantes son:

  • La realización de un “censo” carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad, que permita dar credibilidad a los datos presentados. El “censo” es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales. La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación.

  • La significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin un diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra una falta de preparación y visión para el futuro. 

  • La escasa disposición política para entablar diálogo y consulta con las familias de personas desaparecidas, lo que evidencia un menosprecio hacia ellas, contraviniendo el principio fundamental de la Ley General que enfatiza ‘¡Sin las familias, no!

La promulgación de esta legislación no fue un acto espontáneo ni una iniciativa proactiva del gobierno mexicano. Al contrario, surgió como resultado de una presión social intensa y las propuestas concretas generadas por la acción política organizada de las familias de personas desaparecidas, muchas de ellas articuladas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Esta ley es una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos de nuestros seres queridos.

En el contexto de los recientes cambios gubernamentales, es crucial recordar los orígenes de la Ley General, forjada en nuestra incansable lucha y demanda de justicia.  Frente a un clima de violencia y criminalidad, y ante la indiferencia y pasividad de las autoridades en establecer mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, las familias organizadas nos levantamos para proclamar el principio de “¡sin las familias, no!” Este lema simboliza nuestra exigencia de ser partícipes activos en la búsqueda, localización e identificación de nuestros familiares, reconociendo nuestra intervención como un derecho fundamental.

La consigna “sin las familias no” implica una demanda a las instituciones de crear mecanismos que fortalezcan la participación y el debate en torno a los derechos de los familiares de personas desaparecidas. El trabajo conjunto es esencial para construir confianza y canales de comunicación sólidos, elementos fundamentales en una democracia. 

Además, esta legislación pretendía ser un reconocimiento oficial de la grave magnitud del problema de las desapariciones en México. La definición de persona desaparecida, piedra angular de la Ley, fue concebida desde una perspectiva amplia, con el objetivo de ofrecer la máxima protección a la vida y la dignidad tanto de las personas desaparecidas, como de sus familias.

Ante los recientes cambios en el Sistema Nacional de Búsqueda, observamos con profunda preocupación y decepción los intentos del gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización y desvalorización de nuestros esfuerzos. Cuestionar la realidad de las desapariciones es una afrenta a nuestra dignidad y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros seres queridos. Nos alarma que, en vez de un Estado comprometido con la búsqueda activa de personas, las instituciones parecen enfocarse en disputar las cifras de desaparecidos.

El diálogo constructivo y la colaboración en la creación de propuestas con las autoridades han sido características distintivas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Sin embargo, este diálogo no puede ser incondicional; debe basarse en el reconocimiento y respeto de nuestra experiencia y conocimiento, con un trato digno y justo.  Si bien entendemos que toda ley o política pública puede mejorarse y debe ser revisada periódicamente, estas revisiones deben priorizar las necesidades de las víctimas y no estar influenciadas por intereses políticos o electorales.

Frente a los cambios políticos en nuestro país, exigimos que los gobiernos federal y locales:

  • Reafirmen su compromiso con los principios que dieron origen a la Ley General. 

  • Que frenen el desmantelamiento de las instituciones creadas para tal fin, 

  • Que mantengan un reconocimiento sin cortapisas de la dimensión de la tragedia que vivimos

  • Que entablen un diálogo que reconozca nuestro conocimiento y aporte histórico a la construcción de una política pública integral para revertir las desapariciones en nuestro país.

  • Exigimos que el Estado Mexicano detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que juntos podamos trazar un camino claro en el abordaje del fenómeno de las desapariciones.

  • Además, solicitamos la transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la justificación de los despidos, para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por este proceso.

Concluimos reafirmando nuestro compromiso con la búsqueda de verdad y justicia. Urgimos a las autoridades a responder con acciones concretas y transparentes, respetando los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. 

¡Sin las familias, no!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

Conformado por 86 colectivos de 25 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica

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México busca a 37 mil desaparecidos con un Sistema incompleto y sin recursos suficientes

Redacción/Animal Político

Especialistas señalan que México no ha destinado los recursos materiales ni humanos suficientes para completar el sistema de búsqueda, al que le faltan protocolos y registros precisos.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comenzó a operar en México el martes pasado, con la misión de hallar, por lo menos, a las 37 mil personas que el gobierno contabiliza oficialmente como desaparecidas o no localizadas en todo el país; sin embargo, inició incompleto, y con una declaración de su titular que provocó reclamos de grupos ciudadanos.

La creación del Sistema está estipulada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017.

Su objetivo es ser un órgano de coordinación de las políticas públicas y entes enfocados en la búsqueda de personas en México.

Está integrado por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, además de una Comisión Nacional de Búsqueda, y un Consejo Ciudadano, integrado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas  y representantes de familiares de víctimas.

Su primera falla es que está incompleto. El Sistema debe integrar comisiones locales de búsqueda de los 32 estados del país. Sin embargo, hasta la fecha solo 7 estados han establecido dicha comisión: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León.

Además 11 estados no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.

“Deberían estar sentadas (en el Sistema Nacional) todas las comisiones de búsquedas de los estados, y hasta el momento solo se han creado el 20%”, dijo en entrevista Volga de Pina, defensora de derechos humanos y especialista en materia de desaparición de personas.

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Familias de desaparecidos alertan al país: la militarización traerá mas violencia a las calles

Por Redacción/Sin embargo

“La militarización del país significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza”, consideraron los familiares de las personas desaparecidas.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Los familiares de personas desaparecidas manifestaron este día que la Ley de Seguridad Interior sólo traerá más violencia a las calles de México.

En un comunicado, señalaron que esta ley, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, facilitará la violación de los derechos humanos de la población, debido a su opacidad.

Para los familiares de los desaparecidos, añade el comunicado, la Ley de Seguridad Interior es un grave retroceso en materia de derechos humanos porque desatará la “violencia en el país, así como graves violaciones a los derechos humanos como; tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de la población civil”.

La militarización de México “significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza.”

Recordaron que pasado 16 de noviembre el Ejecutivo se firmó la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, lo que fue para ellos “un gran avance luego de dos años de impulso y negociación”, porque en ella “las familias [expresaron sus] exigencias para que se implemente correcta y eficazmente”.

Sin embargo, “a diferencia de la Ley de Desaparición, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada de manera rápida y expedita, con presupuesto necesario y suficiente, en donde el Ejecutivo y el Legislativo únicamente asignaron el 10 por ciento del presupuesto que se requería para operar y donde fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional la cantidad de 81 mil millones de pesos.”

Finalmente, hicieron un llamado a los senadores para que no aprueben la ley: “es contraria a las recomendaciones de la ONU y CIDH de retirar a las Fuerzas armadas en tareas de seguridad”, consideraron.
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Al fin, diputados avalan nueva Ley de Desaparición Forzada

Por Redacción/Aristegui Noticias

La Cámara de Diputados aprobó y turnó este jueves al Ejecutivo federal la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud para armonizar estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.

Una de las características fundamentales de la legislación es la investigación de los delitos a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas.

La ley describe y emplea los protocolos necesarios, que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda, atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas y formas de los reportes, las denuncias de la desaparición, los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.

Incluye un mecanismo de apoyo en el exterior, el cual representará un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño a personas migrantes o sus familias.

El dictamen de la minuta que turnó el Senado se aprobó en lo general por unanimidad, sin cambios, con 397 votos a favor, y tras retirarse y rechazarse 54 reservas, se avaló en lo particular, también por unanimidad, con 361 votos a favor, y se turnó al Ejecutivo.

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Diputados se niegan a la Ley que da luz a los 30 mil desaparecidos, y es un bálsamo para sus familias

Por Redacción/Sin embargo

Pese a los más de 30 mil desaparecidos en México, la Cámara de Diputados no ha aprobado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Familias desesperadas y expertos llama a darle luz verde aunque presente deficiencias– como una Comisión Nacional de Búsqueda no desconcentrada y sin presupuesto propio, la falta de asignación de responsabilidad de la cadena de mando en las desapariciones– ya que ven un primer avance para dejar de buscar a sus seres queridos a ciegas.

“Con esta Ley se podría hacer mucho por aclarar las desapariciones, que no son del crimen organizado como dicen. Estos delitos están impunes porque no quieren descubrir de dónde viene todo esto: que son la autoridad y nuestros servidores públicos los que los desaparecen”, asegura Manuel Cruz Domínguez, papá de José Manuel Cruz Pérez, desaparecido en Coatzacoalcos, Veracruz hace dos años.

Ciudad de México, 17 de septiembre(SinEmbargo).-La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene lagunas, pero aún así sería un instrumento para buscar y dar seguimiento a las personas desaparecidas en el país, aseguraron familiares de víctimas y expertos a SinEmbargo.

Hasta el momento los padres y madres de personas desaparecidas en México buscan a sus seres queridos casi a ciegas: a expensas de que las fiscalías quieran trabajar y darle celeridad a los casos. Atados de manos ante el Ministerio Público, luchan, no sólo por encontrar a sus familiares, sino contra la corrupción y la impunidad.

Luego de instalar el penúltimo periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual, los diputados tienen en la agenda discutir la Ley General en materia de Desaparición Forzada durante los últimos meses de este año.

Con la Ley– que ha estado en la congeladora de la Cámara de Diputados dos años y que ya fue revisada y discutida entre los familiares y los senadores de Congreso de la Unión– se abriría una ventana para frenar las malas prácticas de las autoridades al generar mecanismos más eficientes de búsqueda, dijo Pablo Reyna Esteves, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.

“Con los avances que tiene se permite a las familias tener un cierto marco que les permita salir a buscar y seguir exigiendo que las autoridades respondan. Hay una posibilidad de buscar, generar avances para que en los distintos estados del país las víctimas y los colectivos puedan seguir presionando a su gobiernos, ministerios públicos y fiscales para que hagan el trabajo con la debida protección en la búsqueda de miles de personas que están desaparecidas”, dijo el investigador.

Pablo Reyna explicó que entre algunos de los puntos débiles que tiene la Ley está la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no está planteada como un órgano desconcentrado y no cuenta con un patrimonio propio.

“Eso es una de las limitaciones. Tampoco está claro en el ámbito de la Ley el tema de la cadena de mando, la responsabilidad de las autoridades superiores. El tema de la omisión o colaboración en los procesos de desaparición y desaparición forzada”, añadió.
Es decir la Ley no plantea la responsabilidad de miles de autoridades involucradas en la cadena de mando en la desaparición de personas perpetrada por distingas corporaciones policiacas.

“Es tal la crisis tan generalizada y sistemática en términos de desaparición forzada que estamos viviendo en México, que es imposible concebirla sin la anuencia, la colaboración de autoridades en todos los niveles de Gobierno. Por eso es importante que ese punto fuera eventualmente agregado. Sin embargo, es imperante, urgente que se apruebe ya como está”, precisó.

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Organizaciones exigen modificaciones a la Ley General de Desaparición

Foto: Cencos

Por Marcela Méndez

Integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México exigieron a los diputados hacer modificaciones a la Ley General de Desaparición antes de que la aprueben, pues argumentan que tal como está tiene muchas deficiencias.

De acuerdo con los representantes de la Campaña, el dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que se aprobó en el Senado está alejado de las exigencias de las familias y es una “ley hecha a modo” que no sirve para erradicar el problema de la desaparición en México.

En conferencia de prensa la mañana del 30 de agosto –cuando se conmemora el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada– explicaron que, entre las exigencias y observaciones que plantean, están:

1. El Estado mexicano no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.El dictamen usa el término “persona no localizada”, lo que demuestra que el Estado “bajo el argumento de ‘buscar ‘a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la desaparición forzada”.

3.Que el Estado establezca la responsabilidad de los superiores jerárquicos en la desaparición forzada, y no sólo la de los responsables materiales.

4.El Estado se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y crea el Banco Nacional de Datos Forenses que “solamente agrupará bases de datos, alimentadas por los mismos peritos dependientes de las procuradurías, esas mismas que no investigan y que hacen lo posible para que los familiares de las víctimas no denuncien”.

Los representantes aseguraron también que la Campaña reconoce los avances logrados –como que la definición de desaparición forzada está bien tipificada–pero que aprobar la Ley General sin modificaciones perpetuará la impunidad y el Estado no garantizará a las víctimas, familiares y sociedad los derechos de memoria, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.

“La ley tiene aspectos positivos, pero tiene en su espíritu la lógica de que no es el Estado el que comete las desapariciones forzadas, para ellos es el crimen organizado”, explicaron.

Dijeron que la Ley General busca que todos los casos existentes hasta un día antes de su aprobación no entren dentro de la ley: “Lo positivo que tendría la ley no serviría a todos los casos mal llamados del pasado, porque los casos de desaparición forzada siempre son en presente… por eso decimos que más que una ayuda, va a ser una traba para las familias”.

Finalmente, la Campaña dijo que respeta la postura de otras organizaciones de familiares y de Derechos Humanos pero que no está de acuerdo en que si se avanza 15 o 20 por ciento es bueno, pues sus integrantes están convencidos de que tienen que hacer la exigencia conforme lo piden los estándares internacionales.

Los representantes de la Campaña informaron que el próximo jueves 7 de septiembre, a las 10:00, harán un mitin en la Cámara de Diputados para entregar el documento que contiene las observaciones que plantean y que dice cómo debería quedar articulada la Ley General.

Ese mismo día también habrá movilizaciones en congresos locales de los Estados que forman parte de la Campaña (Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca) para empujar desde ahí “una ley de acuerdo con estándares internacionales y de acuerdo con el sentir de los propios familiares”.

Forman parte de esta exigencia para modificar la Ley General de Desaparición organizaciones como el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, el Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos, entre otras.

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