Rosario Robles va a prisión; le inician proceso por La Estafa Maestra

Un juez determinó iniciar el proceso legal contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de La Estafa Maestra.

Imagen: Animal Político

Nayeli Roldán/ Animal Político 

Rosario Robles será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla después de que el juez le otorgó prisión preventiva justificada y decidió iniciar un proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu). 

El juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia, en ese tiempo la Fiscalía General de la República —como parte acusadora— deberá allegarse de las pruebas suficientes y realizar diligencias para acreditar el delito; mientras que la defensa lo hará para presentar pruebas a su favor. 

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga Robles, dijo que como exfuncionaria pública cuenta con los recursos económicos suficientes para “sustraerse de la justicia”, salir del país y evitar los próximos citatorios. 

También consideró que no se acredita que Robles viva en el domicilio que ella reporta en Coyoacán pues el citatorio en el que se le notificó de la primera audiencia no le fue entregado en persona porque no estaba en ese lugar y, dijo, en otra diligencia policiaca tampoco se le localizó en ese inmueble.

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Jueces ordenan aprehensión de 12 exfuncionarios de Javier Duarte por peculado

Redacción/Animal Político

Son los primeros resultados de denuncias promovidas por la Auditoría Superior. La PGR reconoce negligencia en estos casos, y riesgo en otros como La Estafa Maestra.

Foto: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Esto como resultado de las denuncias por desvíos de recursos federales interpuestas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de los primeros casos promovidos por la ASF, en donde la PGR consigue completar la investigación y enviársela con éxito a un juez. En total la Procuraduría ha abierto entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas por denuncias de los auditores, muchos de los cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal integradas de forma premeditada.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vázquez, en una reunión con periodistas en la sede de dicha dependencia.

El funcionario explicó que, para acelerar el esclarecimiento de las denuncias que la ASF ha interpuesto en contra de la administración de Javier Duarte, se conformó un equipo especial con funcionarios de ambas instituciones.

“Lo que hicimos fue formar un grupo de agentes del Ministerio Público, concretamente tres, un director general, dos peritos en contabilidad y dos auditores y nos trasladamos a Veracruz. Establecimos una oficina y empezamos a integrar los casos”, dijo.

El resultado es la judicialización (antes conocida como consignación) exitosa en las últimas semanas de varias de estas carpetas de investigación, que se tradujeron en órdenes de aprehensión en contra de doce exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte.

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Ocho empresas declaradas fantasma por el SAT recibieron 653 mdp de Sedesol y Sedatu

Por Redacción/Animal Político

Los presuntos desvíos a sociedades fantasmas tuvieron lugar primero en Sedesol, cuando Rosario Robles era su titular, y se repitieron en Sedatu, también con ella como su titular.

Entre 2014 y 2016, 653 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu) terminaron en ocho empresas que fueron boletinadas por la autoridad fiscal como sociedades fantasma porque no tienen capital, empleados ni infraestructura que sustente sus operaciones y, por lo tanto, no podían cumplir con servicio alguno.

Estas compañías fraudulentas fueron beneficiadas con millones del erario gracias a un mecanismo de desvío en el que se utilizaron como ‘intermediarias’ a dos universidades públicas y a tres medios de comunicación de gobiernos estatales. Estos entes públicos debían dar servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad y subcontrataron de manera arbitraria a empresas privadas, sin pasar por ningún proceso de licitación pública.

Se trata del mismo esquema de desvío de recursos documentado en La Estafa Maestra; investigación que reveló que entre 2012 y 2014 hasta 11 dependencias del gobierno federal utilizaron a 8 universidades públicas para desviar 7 mil 600 millones de pesos a 186 empresas privadas. De ese dinero, 3 mil 433 millones ‘desaparecieron’ en 128 compañías ilegales.

De las ocho empresas catalogadas como ‘fantasma’ por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dos de ellas, incluso recibieron dinero de ambas dependencias en diferentes contratos firmados de 2014 a 2016.

Una de ellas es Comercializadora HDP SA de CV ganó en 2014, a través de Radio TV Hidalgo que hizo de ‘intermediaria’, un total de 69 millones de pesos de Sedesol, cuando Rosario Robles estaba al frente de esta dependencia. Un año después, esta misma empresa fantasma fue beneficiada a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con otros 15 millones 100 mil pesos de Sedatu, ya con Rosario Robles como nueva secretaria de esta dependencia.

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Gobierno federal niega al Sistema Nacional Anticorrupción información sobre La estafa maestra

Imagen: Animal Político

Por Redacción/Animal Político

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra.

Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.

“Aún no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del Comité. “Desde nuestra perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie a la reserva de la información”, pero la negativa ni siquiera se ha expresado a través de un documento oficial, simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.

La estafa maestra es el esquema de desvío documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en el cual once dependencias públicas “contrataron” a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 150 son irregulares y, por tanto, no cumplieron los servicios. El dinero simplemente desapareció.

De acuerdo con la ley, el SAT tiene una actuación preponderante para encontrar a los posibles responsables de la estafa porque es el encargado de revisar la legalidad de las empresas y las operaciones que realizan; por tanto, tienen la información fiscal de las 186 compañías que supuestamente fueron contratadas en este esquema.

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Piden al SAT información fiscal para proceder contra empresas reveladas en La Estafa Maestra

Por Redacción/Animal Político

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción solicitó al SAT información sobre los pagos hechos por Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma reveladas por Animal Político.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la información sobre los pagos que hicieron Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma reveladas en el reportaje La Estafa Maestra.

El pasado 4 de septiembre, Animal Político reveló cómo 186 compañías fantasma recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones.
El Comité explicó que todo contribuyente está obligado a emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) cuando se obtienen ingresos provenientes de entes públicos, de no hacerlo “consentiría la evasión fiscal de los contribuyentes, sino también el desvío de recursos públicos (corrupción)”.

Las dependencias públicas deben contar con documentación comprobatoria y justificativa de sus gastos y pagarlos a través transferencias bancarias.

El CPC señaló que hay evidencias y reportes de “que de manera intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo para desviar recursos públicos”.

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