Por Itzel Sánchez (@Itz_asp)
¿Cuáles son las alternativas ante la impunidad imperante en nuestro país? ¿Qué es lo que está sucediendo con la impartición de justicia, que ser víctima de un delito te convierte en una potencial víctima de violaciones de derechos humanos?
México ocupa el quinto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina de países con mayor índice de impunidad, de acuerdo con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Es importante señalar que existe una cifra negra: más de 90 por ciento de los delitos no son denunciados, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, más de 90 por ciento de los delitos no son denunciados. En suma, el problema es abrumador.
Esta situación es un reflejo evidente de la debilidad institucional en materia de justicia. Es impensable que en una nación democrática exista una ausencia tal de estado de derecho que una vez que se ha sido víctima de un delito el Estado revictimice con omisiones y la inadecuada investigación.
Ante la ausencia de respuestas en nuestro país, familiares de víctimas tienen que acudir ante instancias internacionales. Tal es el caso de los feminicidios de Lilia Alejandra García y Nadia Muciño, el asesinato del normalista Julio César Mondragón y de Arturo Hernández Cardona, la masacre de El Charco, en Guerrero; así como la experimentación sin consentimiento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, mismos que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.
Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló en entrevista para Cencos que México es uno de los países que en la actualidad está enviando un mayor número de peticiones ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Sin embargo, este procedimiento es largo y podría tomar décadas ya que no todos los casos que se presentan son analizados en el fondo.
La resolución de estos casos resultaría trascendental, como en su momento lo fue la sentencia “Campo Algodonero” y otras, que establecieron nuevos estándares en materia de derechos humanos. Sin embargo, resulta lamentable que las personas tengan que someterse a procesos prácticamente inalcanzables para la mayoría en la búsqueda de verdad y justicia.
Ante la ausencia expresa de voluntad política por parte de las autoridades de resolver de manera eficaz la problemática, es necesario como estrategia conjunta apuntar al fortalecimiento del entramado institucional que suponga la transformación estructural del sistema de justicia de nuestro país, por ejemplo, la creación de una fiscalía profesional y con la capacidad técnica para investigar y perseguir el delito de manera efectiva, con independencia y autonomía que permita dejar de lado la corrupción, aspecto que alimenta la impunidad.
Esta colaboración fue publicada originalmente en The Mexican Times
