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Serapaz

Hoy por la mañana el juez del Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán dictó sentencia por el delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. La sentencia es injusta ya que durante el juicio no se probó dicho delito por lo que los compañeros son víctimas de criminalización por la defensa de su Autonomía y territorio.

Para la defensa legal está claro que emitieron la sentencia con pruebas inconsistentes: “es claro y notorio que los hechos se contradicen en las declaraciones de los testigos, quedó muy claro que declararon con falsedad y de manera contradictoria”, dice Alejandro Chávez Rojas, abogado defensor.

La defensa apelará la sentencia una vez que el juez la dicte y se las envíe por escrito, lo cual tiene que ocurrir en los siguientes 5 días. “Apelaremos para los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada por los magistrados”, dice Jesús Casares Ramírez, abogado defensor.

Según el Código Penal del estado de Michoacán, el delito de sabotaje es cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público. El  abogado Jesús Casares explica que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenían y los siguen teniendo el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por lo tanto, al tener los bienes, en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad. Al contrario, el Ayuntamiento de Nahuatzen interfiere en las funciones del Consejo Indígena por el retiro arbitrario de los recursos económicos como meterse de manera arbitraria en las instalaciones.  Está claro que las instalaciones del DIF son parte del patrimonio de la cabecera municipal, que son administradas por el gobierno autónomo de Nahuatzen. La sentencia no se apegó a derecho y haremos valer los recursos que dictan la ley para el resultado sea favorable una vez  que otras autoridades de superior jerárquico revisen las pruebas”.

El delito de sabotaje es el más común usado por los Estados para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) estas sentencia es una amenaza a su Autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.

El CCIN está realizando movilizaciones para exigir la liberación de José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Mañana realizará un acto para medios de comunicación a las 10 am en la Representación del estado de Michoacán en la CDMX, ubicado en Calle Kansas 48, Colonia Nápoles.

Ve aquí la entrevista a los abogados defensores ?