Después de la consulta “amañada e impuesta” sin respetar los derechos de los pueblos indígenas que resultarán afectados, se abre una nueva etapa de lucha en contra de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM) en su conjunto, misma que fue inaugurada con el asesinato de Samir Flores Soberanes; “esto apenas empieza” afirmaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT).
Juan Carlos Flores, uno de los dirigentes en esta lucha que estuvo preso en Puebla durante varios meses bajo cargos falsos por oponerse al PIM, subrayó que falta que se resuelvan por lo menos cinco amparos, que logren retirar el plantón de zapatistas en Apatlaco que se oponen a que se entregue a la termoeléctrica el agua que utilizan para riego, además que se presentarán denuncias ante instancias internacionales “contra esta consulta ilegal e ilegítima”.
Flores afirmó: “Falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se han callado cuando el gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos y que están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir. Falta mucho y esto apenas comienza”, reiteró.
Aseveró que anoche, al iniciarse el conteo de votos, los resultados que iban recibiendo de las casillas eran que iba ganando el “no”, pero sin supervisión externa el gobierno que organizó la consulta y el conteo dice que ganó el “si”.
Por Redacción
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 10 de noviembre del 2016.
Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.
FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio
Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.
Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.
Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.
En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.
Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).
Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).
FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio
El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.
Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.
Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).
Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.
Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.
Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.
Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org
