Ciudad de México | Desinformémonos. “Es hasta cruel construir narrativas que no estén fundamentadas, verificadas y corroboradas”, dijo Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en referencia a la información que entregó el gobierno federal sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante la presentación del Tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», Guerrero, el pasado 15 de noviembre.
Frente a los padres y madres de los 43, los integrantes del Mecanismo de la CIDH manifestaron su preocupación sobre las investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por Alejandro Encinas Rodríguez, ante la inconsistencia de las pruebas, y urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a mantener la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
La relatora de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, acusó que ha habido “intromisiones graves” en el caso que afectan la independencia de la UEILCA, como la solicitud de captura contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, girada por otras unidades fiscales ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el caso de modo inconsulto.
Por primera vez se reunirán el presidente electo y los padres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014
Este 26 de agosto, familiares marcharon a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas. Foto: Paola Ramos / Cencos
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunirá este miércoles por primera vez con padres y madres de los 43 a las 11:30 en el Museo de Memoria y Tolerancia.
La reunión se da a cuatro años de la noche en que 43 normalistas desaparecieron en el municipio de Iguala, Guerrero, a manos de fuerzas municipales y tres jóvenes más fueron asesinados esa noche.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, localidad del municipio de Tixtla, Guerrero, es de los más graves en términos de violación grave de derechos humanos. Ha merecido la presencia de un Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los padres y madres de los 43 normalistas han rechazado rotundamente la llamada “verdad histórica”, en la que el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero municipal de Cocula, a plena luz del día, lo cual ha resultado científicamente difícil de probar.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR), en tiempos de Jesús Murillo Karam, pagó 32 millones 16 mil dólares a Tech Bull S. A. de C.V. por el programa de software “NSO Pegasus” para presuntamente espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
Noticieros Televisa dio a conocer ayer que cuenta con la copia del contrato que la PGR hizo con la empresa tecnológica, el 29 de octubre de 2014, para adquirir 500 objetivos del sistema “Pegasus” y capacitar a 25 elementos del personal de la dependencia en su uso.
El contrato está firmado por el entonces Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y el apoderado legal de la empresa Luis Armando Pérez Herrero.
Por su parte, Milenio Televisión difundió que la oficina de la procuradora Arely Gómez fue quien recibió el programa de espionaje, de acuerdo con un acta administrativa fechada en noviembre 2015, de la que el medio de comunicación también tiene copia.
El documento menciona a Noé Ramírez Gutiérrez, en su momento Jefe de la oficina de la PGR, como “administrador y operador del sistema” y a Rafael Aviléz, Director General de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, adscrito a la PGR, como “administrador del contrato”.
Los medios de información aclaran que estos documentos no comprueban que la PGR haya sido la dependencia que espió a activistas y periodistas, como lo señalaron organizaciones sociales y lo publicó The New York Times.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado las acusaciones de espionaje hechas este lunes por un grupo de periodistas ccríticos y defensores de derechos humanos. En una escueta carta dirigida a The New York Times, el diario que publicó cómo se intentaba contagiar móviles con el malware Pegasus para robar información, la presidencia señaló que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”. La carta firmada por Daniel Millán, director general de medios internacionales de la presidencia de México, señala que el Gobierno condena “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Sin embargo, tres agencias gubernamentales mexicanas han dejado rastro de haber comerciado con NSO Group, la empresa israelí de ciberseguridad que vende el programa Pegasus principalmente a Gobiernos. Ellas son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) el órgano que concentra todo el aparato de inteligencia e información clasificada en México.
El periódico Reforma publicó en septiembre de 2016 que la Fiscalía mexicana había comprado el sistema Pegasus por 15 millones de dólares. La compra habría sucedido entre 2014 y 2015, durante el periodo de Jesús Murillo Karam, el polémico procurador encargado de dirigir la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Las autoridades habrían buscado el malware para utilizarlo como herramienta en la guerra contra la delincuencia organizada.
La PGR se ha negado a responder con claridad si ha firmado contratos con NSO Group, la empresa que comercializa Pegasus. El otoño de 2016, activistas digitales preguntaron oficialmente a la Fiscalía qué servicios había adquirido a la firma israelí. La respuesta oficial fue ambigua. “La Agencia de Investigación Criminal [un área de la PGR] localizó la información solicitada… la misma constituye información clasificada como reservada”, fue la respuesta de la PGR, contenida en el informe Gobierno espía realizado por la Red de Defensa de Derechos Digitales. La información será pública hasta dentro de cinco años, en 2021.
Pero los vínculos entre el Gobierno mexicano y NSO Group pueden ser rastreados antes. En enero de 2014, una filtración de correos de la firma italiana Hacking Team, la competencia de NSO, reveló que los empleados del Cisen ya conocían el programa de infección de teléfonos móviles. Esto fue informado por el ingeniero Sergio Rodríguez Solís a sus jefes tras visitar el centro de espionaje. “Se quejaron de por qué nosotros no tenemos vectores de infección que no requieren interacción del usuario como NSO tiene”, escribió en un correo el empleado de Hacking Team. La comunicación asegura que los espías del gobierno mexicano habían probado el software en varios móviles de diferentes sistemas operativos como Android, BlackBerry, iOS.
