Ciudad de México | Desinformémonos. “Es inadmisible que continúen operando grupos armados al margen de la ley” en el territorio indígena tsotsil de los Altos de Chiapas, aseguró el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, tras el ataque del pasado 2 de abril contra la población desplazada de la comunidad de Cotsilnam, Aldama, el cual dejó la muerte de un adulto y sus dos hijos menores de 18 años.
“La muerte de estas tres personas indígenas, derivada del ataque, es lamentable. La situación de inseguridad que viven muchas comunidades indígenas es deplorable y requiere una respuesta inmediata y adecuada que asegure el desarme de estos grupos, la investigación de los actos de violencia y garantice el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la reparación integral a las víctimas”, señaló Jarab.
Los representantes de la ONU enfatizaron que 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo están en América Latina y el Caribe, y que México ocupa los primeros lugares con más de siete casos registrados día a día. Señalaron que este fenómeno es producto de la discriminación, pese a que el país cuenta con un marco regulatorio.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones urgentes para erradicar la violencia feminicida que todos los días cobra 7.5 vidas.
En el marco del lanzamiento de la instalación artística de numerosos signos de Venus que representan la muerte violenta de miles de mujeres víctimas de feminicidio en México, Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en México , dijo que “no hay justificación ni excusa para respuestas negligentes” para frenar el feminicidio en el país.
“Nos sumamos para recordar a las mujeres víctimas de violencia de género y hacer un llamado a las instituciones del Estado mexicano para reforzar las acciones y erradicar este atroz fenómeno”, subrayó.
Con el lema “Alto al feminicidio; el momento es ahora. Ni una menos”, y como parte de la campaña por la celebración del Día Internacional de la Mujer, Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, dijo que lograr la igualdad de género es uno de los pilares fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible en el país.
“Esto no será posible sino prevenimos y ponemos fin a la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas. Es una lavor imperativa que nos convoca a la acción colectiva a través de alianzas efectivas entre todos los actores de todos los sectores”, afirmó.
Sanz destacó que México cuenta con un marco regulatorio “de avanzada”, pero pese a ello los niveles de violencia feminicida en México “son alarmantes”.
“En México, 66 por ciento de las mujeres han sido víctima de violencia en su vida, hoy podemos terminar con esta cultura de impunidad”, dijo.
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta al Senado de la República para pedir que no sea aprobada la Ley de Seguridad Interior.
En la misiva, entregada el pasado lunes a la Cámara Alta, la ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la Minuta, pues, “entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país”.
Este es el análisis de los 14 rubros de la Ley de Seguridad Interior sobre los cuales ONU-DH muestra mayor preocupación, y por los cuales pide frenar la aprobación de la Minuta:
1. Ambiugüedad de conceptos
La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.
De igual forma, los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos.
2. Violación al principio de necesidad
La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se “comprometan”; lo que reduce el umbral indispensable para su emisión (artículo 11, fracción I).
Asimismo, se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la mera existencia de riesgos de seguridad interior (artículos 4, fracción I y 26), los cuales son definidos como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas (artículo 4, fracción III). Al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de éste tipo de situaciones, dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un número indeterminado de escenarios.
3. Papel indebido de las Fuerzas Armadas
a) La legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas (Artículos 4, fracción I y IV, 11 y 20).
b) Las “Fuerzas Armadas” podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por lo que el carácter habilitante de la Declaratoria desaparece (Artículos 6 y 26). Incluso el artículo 26, al facultar a las Fuerzas Armadas para llevar “a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos” no establece ningún límite espacial o material y declara estas acciones con carácter permanente.
c) La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión de delitos, facultándolas para preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos (artículo 27). Sin embargo, no existen reglas claras sobre la intervención de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes, con las responsabilidades que esto conlleva en el marco del procedimiento penal.
d) El artículo 28 establece que las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior “con su organización, medios y adiestramiento”, lo cual no permite hacer las adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la habitual que deberían desarrollar, especialmente cuando se ha señalado reiteradamente que la formación y adiestramiento militares resultan inadecuados para la realización de las tareas previstas en la ley.
4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar
a) Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley -según el artículo 5 la Secretaría de Gobernación- tenga la capacidad de proponer a quien dirigirá a los grupos institucionales.
b) Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vedando la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones (artículo 20, fracciones I y III; artículo 21; artículo 22).
c) La línea de mando del comandante designado sería la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil.
d) El protocolo de actuación invariablemente será elaborado por un “comandante”, esto es, por un integrante de las Fuerzas Armadas. Dichos protocolos establecerán las “responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles” (artículo 20, fracción II). Debería corresponder a la autoridad civil la elaboración de los protocolos de actuación.
El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, Jan Jarab, alertó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “petrifica” la situación de violencia y violaciones a derechos humanos.
Puntualizó que no sólo desde la visión de derechos humanos, “sino de la misma perspectiva de pura seguridad”, los resultados de los últimos diez años de guerra contra el narcotráfico “son tristes”.
“Si se aprueba algo que va a petrificar el estatus quo, podemos esperar que los años que vienen van a ser como la realidad actual, y nuestra valoración de la realidad actual es muy preocupante, nos urge pensar en alternativas de una salida gradual de las Fuerzas Armadas, pero también de fortalecer policías, que ya se ha dicho muchas veces, pero no ocurrió, pues no se fortalecieron suficientemente”, puntualizó el representante de la ONU.
Entrevistado al término de su participación en la 13ª edición del informe “La infancia cuenta”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Jarab señaló que, en opinión de la oficina de derechos humanos de la ONU (ONU-DH), lo que “se necesita es una verdadera evaluación de cómo funcionó por diez años la estrategia (de militarización de seguridad pública), y que quienes quieren continuar con ella o legislar para que continúe, expliquen por qué están convencidos de que funcionó”.
Jarab llamó a reflexionar con las cifras de homicidios, que antes de que el expresidente Felipe Calderón lanzara la “guerra contra el crimen organizado”, se encontraban en los niveles más bajos históricamente, y después de la militarización de la seguridad pública los niveles de violencia se dispararon.
“La pregunta que queda es si los resultados tristes, el índice de homicidios que tenemos hoy, es un argumento para seguir haciendo lo mismo, y seguir con esta estrategia. Se necesita una reflexión sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en el modelo de seguridad actual”, insistió el representante de la oficina de la ONU-DH.
Jarab recordó que los mecanismos de derechos humanos de la ONU, empezando por los dos últimos representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Louise Arbour y Zeid Ra’ad Al Hussein, en sus visitas a México, advirtieron de los riesgos de la militarización de la seguridad pública, y recomendaron el regreso gradual de los militares a los cuarteles.
Sin embargo, puntualizó, “desde 2006 se multiplicaron varias graves violaciones de derechos humanos y, desde esta perspectiva, el modelo actual de seguridad es muy preocupante este paradigma de guerra contra crimen organizado”.
Agregó que la recomendación que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos es que “lo se necesita más bien es una reflexión sobre una posible salida de este paradigma y dar más fuerza a las policías a varios niveles”.
Ciudad de México. La transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General no debe ser cosmética, por el contrario, los debates legislativos deben centrarse en alcanzar una nueva instancia independiente, autónoma, ajena a intereses políticos; además, la prioridad debe ser el diseño de la institución antes que el nombre de quien será su titular, aseveró el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
Subrayó que las reformas constitucionales y legislativas que se formulen para alcanzar este objetivo deben tener como eje rector a la justicia y al fortalecimiento del estado de derecho. En ese marco, llamó a los senadores analizar en el actual periodo de sesiones las reformas para alcanzar este objetivo.
El funcionario internacional participó esta mañana en la inauguración de un seminario sobre el combate a la impunidad en América Latina, organizado por diversas organizaciones civiles y que se realizó en el Senado de la República. Ahí, recordó que existe un consenso amplio de órganos nacionales e internacionales de que el sistema de procuración de justicia en el país enfrenta una grave crisis y que la confianza de los ciudadanos en las instituciones es muy baja.
“El Senado tiene una ventana de oportunidad para demostrar su voluntad e incidir en la creación de una Fiscalía General de la República con una mirada de largo plazo. México requiere de un sistema de procuración de justicia que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción, y la reforma al artículo 102 (de la Constitución) es un primer paso en esta discusión”.
Enfatizó que “sería un error” reducir la deliberación de la creación de esta nueva instancia a un mero debate sobre el perfil de su titular. Si bien, dijo, antes de ello es preciso definir el diseño de la institución.
Aunque, acotó, “ni el mejor diseño institucional garantizará el éxito si no hacemos la selección de su titular basada en mérito, con base en sus cualidades y no en intereses partidistas. Su designación debe darse de la consulta abierta, participativa e incluyente. Tener a un fiscal con esas características, con un proceso de selección que se apegue a los estándares internacionales e independencias de las fiscalías, sería un paso importante para lograr una fiscalía autónoma”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al gobierno mexicano que informe qué instituciones públicas cuentan con equipo de espionaje, de qué manera lo utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control.
Además, en voz de Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, llamó a deslindar las posibles responsabilidades administrativas por el uso ilegal de tecnología de vigilancia.
Jarab, mediante un comunicado, condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, hechos públicos el lunes 19, en el diario The New York Times.
Para la ONU-DH, el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas.
En este sentido, recordó que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas.
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, condenó los asesinatos a líderes indígenas de Jalisco y Chiapas, defensores de la tierra y sus derechos culturales, sus usos y costumbres, ocurridos entre el 20 y el 22 de mayo pasados.
En un comunicado, consideró que “los asesinatos de estos defensores indígenas ponen de manifiesto el actual contexto de violencia al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México, particularmente defensores indígenas y líderes comunitarios”.
La oficina ONU-DH exigió el esclarecimiento de las muertes violentas de los hermanos Agustín y Miguel Ángel Vázquez, líderes indígenas wixáricas, ocurridas el pasado sábado 20, así como la del activista tzotzil Guadalupe Huet Gómez, consejero de la Organización Nacional del Poder Popular, ultimado el lunes 22 en la comunidad de Cruzton, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.
Asimismo, la ONU-DH pidió a las autoridades responsables de las investigaciones tomar en cuenta “la labor de defensa de estos líderes indígenas en defensa de los derechos humanos”, como un elemento fundamental para esclarecer los casos.
Jan Jarab puntualizó que en lo que va de 2017 han ocurrido “otros casos que demuestran la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores indígenas, incluyendo los asesinatos de los líderes rarámuris Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro a inicios del año o las muertes violentas que ocurrieron en la comunidad de Arantepecua, Michoacán, el 5 de abril”.
