¿Por qué tendría que importarme que la procuraduría pasará a ser fiscalía?

Ixchel Cisneros Soltero

Foto: Uriel Reyes/Cencos

Seguro escuchaste la discusión sobre la creación de una fiscalía eficaz, autónoma e independiente.

Pero eso a mí, ¿en qué me afecta?

¿Por qué tendrías que exigir una institución así? Si alguna vez fuiste víctima de un delito e intentaste denunciar, sabes que es un camino lleno de piedras. Tardado, violento y sin un final feliz.

Quien te robó el celular, quien te asaltó en el transporte público, quien te acosó o abusó de ti, quien desapareció o mató a un familiar, lo más probable es que siga libre y tú no hayas obtenido justicia.

Pero, ¿por qué?

Pues, en la mayoría de las ocasiones, quien labora en las procuradurías no hace bien su trabajo.

No colecta las evidencias correctamente, no escucha a las víctimas, no busca a los desaparecidos, no arma correctamente los expedientes, no le da seguimiento al caso o cuando detiene a un presunto culpable lo tortura para que se incrimine –y con esto el detenido tiene la oportunidad de salir libre–.

Siendo honestos, mucho de esto sucede porque no están capacitados, tienen demasiado trabajo, la burocracia les ha consumido o tienen vínculos con el crimen y el poder político.

Ahora tenemos una oportunidad invaluable. Podemos dar el salto de las procuradurías a fiscalías, y que esto no signifique nada más cambiar el nombre, que realmente construyamos una institución donde obtengamos justicia.

Entonces, ¿qué debemos exigirle a la clase política?

Que en un proceso transparente y con la participación de la ciudadanía nombre a un fiscal general que no tengan vínculos con el poder político ni con el crimen, y que sea una persona que puedan probar su autonomía, independencia, conocimiento y honradez.

Que se capacite a los funcionarios, se despida a quienes están corrompidos y contrate perfiles especializados capaces de poner en el centro a las víctimas, investigar los delitos y respetar la ley.

Que el presupuesto asignado para la institución sea realmente utilizado en nuestro beneficio; que quien sea cachado participando en un acto de corrupción sea investigado, despedido y juzgado.

Y por último pero no menos importante, que nos rindan cuentas, que nos digan qué están haciendo con nuestros recursos, cuáles han sido sus resultados.

Para empezar a empoderarnos como ciudadanía tenemos que exigir y darle seguimiento a nuestras peticiones hasta que se hagan realidad. No se trata de soñar, ellos trabajan para nosotros.

La noche en que le pedimos a la comunidad internacional que no dejara solos a los mexicanos

Foto: FIFDH

Por Ixchel Cisneros (@chelawuera)

De inicio me sentía como una atracción turística: “Pásele a ver a la mexicana que hablará sobre cómo es vivir en su terrible país”. Pero era una gran oportunidad para platicarle a la comunidad internacional sobre la violencia e impunidad a la que nos enfrentamos día a día en México.

Sería un debate en el marco del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos organizado por fundaciones, organizaciones internacionales, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y participaríamos: el actor Gael García, la periodista Anabel Hernández, el defensor de derechos humanos Carlos Soni Bulos y yo.

Cuando subí al escenario tenía todavía el corazón roto, acabábamos de ver el documental La libertad del diablo, de Everardo González, donde víctimas y perpetradores de la violencia narraban desapariciones, asesinatos y agresiones que les habían sucedido o que ellos habían cometido. Con la voz entrecortada, empecé por explicar que somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y chingonas y que realmente teníamos una clase política impresentable que no nos representaba en lo más mínimo, que nos mentía en la cara diciendo que no pasaba nada y que también lo hacía con la comunidad internacional. De verdad, es impresionante cómo los políticos de nuestro país mienten abiertamente cuando tienen audiencias en la ONU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana.

La charla continuó y yo nada más veía cómo los asistentes abrían grandes los ojos cuando les decíamos que tuvimos más de 23 mil homicidios en 2017 y que oficialmente había 33 mil personas desaparecidas.

Aplaudían tras escuchar la historia de Carlos Soni, quien fue torturado por marinos y encarcelado por casi dos años, y se emocionaban con los relatos de Gael sobre un México de luchones y luchonas que no se han dejado vencer y actualmente se están organizando en la búsqueda de un mejor país.

 Para no variar (porque parece que ya es mi tema forever) les expliqué sobre la recién aprobada Ley de seguridad interior y cómo nuestros senadores y diputados no escucharon a nadie y le dieron herramientas a las fuerzas armadas para seguir violando los derechos humanos. También hablé sobre la necesidad de una fiscalía autónoma e independiente y del escándalo de Pegasus, ese software invasivo comprado por el gobierno y usado para espiar a periodistas y personas defensoras.

Los asistentes no podían creer que México fuera así, pues supuestamente vivimos en un país democrático. Sus preguntas y comentarios eran sobre cómo enfrentábamos la violencia, por qué nuestras instituciones no funcionaban y si creíamos que nuestro gobierno era más un narcoestado.

Pero fue una pregunta la que me llamó la atención, de un hombre que, sentado en la última fila, nos cuestionaba: “Entonces si hay tanta violencia, ¿por qué los extranjeros siguen yendo a México y siguen considerándolo como uno de los mejores lugares para vacacionar?, ¿será porque la violencia únicamente se da en ciertas zonas?” La verdad acepto que me prendí, que no guardé la compostura y lo interrumpí en varias ocasiones pero ¿por qué lo hice? Pues porque resulta que el gobierno mexicano se tomó la molestia de mandar a un vocero a que nos preguntara eso, sí, el Estado envió a este chico que trabaja como su representante en Naciones Unidas para que intentara desacreditar lo que decíamos. Así de jodidos, así de censuradores.

Y mi respuesta a su pregunta fue: “Fíjate, qué casualidad, esa versión que das es justamente la que ofrece el gobierno mexicano. La violencia está en todos lados, incluso en los lugares turísticos como Los Cabos y Playa del Carmen, y si únicamente estuviera en la montaña de Guerrero, no tendríamos por qué dejarlos solos”.

Al final su estrategia no funcionó, decenas de personas se acercaron a nosotros para saber más, para seguir en contacto y para darnos muestras de apoyo. Me queda claro que hay mucho por visibilizar, mucho por compartir, mucho por escuchar. Esa noche, le pedimos a la comunidad internacional que no nos dejara solos.

Este texto fue publicado originalmente en The Huffington Post México

Qué es la impunidad y cómo nos afecta diariamente

Presentación de la iniciativa #Reforma102 | Foto: Cencos

Por Ixchel Cisneros (@Chelawuera)

Si vives en México, seguramente ya fuiste víctima de algún delito. Te robaron el celular en el metro, te asaltaron en el microbús, le robaron alguna autoparte a tu coche, te asaltaron con violencia, sufriste alguna agresión sexual, te pidieron dinero para dejarte trabajar o conoces a alguna persona muerta o desaparecida. Sí, así de gacha es nuestra realidad.

Yo, en los últimos 6 años he sido víctima de acoso en el transporte público, me robaron mi bolsa y teléfono celular a punta de pistola, allanaron las oficinas donde trabajo y me atropellaron y dejaron tirada a la mitad de la calle.

En todos los casos levanté una denuncia pero, ¿quéeee creeeen? En ninguno de ellos encontraron a las o los responsables. Esto no es una novedad, según el Índice Global de Impunidad 2017 somos el país con mayor impunidad de América Latina y el cuarto en el mundo.

Así de ruda es la impunidad, cometes un delito porque se puede, porque es muy probable que nunca te atrapen.

En este contexto, se habla mucho de la palabra impunidad pero, ¿qué es? Bueno, pues en resumen es que una víctima no reciba justicia y quien cometa algún delito no sea castigado. Pan nuestro de cada día, ¿no? Y por lo menos en mi percepción, la razón de por qué la clase política sigue robando sin control, los criminales son los dueños de ciertas zonas de nuestro país, continúan desapareciendo y matando personas, etcétera.

Por ejemplo, si una mujer denuncia la agresión de su pareja y las autoridades únicamente le dan el avión y la regresan a su casa con el agresor, es muy probable que este se dé cuenta que en México “no pasa nada” si violentas a las mujeres. Así que lo seguirá haciendo con posibles resultados fatales y quienes no le dieron el apoyo se convertirán en cómplices y promotores de la violencia.

O si alguien tiene en su loca cabecita la idea de matar a un periodista y revisa los asesinatos previos, se dará cuenta que de los más de 100 casos, no hay uno solo resuelto, cuestión que seguramente le dará aliento al futuro asesino para continuar con su plan.

Así de ruda es la impunidad, cometes un delito porque se puede, porque es muy probable que nunca te atrapen.

La cuestión acá es que todos los ejemplos anteriores, cuando fueron denunciados, tuvieron que haber pasado por una procuraduría o fiscalía donde su gente debió recolectar y procesar pruebas, hablar con testigos, ir con especialistas y armar un caso robusto con tal de encontrar y enjuiciar a las o los culpables. Pero, en México, esto no sucede porque dichas instituciones son débiles y están llenas de vicios y personas sin preparación –no todas, sí muchas-.

Por ello, hoy 31 de enero decenas de organizaciones sociales y empresariales, y cientos de ciudadanos nos reunimos en el Ángel de la Independencia para exigirle a los candidatos a la presidencia que le bajen al rollo y se pongan a trabajar en lo que consideramos esencial para que este país avance: la transformación de las procuradurías en fiscalías realmente autónomas con personas capaces y dispuestas a trabajar por un México más justo.

Y no, todo eso no se logra nada más quitando el pase automático y poniendo a un “buen fiscal”, se necesita una operación a corazón abierto que limpie todo lo enfermo y nos dé instituciones donde se investigue, se sigan protocolos, se respeten los derechos humanos de los detenidos, se procesen bien las pruebas, se les dé presupuesto suficiente, que no dependan del partido en el poder ni de la clase política; que vean por las y los ciudadanos y le den a las víctimas la justicia que tanto han anhelado.

Andrés Manuel, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, si tanto quieren gobernarnos, les exigimos que muevan a sus bancadas en el congreso y reformen el artículo 102 de la Constitución para lograr una #FiscalíaQueSirva.

Este texto se publico originalmente en The Huffington Post México

Derecho Remix: Vallenato con Adriana

Adriana Muro Polo, destacada abogada mexicana, visitó a Miguel, Ixchel y Gonzalo para conversar en torno a temas de política, sociedad y jurídicos que están sucediendo en Colombia; analizando el conflicto armado de aquel país.
Escucha el podcast:

Entendiendo el conflicto colombiano

Ixchel Cisneros, Gonzalo Sánchez de Tagle y Miguel Pulido, nuestros abogados preferidos, contaron con la visita de la reconocida abogada mexicana Adriana Muro Polo, quien ha litigado en México, trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una maestría en Derechos Humanos y actualmente es directora de Elementa(@ELEMENTADDHH), una consultora latinoamericana, con importante participación en los procesos de paz y el post-acuerdo en Colombia. Una conversación jurídica para ir entendiendo el conflicto en aquel país.

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Yo sí quiero que les paguemos a los partidos (antes de insultarme, léeme)

Foto: César Rodríguez/Bloomberg/Getty Images

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Entiendo que después de esta afirmación quieras despotricar en mi contra y decirme todas las barbaridades que se te están ocurriendo, pues la clase política mexicana y en específico los partidos políticos han demostrado ser una rémora que chupa dinero público a borbotones, no rinde cuentas y, regularmente, lo usa para llenar los bolsillos de unos cuantos. Ahí está el caso de las tarjetas Monex, las multas constantes al Partido Verde o los desvíos de dinero público de los estados a las campañas electorales.

Aun así, tenemos que poner en la mesa que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de no recibir dinero público y nada más mantenerse del privado es una pésima idea que desgranaré a continuación.

En principio, tienes que tomar en cuenta que esta iniciativa salió del PRI y ellos pertenecen al dark side, son los malosos que nos han robado y violado los derechos por años, como por ejemplo con el fraude electoral de 1988, la masacre de indígenas en Acteal en 1997, recibir una casa blanca de tu amigo contratista como lo hizo Enrique Peña Nieto y hasta desfalcar a un estado completo como lo ocurrido en Veracruz con el exgobernador Javier Duarte. Así que, no seas inocente: algo se traen entre manos al decir que no recibirán dinero público. Pues no son buena onda, no ven por su país y menos por acabar con la corrupción ya que han sido parte de ella por años, no por nada somos el país más corrupto de América Latina.

Aclarado eso, ahora vamos a la discusión del dinero.

En 2018, los partidos políticos recibirán 6 mil 778 millones de pesos para gasto ordinario y de campaña –más lo que reciban por las elecciones estatales–, el presupuesto más alto de la historia del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero ojo, esto no es algo que el INE haya decidido, fueron los mismos partidos y sus representantes en el Congreso quienes lo votaron en la Ley General de Partidos Políticos. En efecto, es un dineral que NO se merecen.

Peeero la solución no es dejar que los partidos políticos se financien con dinero privado, pues en primera los másters para conseguir dinero de privados, dígase de empresarios, líderes sindicales, cuotas partidistas y en ocasiones dinero sucio del crimen organizado o del presupuesto de los estados son los propios priistas. Por ejemplo, actualmente existe una investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales donde investigan a varios candidatos por el presunto uso de dinero ilícito y al exgobernador Javier Duarte también lo investigan por haber desviado recursos públicos para campañas.

** Nota:esto no quiere decir que los otros sean unas blancas palomitas, nada más hay unos que tienen más colmillo que otros**

Muchos aquí dirán: “pues mientras no sea con nuestro dinero que hagan lo que quieran, de todas maneras ya usan dinero sucio”. Pues qué creen: no, esto es una pésima, pésima idea. En un panorama hipotético, digamos que un presidente municipal en Nayarit llega a ese puesto porque tuvo mucho dinero en su campaña y regaló billetes o todos los que votaron por él. Pero resulta que ese dinero salió del crimen organizado, el cual obvio se va a querer cobrar el “favorcito” de alguna manera. O sea, gracias a recibir dinero privado, quienes viven en esa comunidad seguro se verán afectados por deberle un favor al narco.

Otro ejemplo menos radical, un candidato a gobernador recibe millones de una empresa minera, con eso, hace una campañota en su estado y gana. Ahora, le debe un “favorcito” a la empresa, la cual casualmente está involucrada en un escándalo de contaminación de un río local y muerte de varias personas por beber de su agua. De verdad ¿crees que los van a llevar ante la justicia para que paguen por lo que hicieron?

En nuestro país los candidatos y candidatas están acostumbradas a violar la ley y si de por sí al INE le ha costado un trabajal fiscalizar lo que ya reciben de dinero público y privado, con esta iniciativa del PRI les vamos a abrir la puerta para que el cochinero sea mayúsculo.

Entonces, sí, reduzcámosles el presupuesto público y privado al mínimo, únicamente para que puedan operar en un país austero pero no, no dejemos que pase la propuesta priista.

Este texto se publicó originalmente en The Huffington Post México

De corazón a corazón: vivos se los llevaron y vivos los queremos

Por Ixchel Cisneros
@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 28 de noviembre de 2016.

“Toda vez que buscamos a nuestras hijas e hijos, también buscamos a los suyos”.

En mi trabajo, dentro de una organización de la sociedad civil, me ha tocado ver casos atroces y aterradores de violaciones a los derechos humanos. Pero nada me ha apachurrado más el corazón que las madres buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. A lo mejor es porque igual que ellas tengo hijos y no concibo mi vida sin mis cachorros.

La primera vez que las conocí fue el 10 de mayo de 2014 en una marcha. Ellas, miles de mujeres, tomaron las calles para recordarnos que, ese día, no tenían nada que festejar. Que su vida no era la misma desde que llevan un vacío en el alma, desde que cargan con una ausencia.

Foto: Uriel Reyes

Fue ahí cuando comprendí por qué recorren todos los rincones del país, por qué se convirtieron en investigadoras que siguen pistas, en peritos que buscan restos, en administradoras que juntan dinero y ofrecer recompensas, en cabilderas que van al Congreso y negocian leyes. Para ellas, el mundo tiene otro significado desde que desconocen el paradero de sus hijas e hijos, y nunca será el mismo, hasta saber qué les ha ocurrido.

En aquella ocasión, recuerdo que me decían: “La desaparición es un problema de todos y todas y si no lo frenamos, llegará el día en el que toda familia tenga a un integrante sin localizar”.

El pasado jueves 24 de noviembre se llevó a cabo un evento lleno de sentimientos. Madres integrantes del Movimiento por nuestros desaparecidos en Méxicorecibieron en el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México a la Caravana de Madres Centroamericanas de migrantes desaparecidos.

En el piso, una lista de nombres que iba desde la Alameda Central hasta Bellas Artes, nos recordaba que son muchos los ausentes.

Ahí, ellas se abrazaron, platicaron, acompañaron y tomaron juntas una pancarta que decía: “De corazón a corazón”. No se conocían pero eran hermanas de dolor.

“Como familias mexicanas que buscamos a nuestros seres queridos, conocemos bien la angustia y desesperación que pasan estas madres hermanas al no saber nada de su hija o hijo; conocemos bien la frustración cuando las autoridades no responden. Como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pedimos al gobierno mexicano que deje de simular y reconozca el grave problema de las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares que hay en nuestro país y asuma su responsabilidad, tanto con las madres mexicanas, como con las centroamericanas”, decía en el comunicado.

Lamentablemente, cada año son más las mamás que marchan el 10 de mayo y también ha aumentado el número de madres que viajan de Centroamérica. La cifra oficial es de 25 mil personas desaparecidas y el Movimiento Migrante Mesoamericano menciona 70 mil migrantes desaparecidos en nuestro país.

Si esto como sociedad no nos conmueve y no nos hace reaccionar, no puedo pensar en qué podría hacerlo. Son casi 100 mil familias rotas, casi 100 mil madres que gritan: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

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Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre

Por Ixchel Cisneros
@chelawuera

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 10 de noviembre de 2016.

Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.

Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.

Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.

Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.

En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.

Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).

Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).

El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.

Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.

Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).

Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.

Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.

Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.

Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org

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Periodistas en busca de una organización gremial… “Esto apenas inicia”

Foto: Cencos

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Crear una organización que represente los intereses del gremio periodístico” fue un “tema recurrente” durante los trabajos de la llamada Agenda de Periodistas que, del 14 al 16 de junio, aglutinó a 381 reporteros y miembros de organizaciones de la sociedad civil en torno a un objetivo común: cómo frenar la violencia contra los informadores y trabajadores de los medios de comunicación.

“Se percibió esa necesidad de armar una entidad que organice a los periodistas, en el formato que sea”, señaló Guillermo Osorno, creador del proyecto cultural y de medios Horizontal y uno de los organizadores de La Agenda de Periodistas.

En conferencia de prensa realizada este miércoles 21, Osorno destacó otros tres temas que recorrieron las mesas de trabajo de los periodistas: contar con diagnósticos y estudios sobre los problemas que éstos enfrentan, capacitarse con el propósito de hacer mejor su trabajo, y acercarse más a la sociedad, pues “existe una sensación de aislamiento” y una “necesidad de explicarse mejor” para que la ciudadanía reconozca la importancia de su labor y los acompañe, precisó Osorno.

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