Los diputados aprobaron el dictamen en lo general y particular con 25 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
El Congreso de Veracruz aprobó este martes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, con lo que se convierte en el cuarto estado en aprobarlo, solo después de CDMX, Oaxaca e Hidalgo.
Los diputados aprobaron el dictamen en lo general y particular con 25 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Grupos religiosos en contra de la interrupción legal del embarazo se manifestaron afuera de la sede del Congreso de Veracruz para protestar contra la iniciativa.
A siete días de la toma del Congreso hay pocos avances en el diálogo con feministas; señalan al diputado morenista Gabriel Biestro de lanzar estrategia dilatoria para no atender sus demandas.
Foto: Mely Arellano/Lado B
Este lunes se cumplen siete días de la toma pacífica del Congreso del estado de Puebla. Un grupo de jóvenes feministas ocupa desde el 24 de noviembre el salón de Protocolos y otro acampa afuera, a media calle de la catedral poblana.
Sus demandas incluyen cosas tan concretas como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y tan complicadas como erradicar la violencia de género en las escuelas.
¿Cuántas son exactamente? No lo dicen. Quizás una decena dentro y otra afuera. La mayoría es de la colectiva Cuatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla, pero se han sumado otras y cuentan con el respaldo de más de cien organizaciones y 600 activistas de todo el país.
Ciudad de México. Organizaciones feministas peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado en Guerrero, decretada en junio pasado, denunciaron la intención de la Comisión de Justicia del Congreso estatal “de presentar una iniciativa del aborto por violación, regresiva y que violentaría la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”.
Los observatorios Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), así como Justicia, Derechos Humanos y Género y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) señalaron que si bien el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavi) recomendó estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo (ILE) por causal excluyente de violación, que garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura, la reformas que se propondrían por legisladores del estado son regresivas.
Puntualizaron que condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada. “Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades”, añadieron las organizaciones.
Ante las acciones de grupos conservadores e Iglesias que buscan frenar en el Senado el avance de una iniciativa de legisladoras de Morena para garantizar educación sexual, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva así como a la interrupción legal del embarazo, organizaciones feministas instaron a que se respete el estado laico y se legisle en favor de las mujeres y las niñas.
Respecto a que menores de edad puedan acceder a un aborto sin el consentimiento de sus padres -como lo plantea la iniciativa-, Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), y Luz María Reyes Huerta, de Marea Verde Altas Montañas, destacaron que esto ya está establecido en la Norma Oficial Mexicana 046 para casos de violencia sexual.
Indicaron que cada año en el país miles de niñas y adolescentes dan a luz, y muchos de los embarazos son productos de violencia sexual en los que los agresores son cercanos a ellas. Jiménez Patlán señaló que en varios casos las menores son obligadas a ser madres a temprana edad por sus mismos familiares, porque desconocen que pueden acudir a los servicios de aborto y porque “no pueden decir quién es el que llevó a cabo el abuso sexual”.
Si bien todos los estados del país contemplan la violación como una causante legal para interrumpir el embarazo, hay otros motivos que difieren notablemente en los códigos penales de las entidades para acceder a la interrupción del embarazo.
Foto: Emiliano Pensamiento/Cencos
En México, las únicas entidades que permiten a las mujeres interrumpir su embarazo de manera legal, sin importar la causa, son Oaxaca y la capital.
Pero ¿qué pasa en el resto del país? Mientras en la Ciudad de México y Oaxaca se permite a las mujeres abortar hasta las doce semanas de gestación, tan solo porque es su voluntad, en otras entidades el camino para que decidan sobre su propio cuerpo se va haciendo más estrecho.
Organizaciones feministas destacaron este martes que no cejarán en lograr que el aborto sea legal y gratuito en el país.
Fernanda Díaz de León, coordinadora de políticas y abogacía en IPAS México, manifestó que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de guardar silencio y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien está en contra del aborto pero también de que se criminalice a las mujeres por esta práctica, no abonan para dar certeza ni aclaran cuál es la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios ya garantizados.
Además, preocupa la propuesta de someter a consulta estos temas, porque durante muchos años hemos sido enfáticas en repetir que los derechos no se pueden poner a consulta. No puede haber una política en la que se decida si se otorgan o no derechos sólo porque la gente se oponga o los apruebe.
Indicó que lo anterior muestra que se desconocen todas las recomendaciones de organismos internacionales al Estado mexicano en términos de garantizar servicios en aquellas causales ya contempladas y en avanzar en la despenalización.
