Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, A.C. (REDODEM)
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, A.C., integrada por 24 albergues en 14 entidades federativas del país, reiteramos nuestra preocupación ante los siguientes hechos:
1.- Los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) son ejecutados con crueldad y violencia, vulnerando los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, incluidos niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas. El pasado 8 de noviembre denunciamos la simulación y retórica oficial supuestamente protectora de los derechos y la dignidad de las personas, por el operativo realizado el 3 de noviembre del año en curso, en** Atitalaquia, Hidalgo**, perpetrado por funcionarios migratorios, agentes de la Guardia Nacional y militares, quienes forzaron a personas migrantes a bajar del tren, mediante golpes, insultos y amenazas; separando familias y devolviéndolas a la región sur del país.
Los operativos realizados entre el 10 y 12 de noviembre pasado en distintos puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, donde se ubicaban personas migrantes -varios de ellos con cita de CBPone-, violando los derechos de cientos de personas que, ante la indolencia e ineptitud de las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero y del Gobierno de la Ciudad de México, se encuentran desde hace meses en situación de calle y alta vulnerabilidad.
2.- Las autoridades locales de la CDMX simulan ser una Ciudad Santuario para las personas en movilidad humana y violan la Constitución Política de la Ciudad de México:
“El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.” (Artículo 20, inciso 5 de la CPCDMX).
Se viola la Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal, aprobada en 2011, la cual reconoce que la movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar y establece que ningún ser humano es ilegal por su condición migratoria. Esta Ley establece obligaciones a las distintas autoridades locales, incluyendo a las distintas secretarías del gobierno de la Ciudad, las alcaldías y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No obstante, esta ley no se cumple, pues, a propuesta de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades desapareció en 2018 y con ello la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana quedó sin ente coordinador.
El incumplimiento de sus obligaciones legales por parte de autoridades locales y federales son las causantes de las crisis humanitarias que afectan a personas en contexto de movilidad humana en la Ciudad de México y en varias entidades de la República Mexicana.
Las personas están en situación de calle porque las autoridades no hacen lo que les corresponde para brindarles atención humanitaria.
Desde 2021 -con la llegada de personas haitianas a la CDMX- albergues y organizaciones de la sociedad civil en la capital han solicitado a las autoridades locales tomar medidas adecuadas para proteger a las personas y brindarles asistencia humanitaria. Sin que hasta ahora se haya recibido una respuesta adecuada y acorde que proteja sus derechos.
3.- Como Redodem hemos denunciado constantemente que los albergues de la sociedad civil están rebasados, no pudiendo dar albergue a toda la población que lo necesita. Esta situación conlleva lamentablemente quejas de vecinos y ataques a las y los defensores de derechos humanos que les atienden.
El 13 de noviembre, a la par de los operativos de limpieza social que ejecutó el INM en la CDMX, un grupo de vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero, realizó una protesta para exigir el cierre de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN), espacio humanitario que, desde mayo pasado ha estado al 500% o más de su capacidad, tratando de dar albergue a las personas y evitar que estén en situación de calle.
Los albergues y casas para migrantes de la sociedad civil somos una alternativa de solución ante el incumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades y funcionarios públicos.
Las casas y albergues no somos un problema. El sostenimiento de nuestros espacios es gracias a la ayuda desinteresada de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de distinción. Pero nunca podremos, ni pretendemos, sustituir al Estado; no nos corresponde.
Exigimos:
- Cese inmediato de operativos que violentan derechos humanos y criminalizan a las personas en contexto de movilidad humana. El INM no puede seguir actuando de manera impune y cínica.
- Que el INM informe con claridad, veracidad y transparencia a dónde son trasladas las personas detenidas, no “rescatadas”, en sus operativos y cuál era su situación migratoria al momento de la detención.
- Que los órganos públicos -nacional y de las entidades- de derechos humanos realicen una investigación sobre los operativos realizados por el INM, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para determinar las violaciones a derechos humanos en contra de las personas, particularmente quienes tienen necesidades especiales de protección por su edad, sexo y/o condición de salud.
Hacemos un llamado a la sociedad mexicana para comprender la compleja realidad que enfrentan una enorme cantidad de seres humanos forzados a salir de sus países de origen por fallas de sus propios Estados para garantizarles la vida, seguridad, integridad y desarrollo. A apoyarles en la medida de sus posibilidades.
