Redacción/Animal Político
La organización civil TECHO pidió a un juez que el Inegi cuente los asentamientos irregulares y las condiciones de vida de las personas que los habitan, para propiciar el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda junto con otros derechos consagrados en la Constitución.
La organización civil TECHO interpuso un amparo para que una autoridad judicial obligue al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a contar el número de asentamientos irregulares que existen en el país y las características de quienes los habitan.
“Ojalá no tuviéramos que recurrir a este tipo de medidas para tener esa información, pero el gobierno que va de salida nunca se interesó por el tema de los asentamientos. Esperamos que el nuevo gobierno sí lo haga, aunque no ha dicho nada sobre el punto de generar esa información”, explica Enrique Cano, director social de TECHO México.
Contar los asentamientos irregulares es indispensable para el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda de las personas que se ven obligadas a vivir en ellos, junto con otros derechos consagrados en la Constitución, considera la organización.
“Las causas estructurales que dan pie a los asentamientos informales son la baja oferta de suelo asequible y adecuado, sumado a los niveles de pobreza y desigualdad del país. Sin información no podemos avanzar en la construcción de un México más justo”, señala Cano.
TECHO, una organización latinoamericana con presencia en varios países que busca ayudar a superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos informales, ha denunciado que en México no hay la información mínima sobre estos asentamientos ni mucho menos sobre quienes los habitan: no se sabe cuántos asentamientos de ese tipo existen en el país, cuánta gente habita en ellos, en qué condiciones y si tienen acceso a los servicios básicos.
