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Por Redacción/La Jornada

La comunidad de Ixtlahuaca, en el estado de México, mantiene el campamento que instaló una tarde de julio de 2017 en la que sus habitantes subieron al Cerro Gordo a impedir que una empresa de origen michoacano continuara con el uso del explosivo C-4 para extraer basalto destinado al Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM).

El campamento es una lona que guarece a los pobladores que duermen; para las guardias, en dos colchones –uno sobre tablas y otro en una base de cama matrimonial con sólo dos patas–, dos mesas plegables, un tablón y un anafre.

De aquí no se llevaron una sola piedra y no vamos a dejar que exploten el cerro. ¿Qué clase de vida nos quieren dar?, expuso ayer Alfredo Rodríguez, uno de los vecinos que se instaló a la entrada de la brecha que el Grupo Minero Betancourt abrió en menos de un mes para explotar basalto, utilizado para compactar el terreno sobre el que se construyen las pistas de la terminal aérea.

Los trabajadores de la compañía abandonaron todo: camiones de volteo, la cribadora para fragmentar la piedra, los generadores de energía eléctrica y hasta una caja con C-4 bajo un pirú. Militares enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional acordonaron la zona y se llevaron el explosivo.

La comunidad denunció que desde entonces sufren hostigamiento de la empresa e incluso de hombres armados que se hacen pasar por agentes ministeriales.

Toda la información fue proporcionada en un recorrido con Rafael Hernández Soriano (PRD), presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga la obra, y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el estado de México, Luis Antonio Huitrón, así como Salvador Pulido, director de Salvamento Arqueológico, comisionados por el titular del instituto, Diego Prieto.

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