Enfermedades crónicas llevan a la pobreza a familias sin cobertura médica

Por Redacción/Animal Político

El pagar tratamientos para la diabetes e hipertensión cuesta hasta 131 mil pesos anuales en tanto que la atención para el cáncer de mama alcanza los 245 mil pesos anuales. Familias tienen que sacrificar su patrimonio para poder costear la atención médica.

Más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud y a consecuencia de esto se ven forzados a cubrir los gastos de atención y tratamientos médicos.

El gasto que este sector poblacional invierte en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia, provoca que México sea el segundo país de la OCDE con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud y a su vez deriva en que millones de familias caigan en situación de pobreza, según el informe “Pequeños pasos para transformar al sistema de salud” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El gasto de bolsillo se refiere al gasto directo de las familias para solventar requerimientos de la atención de la salud (no incluye seguros médicos privados).

De acuerdo con el IMCO, el gasto de bolsillo de los mexicanos es uno de los más altos en el mundo, mientras que el presupuesto de la Secretaría de Salud ha decrecido más del 20% en términos reales durante el sexenio.

Incluso calculan que si una familia mexicana promedio tuviera que pagar el total del tratamiento para una persona diabética, tendría que endeudarse y/o vender su patrimonio.

“En el escenario más conservador, los hogares afectados por una enfermedad crónica podrían tener un gasto de bolsillo del 20%. En este caso, las pérdidas de ingreso podrían alcanzar el 1% del PIB”, destacan.

El IMCO calcula que “el ingreso perdido por los hogares afectados por enfermedades crónicas, proyectado a 2030, equivale a 7.3 veces el presupuesto de la UNAM”.

El caso más preocupante es el de la diabetes. En 2016 esta enfermedad fue diagnosticada en al menos 6.7 millones de mexicanos, es decir, el 9% de la población.

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Gobierno paga casi mil millones de pesos a empresas fantasmas: IMCO

Foto: Pixabay

Por Redacción/Animal Político

De acuerdo con el IMCO, en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas boletinadas; entre las más beneficiadas hay firmas ligadas a políticos del PRI y del PRD, e incluso a un ex dirigente de la CNTE.

El gobierno federal ha pagado casi mil millones de pesos del dinero de los mexicanos a empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como fantasma.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos del PRI y del PRD e incluso a un ex dirigente de la CNTE, de acuerdo con el diario Reforma.

Vasa Holding Company, S. A. de C. V., es la que más recursos públicos federales ha recibido a pesar de su clasificación. En 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le otorgó un contrato por 288.2 millones de pesos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos del PRI y del PRD e incluso a un ex dirigente de la CNTE, de acuerdo con el diario Reforma.

Vasa Holding Company, S. A. de C. V., es la que más recursos públicos federales ha recibido a pesar de su clasificación. En 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le otorgó un contrato por 288.2 millones de pesos.

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Peña Nieto condenó al fracaso la investigación por espionaje y amenazó a las víctimas: ONG



Por Redacción/ Proceso

Con sus primeras declaraciones sobre el escándalo del espionaje de su gobierno a defensores de derechos humanos y periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto condena al fracaso la investigación que él mismo ordenó y amenaza a quienes han denunciado ser víctimas de ese delito, afirmaron seis organizaciones civiles.

En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, Socialitic y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se refirieron a las expresiones que el Ejecutivo federal hizo en Jalisco, mismas a las que consideró “impropias de su investidura y en extremo preocupantes”.Las organizaciones argumentaron que sin esperar a que la investigación haya iniciado, Peña Nieto “condenó al fracaso la indagatoria, calificó de falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad”.

Detallaron que, como la investigación aún no ha comenzado, el presidente “carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección”.

Según su opinión, que el mandatario “descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.

Como segundo punto, las organizaciones firmantes acusaron que con sus declaraciones, Peña Nieto normalizó la gravedad de las denuncias y minimizó las consecuencias en la vida de las personas que han acusado las intervenciones.

Aseguraron que lo dicho por el funcionario son afirmaciones “irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información”.

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