La campaña #SalvemosInternet facilita un sitio en donde los usuarios pueden manifestarse contra la iniciativa del IFT.
Foto: Francisco Sandoval/Animal Político
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil están haciendo un frente para defender al internet y la neutralidad de la red ante una iniciativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que permitiría bloqueos a contenidos de internet, censura, invasión a la privacidad y pondría en riesgo la libertad de expresión.
La coalición Salvemos Internet, integrada por organizaciones, colectivos, empresas y personas por la defensa de la neutralidad de la red, presentó este jueves una campaña que busca frenar el anteproyecto del IFT que faculta a los Proveedores de Acceso a Internet (PAI) a realizar prácticas de priorización pagadas: es decir, les permite suscribir acuerdos comerciales (incluso con aplicaciones, servicios y contenidos de su grupo económico) para dar un trato preferencial al tráfico de sus socios.
Al recibir 46,110 solicitudes de datos por parte de autoridades no facultadas o indeterminadas, en 40,839 casos (88.6%) las empresas telefónicas entregaron la información, indicó un estudio de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
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Entre 2016 y 2017, empresas de telefonía en México dieron datos de llamadas de miles de usuarios a autoridades que no están facultades para solicitarlos, acusó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en el reporte ¿Quién no defiende tus datos?.
La organización señaló incumplimiento de los lineamientos en materia de seguridad y justicia por parte de empresas de telecomunicaciones, en dicho periodo, violaciones sistemáticas al derecho a la privacidad y la protección de datos personales, y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no está cumpliendo en su deber de dar información a los ciudadanos, sobre este tipo de procedimientos.
R3D recordó que, de acuerdo con una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte, solo la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías estatales, la Policía Federal y el CISEN están facultadas para solicitar a las empresas datos de llamadas de usuarios como el número entrante y saliente, duración de las llamadas, fecha y hora, datos de los dispositivos, y ubicación geográfica.
Sin embargo, entre 2016 y 2017 al recibir 46,110 solicitudes de datos por parte de autoridades no facultadas o indeterminadas, en 40,839 casos (88.6%) los datos fueron entregados por las compañías telefónicas, y solo fueron rechazadas 5,271 peticiones.
“Entre las autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia que obtuvieron acceso a datos de usuarios se encuentran los Institutos electorales de la Ciudad de México y de Oaxaca, los gobiernos del estado de México y de Colima, las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal del Consumidor”, apuntó R3D.
