La secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que se está buscando a embajadas extranjeras y a la representación de la Unión Europea para conseguir fondos y así mantener las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.
Apenas la semana pasada, Francisca de la Cruz recibió un llamado de auxilio de una mujer violentada en la comunidad de Cochoapa, de solo 4 mil habitantes, en el municipio Ometepec, Guerrero. Llamó al comisario para asegurarse de que atendiera la denuncia, que el marido se saliera de la casa porque violentaba a su esposa cuando bebía alcohol, y que garantizara la seguridad de ella, que por las restricciones de movilidad ante el COVID-19 no podía ir a ningún otro lado.
El documento reúne información sobre la normatividad internacional de los derechos de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes ordenada por tema, para proponer su armonización en algunos artículos Constitucionales1 y leyes reglamentarias; es un insumo para el ejercicio de discusión y retroalimentación que se lleva a cabo en los Foros Regionales de Consulta convocados por el INPI.
Esos foros no reúnen las características de una consulta conforme a los parámetros internacionales de derechos humanos señalados en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CoIDH) y pueden ser impugnados ante los Tribunales.
Los 16 temas que se consultan resumen los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en PaísesIndependientes, (Convenio 169 de la OIT); de laDeclaracióndelasNaciones UnidassobrelosDerechosdelosPueblosIndígenas, (DNUDPI); y de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, (DADPIN); además de la Declaración y Programa de Acción de Durban. Omite la referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de DiscriminaciónRacial.2
En estricto sentido, conforme a la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, un tratado internacional de derechos humanos, en este caso el Convenio169 de la OIT, tiene la misma jerarquía normativa que la Constitución, por lo que ahora se puede aplicar directamente a los casos concretos, esto significa que los derechos que están en el convenio no tienen que repetirse en los artículos de la Constitución.
