Ciudad de México | Desinformémonos. La educación para la población indígena en México es “marginal y excluyente”, además de que el nuevo modelo educativo es “genérico” y “no recoge todo el patrimonio cultural y lingüístico milenarios” del país, criticó el poeta náhuatl, Natalio Hernández, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Señaló que parte del problema es que no se ha creado una relación simétrica entre el español y las lenguas originarias, pues “hasta hoy se dice que son dialectos”. “De una forma subliminal te están diciendo: ‘te vamos a enseñar a hablar inglés para que seas exitoso’ y piensas, ‘¿y la lengua de mi pueblo que me da identidad, valores y cosmovisión, no me da el éxito?’ El reto que tenemos es que junto con el inglés, se enseñen también las lenguas originarias, pero a todos los alumnos, para que realmente sean bilingües o trilingües”, expresó.
Hernández indicó que el verdadero desafío para la educación en los estados latinoamericanos es tener “sistemas y modelos educativos que den cuenta de la diversidad de lenguas y culturas” para visibilizar y dignificar la identidad indígena y sus aportaciones.
Señaló que las lenguas indígenas también están bajo amenaza por el modelo educativo que responde a un esquema formativo europeo y privilegia a un “paradigma que recoge el pensamiento occidental, que no es malo, pero que desconoce todo el patrimonio artístico, lingüístico y cultural de los pueblos originarios”.
Por Redacción/Aristegui Noticias
Presentan ante CNDH evidencia de la estrategia de división y hostigamiento. Consideran que se intenta proteger los intereses de empresas como Monsanto.
Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche, acusaron un “clima de hostigamiento” y “estrategia de división” en el proceso de consulta sobre la siembra de soya transgénica.
El martes acudieron a la CNDH a denunciarlo y señalaron directamente a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), quienes tienen el “fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso”, el cual fue ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz, en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Y se retiraron al grito de “No nos callarán”.
Los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.
“Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto”, apuntaron los representantes en un comunicado.
Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que “las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta”.
Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad indígena zapoteca en Unión Hidalgo, Oaxaca, interpuso un amparo para solicitar protección de la justicia federal ante los Juzgados, luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgara un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I., filial de la transnacional Energies Nouvelle.
El representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, Oscar Marín dijo que las personas que habitan la comunidad se reconocen como parte del pueblo indígena zapoteco y al otorgar los permisos a la empresa EDF, se viola su derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado que se encuentra establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por medio de solicitudes de acceso a la información, la comunidad conoció la solicitud de la empresa para un permiso fechado el 27 de abril y con autorización de 29 de junio del 2017. Dentro de la autorización se estipula que la “Central Eólica Gunaa Sicarú” contará con 96 aerogeneradores, con una capacidad de 2 mil 625 megawatts cada uno para generar un total de 252 megawatts. Una producción anual estimada será de 825.7 gigawatts hora, por un tiempo de 30 años. Ver nota completa
Las organizaciones civiles denunciaron que el Gobierno mexicano ignora los estándares internacionales de acceso al remedio de daño y justicia ante la violación de derechos humanos durante la operación de proyectos empresariales, aunque la Segob se comprometió a concluir la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos a finales de agosto.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Ocho organizaciones civiles que conforman el Grupo Focal anunciaron que después de dos años de trabajo se han salido del proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), ya que no avalan que la propuesta actual presentada por el gobierno mexicano ignore los estándares internacionales, entre ellos, acceso al remedio de daño y justicia ante la violación de derechos humanos durante la operación de proyectos, principalmente energéticos.
“No avalamos el último borrador hecho por el gobierno porque estamos lejos de poder reunir el estándar internacional (que ya existe en 16 países). Se queda en medio entre el estándar mínimo de responsabilidad social de los noventa y los internacionales establecidos por la ONU sobre la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos [de comunidades afectadas por proyectos]”, dijo en conferencia de prensa Benjamín Cokelet, director de Poder.
“La CFE, Pemex y CONAGUA deben ser las primeras en poner el ejemplo, pero en el borrador no se comprometen con la responsabilidad de garantizar los derechos humanos”, enfatizó Alfredo González de Oxfam.
Astrid Puentes, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), aclaró que se deslindan de la redacción, pero seguirán el monitoreo hasta el resultado final.
“Un texto por debajo de los estándares internacionales es una oportunidad perdida para México para mejorar la garantía efectiva de los derechos humanos”, afirmó.
Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), enfatizó la necesidad de que las comunidades indígenas afectadas por los proyectos empresariales participen en la mesa de trabajo de la elaboración de este Programa, cuya implementación es una obligación del Estado.
El borrador actual sigue sin atender las principales peticiones de la sociedad civil. Astrid Puentes, de AIDA, expuso que la Secretaría de Gobierno ha aclarado que el proceso de negociación es complejo, ya que también participa el sector empresarial. Sin embargo, añadió, no se está pidiendo algo que no exista.
Por Redacción
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 10 de noviembre del 2016.
Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.
FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio
Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.
Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.
Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.
En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.
Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).
Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).
FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio
El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.
Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.
Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).
Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.
Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.
Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.
Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org
“Quiero decirle a Enrique Peña Nieto que no pase esta autopista y que busquen túneles o arcos… Que se atengan a lo que estamos diciendo”: Comunidad indígena del bosque otomí de Xochicuautla.
Con un proyecto alternativo para no destruir su bosque, no ser desplazados y continuar su vida, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla plantea poner fin al conflicto con esta propuesta presentada por el Consejo Supremo Indígena:
El Consejo Supremo Indígena propone alternativa técnica frente a la autopista impuesta Toluca – Naucalpan.
Basada en túneles y puentes, propone permitir el cruce humano y de fauna, así como de las fuentes de agua de la comunidad, a diferencia del proyecto de Grupo Higa.
Pobladores de San Francisco Xochicuautla han vivido en esta década, intimidaciones, hostigamientos, persecuciones y encarcelamientos para obligarlos a aceptar la construcción de la autopista. Hasta el día de hoy, se han realizado 22 encarcelamientos por defender los bosques y lugares sagrados. Las violaciones a derechos humanos e indígenas, así como ilegalidades del proceso han sido ampliamente documentados por su Consejo Supremo Indígena.
Ante el intento de despojo, este pueblo de niños, niñas, mujeres y hombres dignos, propone ahora una forma de mantener y preservar su Bosque Sagrado de Agua, del cual ha sido guardián por cientos de años. Busca defender el patrimonio de muchas y muchos “más allá de sólo las comunidades indígenas” dice Armando García.
Indígenas mixes de la zona norte del Istmo encabezadas por la Unión de Comunidades Indígenas (Ucizoni) realizaron un bloqueo carretero sobre la vía federal Transístmica a la altura de la comunidad de Palomares y también tomaron la Fiscalía de Justicia Matías Romero y las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de Oaxaca, para exigir justicia por la muerte de su líder, Benjamín Juárez José y un alto a las altas tarifas eléctricas.
También requieren de la atención del gobierno de Oaxaca para el tema de los desplazados mixes y de la unidad medica del IMSS donde se han violentado sus derechos a la salud.
Los indígenas, agrupados en la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, se encuentran esperando la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre su petición, pues argumentan, no se está respetando su derecho a la libre determinación como pueblo indígena.
La inconformidad de los pobladores por el cambio de sistema para votar por sus gobernantes se agudizó cuando María Gloria Sánchez Gómez, del Partido Verde Ecologista, ganó por segunda vez la elección para ser alcaldesa de Oxchuc, periodo en el que ha sido acusada por presuntos actos de corrupción.
Los pobladores de Oxchuc se encuentran a la espera de la sentencia del TEPJF que determinará si para 2018 podrán celebrar elecciones mediante el sistema de usos y costumbres, o si se mantendrá el sistema de voto directo que, de acuerdo con los indígenas integrantes de la Comisión Permanente, es el motivo de los conflictos que mantienen dividida a la comunidad.
La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa y por el Cuidado del Agua (Copuda) es una organización que aglutina a 16 comunidades zapotecas campesinas que habitan en los valles centrales en Oaxaca y que desde hace 50 años habita su territorio con una veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.
Las comunidades organizadas en la Copuda recurrieron al proceso de consulta indígena. Hasta el momento en México no hay ningún caso de éxito en consultas indígenas, ya que siempre se registran tácticas por parte de los gobiernos municipales y estatales que empañan los procesos, de acuerdo con los activistas.
Pero la Copuda parece estar cerca de lograr la meta.
En los días pasados, como parte del proceso de consulta para modificar el decreto de veda de 1967, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en representación del Gobierno federal, dio su propuesta de cómo podía cambiarse el régimen de acceso al agua en los valles centrales.
Ahora esa propuesta la está analizando en este momento la Copuda para posteriormente emitir una opinión al respecto.
De acuerdo con Alfredo González Reyes, director de Programas de la organización Oxfam México, probablemente ésta tomará forma de decreto presidencial que invalida o modifica el decreto de 1967.
Por lo pronto, sólo se limita a una propuesta de cómo podría cambiar el régimen de acceso al agua en los valles centrales como respuesta al gobierno federal a la demanda de las 16 comunidades para que puedan tener acceso al agua.
Fueron 16 sobres cerrados los que entregó la Conagua a la Copuda y hasta el momento no se sabe si las propuestas responden estrictamente a las necesidades de las comunidades.
Desde la tierra sagrada de Wirikuta en Real de Catorce, San Luis Potosí, después de realizar una ceremonia de cumplimiento de compromisos, el Consejo General Wixárika por la Defensa de Wirikuta emitió, un pronunciamiento en el que exigen se investigue y clarifique el homicidio de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres y señalan: “Seguiremos luchando por la vida y la humanidad, ante ellos ratificamos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano la cancelación de todas y cada una de las concesiones mineras existentes en nuestro lugar sagrado de Wirikuta tanto en el bajío como en la sierra”.
Miguel se desempeñó hasta hace un par de meses como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y en septiembre de 2016 impulsó la ejecución de restitución de 184 hectáreas de tierras ubicadas en Huajimic, Nayarit, que dicen les fueron despojadas por parte de ganaderos mestizos. Postura que entonces fue respaldada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 56. Por su parte, Agustín, descrito por sus cercanos como una persona amable y tímida, había concluido recientemente sus estudios para convertirse en un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos.
Aunque las autoridades tradicionales aseguran que reciben amenazas de forma constante por la defensa que hacen de su territorio en distintos frentes, por su oposición a proyectos mineros e hidroeléctricos que vulneran sus sitios sagrados, indicaron que honrarán la memoria de los hermanos continuando su lucha…
