Redacción/Animal Político
Las autoridades educativas y de la CDMX no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.
A casi un año del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen por el terremoto del 19 de septiembre, donde murieron 19 niños y 7 adultos, las autoridades educativas y de la Ciudad de México no han informado sobre el estado en el que están el resto de escuelas, y si cumplen con las normas actuales de seguridad, de acuerdo con un estudio elaborado por la asociación civil Impunidad Cero.
El análisis sobre las responsabilidades de diversos actores en el caso Rébsamen detalla que era un edificio construido en 1983, que no se adecuaba a lo establecido en el Reglamento de Construcciones creado dos años después del terremoto de 1985, además de que en 2009 se le agregó un cuarto piso, que sumaba 225 toneladas, sin haber reforzado el diseño estructural.
“Existen constancias documentales de que las autoridades identificaron la ilegalidad de la obra y el riesgo de la misma, incluso la clausuraron en dos ocasiones, pero tal obra continuó y culminó, pese a las irregularidades y el riesgo que representaba, y sin razonamiento técnico alguno fue validada por DROs y CSEs [Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Seguridad Estructural]; lo que denota responsabilidad no solo de los propietarios del Colegio sino también de las autoridades que por acción u omisión permitieron que la obra irregular fuera construida e incluso validada”, señala el informe.
Por ello, considera urgente una revisión oficial a las escuelas construidas antes de esa fecha por parte de todos los involucrados con la infraestructura educativa –la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFE), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX y las delegaciones–.
