Gobierno paga casi mil millones de pesos a empresas fantasmas: IMCO

Foto: Pixabay

Por Redacción/Animal Político

De acuerdo con el IMCO, en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas boletinadas; entre las más beneficiadas hay firmas ligadas a políticos del PRI y del PRD, e incluso a un ex dirigente de la CNTE.

El gobierno federal ha pagado casi mil millones de pesos del dinero de los mexicanos a empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como fantasma.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos del PRI y del PRD e incluso a un ex dirigente de la CNTE, de acuerdo con el diario Reforma.

Vasa Holding Company, S. A. de C. V., es la que más recursos públicos federales ha recibido a pesar de su clasificación. En 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le otorgó un contrato por 288.2 millones de pesos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos del PRI y del PRD e incluso a un ex dirigente de la CNTE, de acuerdo con el diario Reforma.

Vasa Holding Company, S. A. de C. V., es la que más recursos públicos federales ha recibido a pesar de su clasificación. En 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le otorgó un contrato por 288.2 millones de pesos.

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No más atole con el dedo, ni firma de compromisos con notario: una #FiscalíaQueSirva ya, demandan

Por Redacción/Sin embargo

Los colectivos, que aglutinan más de 300 organizaciones, hicieron un llamado al los aspirantes presidenciales para que convenzan a sus partidos para que avalen una Fiscalía General independiente, y no una designada por el Presidente de la República.

Meade puede convencer a los senadores y diputados del PRI, Ricardo Anaya, a los del PAN, y López Obrador, a los de Morena, para que esta iniciativa sea discutida y votada en este proceso legislativo”, dijo Juan Pardinas, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ciudad de México,31 de enero (SinEmbargo).- Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva urgieron este día a los candidatos presidenciales a buscar convencer a los legisladores a crear una Fiscalía General autónoma y eficaz.

“El primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas, y de dónde vengas; queremos que la justicia sea la misma para todos”, dijo Antonia Meda Cadena, representante de los colectivos.

Como parte de esta iniciativa, los colectivos lanzaran el sitio web reforma102.mx, en el que se pretende ofrecer un medidor para la ciudadanía sobre si los candidatos presidenciales urgen a sus propias bancadas a realizar el cambio antes de los comicios del 1 de julio.

“En las campañas presidenciales los compromisos toman forma de atole con el dedo cuando traen un notario y firman un compromiso. No queremos eso, queremos liderazgo manifestado en que Meade puede convencer a los senadores y diputados del PRI, Ricardo Anaya a los del PAN, y López Obrador a los de Morena para que esta iniciativa sea discutida y votada en este proceso legislativo”, dijo Juan Pardinas, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con las herramientas para cumplir con los problemas que aquejan del país, insistieron.

La importancia de reformar el 102 constitucional radica en que el Fiscal General no sea designado por el Presidente de la República, explicó Cardinas.

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El salario mínimo en México viola la Constitución y debe llevarse a tribunales, afirman especialistas

Por Redacción/Sin embargo

Alrededor del salario mínimo que ganan alrededor de ocho millones de trabajadores formales y en particular informales, diversos actores caminan hacia distintos lados: El Banco de México llama a un aumento prudente para evitar un impacto inflacionario importante; el sector empresarial y las organizaciones civiles piden un monto que alcance al menos para la canasta básica, y la Conasami, por su parte, busca un consenso político.

Sin embargo, dado que ya fue anunciado el aumento de ocho pesos para diciembre y se sigue sin alcanzar la línea de bienestar, lo que viola el Artículo 123 de la Constitución, las organizaciones civiles estudian llevar el caso a los tribunales, como ya sucedió con el tema de los excesos en gasto de publicidad oficial.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– En los últimos cinco años el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20 por ciento en términos reales, al pasar de 60 pesos a 88.36 pesos considerando el aumento anunciado el martes, mientras la inflación de octubre se ubica en 6.37 por ciento anual. Sin embargo, al no cubrir todavía el costo de la canasta básica para una persona, viola el artículo 123 de la Constitución, razón por la que la sociedad civil se está coordinando para llevarlo a tribunales.

En su nuevo nivel, el salario mínimo que entrará en vigor en diciembre cubrirá el 92.76 por ciento del monto necesario para alcanzar la Línea de Bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indicador que a la fecha es del 84 por ciento. La canasta básica individual diaria cuesta 97 pesos.

“Es litigable, puede llevarse a juicio alegando que no se da acceso al mínimo vital. Sin embargo, el caso difícilmente prosperaría, ya que el Estado alegaría que está dando otras condiciones para acceder a ello como programas sociales, vales de despensa, vivienda, etcétera”, consideró Manuel Guadarrama, abogado e investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En México, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor de ocho millones de trabajadores del mercado formal e informal sobreviven con un ingreso equivalente al salario mínimo. La mayoría, 7.5 millones, son del sector informal sin acceso a seguridad social. Pero en el lado formal solo el 61 por ciento de los empleos que se están creando en 2017 son de tiempo completo y con ingresos que permiten al trabajador cubrir sus necesidades básicas, documentó el sector empresarial.

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Estados reprobados, sin fiscal ni magistrados: así arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción

Por Redacción/Animal Político

El Sistema Nacional Anticorrupción arrancó sin pies ni cabeza. El plazo para que los estados reformaran sus Constituciones y crearan una ley estatal anticorrupción se cumplió el pasado 18 de julio; sin embargo, dos entidades no cumplieron, mientras que otras ocho lo hicieron pero con deficiencias. Además, falta el nombramiento de un fiscal nacional y de los magistrados.

En ese contexto, este 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción inició operaciones, luego de que las entidades y los legisladores federales no cumplieron con los plazos, a pesar de que tuvieron más de un año para hacer las modificaciones correspondientes.

Chihuahua y Veracruz son los dos únicos estados en los que ni siquiera tienen propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción, de acuerdo con el #SemáforoAnticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

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Peña Nieto condenó al fracaso la investigación por espionaje y amenazó a las víctimas: ONG



Por Redacción/ Proceso

Con sus primeras declaraciones sobre el escándalo del espionaje de su gobierno a defensores de derechos humanos y periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto condena al fracaso la investigación que él mismo ordenó y amenaza a quienes han denunciado ser víctimas de ese delito, afirmaron seis organizaciones civiles.

En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, Socialitic y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se refirieron a las expresiones que el Ejecutivo federal hizo en Jalisco, mismas a las que consideró “impropias de su investidura y en extremo preocupantes”.Las organizaciones argumentaron que sin esperar a que la investigación haya iniciado, Peña Nieto “condenó al fracaso la indagatoria, calificó de falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad”.

Detallaron que, como la investigación aún no ha comenzado, el presidente “carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección”.

Según su opinión, que el mandatario “descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.

Como segundo punto, las organizaciones firmantes acusaron que con sus declaraciones, Peña Nieto normalizó la gravedad de las denuncias y minimizó las consecuencias en la vida de las personas que han acusado las intervenciones.

Aseguraron que lo dicho por el funcionario son afirmaciones “irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información”.

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