Este domingo 26 de septiembre en la Ciudad de México cientos de personas marcharon para conmemorar los 7 años de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Este año, entre exigencias de verdad y justicia para los 43 normalistas y las más de 90 mil personas desaparecidas en México, se guardó un minuto de silencio en memoria de don Saúl Bruno y don Bernardo Campos, padres que fallecieron este año sin conocer lo ocurrido a sus hijos.
A pesar del paso de los años, los familiares de los jóvenes continúan sin respuestas y aunque han existido investigaciones, no se han señalado a los responsables. No se ha tenido verdad ni justicia.
Fotos: Doryan Álvarez y Erik Isaac Salinas / Cencos
Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en Iguala, se cree que tiene información sobre la detención y paradero de los estudiantes.
Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos
La Fiscalía General de la República logró un auto de formal prisión en contra del expolicía federal, Luis “D”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lo anterior significa que un juez determinó que hay elementos suficientes para abrir un proceso e iniciar un juicio contra el acusado, quien fue detenido el pasado 18 de enero.
En un comunicado, la FGR detalló que Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala, Guerrero, en la noche en que desaparecieron los estudiantes.
Margena de la O/Amapola Periodismo/Animal Político
Las primeras versiones y testimonios de estudiantes y personas que los auxiliaron en medio de los ataques de esa larga noche de Iguala, dan cuenta de su presencia.
Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos
La propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documentó la intervención del Capitán Segundo de Infanteria, José Martínez Crespo, en la noche de Iguala, en la que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Martínez Crespo es el primer militar detenido por su participación en estos hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
En los partes informativos del Ejército -formatos institucionales generados con los reportes de los propios miembros del Ejército desde el lugar de los hechos- se da cuenta de la intervención del Capitán Segundo de Infantería, José Martínez Crespo, en momentos importantes de esa noche, y se tuvo acceso a ellos desde 2015, año en que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos ya planteaban su sospecha contra miembros del Ejército ante una presunta relación con el ataque y desaparición de los muchachos.
Órdenes de aprehensión contra militares, las capturas de Carlos Gómez Arrieta y una exMP, así como el arresto de un policía federal son las novedades del informe. Queda pendiente lo importante: saber qué ocurrió con los 43 estudiantes y una nueva narrativa que sustituya la denominada “verdad histórica”, ya desechada.
Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos
“Queríamos llegar con un poco más. Son ya seis años y no tenemos nada”. Las palabras de María Martínez Ceferino, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, sintetizan el desánimo con el que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afrontan el sexto aniversario de los hechos de Iguala. Durante meses, los familiares de los desaparecidos mostraron su frustración ante la escasez de avances y la presentación del informe era el modo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reafirmaba su compromiso con sus reivindicaciones.
El balance, sin embargo, tiene sus vacíos. Existe consenso en desechar la denominada “verdad histórica”. Es decir, que hay acuerdo sobre qué es lo que no ocurrió. También hay anuncios de calado, como las órdenes de aprehensión contra militares, hasta ahora intocables. Sin embargo, las grandes interrogantes siguen pendientes: ni se sabe dónde están los 43 estudiantes ni qué ocurrió para que se los llevasen. Aunque para llegar hasta ahí, los investigadores tienen primero que deshilvanar todo el entramado levantado sobre el caso durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (desarmados y sin equipo antimotines) y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dotados de escudos y cascos tácticos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde septiembre de 2014 arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde llevarán a cabo una protesta en demanda de justicia al cumplirse prácticamente seis años de los hechos ocurridos en Iguala.
Los familiares de los normalistas se colocaron justo enfrente de la fachada de la FGR, detrás de la valla de seguridad que la institución había dispuesto frente a su sede, que se localiza en Insurgentes 20.
Mientras decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” se colocaron del otro lado de la formación de seguridad, anunciando que realizarán esta actividad de manera pacífica.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, representa un “caso paradigmático” que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el gobierno para atender las violaciones a las garantías fundamentales.
“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del estado mexicano. A la vez es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia”, enfatizó.
Esta mañana, la funcionaria internacional firmó un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, MArcelo Ebrard Casaubón, en el que la representación de la ONU-DH en México brindará asesoría y asistencia técnica para resolver el caso Ayotzinapa.
“El objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala”, subrayó Bachelet en la ceremonia en la que se signó este acuerdo, que se celebró en el Salón José María Morelos de la cancillería, donde también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los subsecretarios de Asuntos MUltilaterales y Derechos HUmanos de la SRE, Martha Delgado; y de Derechos HUmanos de la SG, Alejandro Encinas.
A cuatro años del asesinato y desaparición de estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, hoy se firmará la creación de una comisión especial para investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En una ceremonia programada a las 10:00 horas en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmará ante los padres de los jóvenes el Decreto para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa.
Según la invitación entregada a representantes de los familiares de los desaparecidos, con la firma del decreto, el Presidente instará a las Secretarías y dependencias del Ejecutivo a favorecer el acceso a la verdad y la justicia en el caso.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales, aseguró ayer que los padres de los 43 normalistas desaparecidos no tienen altas expectativas de que el Gobierno de López Obrador cumpla con hacer justicia por lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que durante las indagatorias por el caso Iguala, elementos federales incurrieron en actos de tortura contra algunas de las personas imputadas de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, además de que hubo “indebida” diligencia en las indagatorias por los hechos, donde uno de los responsables es el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón.
Este mediodía, el organismo nacional presentará la recomendación por este caso, en la que acreditó que las autoridades de los tres niveles de gobierno-a quienes está dirigida la recomendación- incurrieron en violaciones graves a las garantías fundamentales durante la desaparición forzada de los 43 normalistas, suscitada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y durante el proceso institucional posterior a estos hechos.
El documento, que consta de 32 capítulos y más de 2 mil hojas, será dado a conocer este miércoles por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez; y por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, José Larrieta Carrasco, en una conferencia de prensa que se prevé se prolongue varias horas.
Fuentes del organismo nacional adelantaron que la recomendación documenta más de 70 casos de tortura contra algunos de los presuntos implicados en los crímenes contra los normalistas.
A cuatro años del crimen de Iguala, la ONU-DH subraya que el caso es un símbolo de las desapariciones en México que aguarda ser resuelto
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018.- Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subraya que el caso no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México.
La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios del 2015 por la Procuraduría General de la República como la “verdad histórica”. La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture. Además, la ONU-DH recuerda como en su informe “Doble Injusticia” documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades” en las investigaciones. A ello se suma el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, el cual presentó una larga lista de pendientes, incluyendo la falta de esclarecimiento del rol de varias fuerzas federales en los hechos. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que la identificación de un supuesto perpetrador clave -al que se le mantiene hasta hoy injustamente privado de su libertad- es equivocada.
“Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial,” destacó Jan Jarab, representante de la ONU-DH. Preocupa que la respuesta del Gobierno se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial. “Resulta inusitado que el Gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”, señaló Jan Jarab.
Para la ONU-DH la determinación de las familias de las víctimas de Ayotzinapa merece ser reconocida ampliamente. “Son cuatro años de portar una dolorosa carga con entereza. Su exigencia firme de justicia ha sido una fuente de inspiración en medio de un camino pedregoso que han sabido transitar con dignidad”, sostuvo Jan Jarab.
La ONU-DH saluda las señales del Gobierno entrante que apuntan a construir con las familias y las organizaciones que les acompañan una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia tendiente a materializar la justicia y la verdad. “El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no sólo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto.”
Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso de seguir caminando con las familias de los estudiantes desaparecidos y de las otras víctimas y de cooperar con las autoridades del Estado mexicano en todos los esfuerzos encaminados a esclarecer el caso.
“El gobierno entrante tiene el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,” aseguró Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “tiene una última oportunidad para actuar adecuadamente al dejar de obstaculizar la creación de una Comisión Especial de Investigación” para esclarecer el Caso Iguala, afirmó Amnistía Internacional, a dos días de cumplirse cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Érika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional, señaló que “el mundo observa a México, esperando que el gobierno por fin garantice los derechos de las víctimas y permita la creación de una Comisión de Investigación que permita descubrir la verdad de lo ocurrido” y así, el Estado garantice verdad y justicia para los normalistas y sus familias.
Pese a la fuerte presión nacional e internacional al gobierno mexicano, hasta la fecha se no se conoce el paradero de los jóvenes, tampoco existe claridad en las circunstancias en las que se dieron estas graves violaciones a derechos humanos, es por eso que en junio, un Tribunal Federal ordenó la creación de una Comisión Especial de Investigación de este caso.
Lejos de contribuir a esto, el gobierno ha efectuado esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión.
